¿Cómo hacer para que la discapacidad sea política de Estado? Es la pregunta que plantearán cuatro organizaciones que nuclean a más de un centenar de grupos que trabajan en la problemática de la discapacidad, hoy en el Congreso. A través de un informe que analiza la situación de las personas impedidas en el área metropolitana de Buenos Aires y el conurbano, buscan que se implementen reformas concretas para una mayor integración con la sociedad, al celebrarse el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
”El tema de la discapacidad no está en la agenda política”, critica sin vueltas el director del Departamento de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Carlos Ferreres. Sería razón suficiente para que las cuestiones de fondo “sean las mismas” y no se avance en las áreas de empleo, transporte y salud, entre tantas otras. Es que al no haber políticas públicas con respecto a este tema “no hay inclusión”. “Si uno consigue trabajo, tiene problemas con el transporte. Se rompe el principio de igualdad”, señala a modo de ejemplo.
Mediante este tercer informe anual, la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), el Arzobispado de Buenos Aires, la CTA y el Foro Pro, que agrupa un centenar de ONGs sobre discapacidad, hacen un balance sobre el actual estado de cosas, donde aún hoy no se contemplan los derechos de las personas discapacitadas en ningún documento oficial. Resoluciones aisladas aparecen en los dictámenes judiciales que intiman a la instalación de rampas o a la incorporación de personas impedidas a la Guardia Urbana porteña, en sintonía con la ley 1502 que prevé un cupo del 5 por ciento de discapacitados en las vacantes que se abran en la Ciudad. Aunque, por otro lado, el registro que esa misma ley dicta “marcha lentamente”, lo que hace difícil que se tomen las incorporaciones previstas.
Así, hay una de cal y una de arena en “un sistema que en sí mismo genera discapacidad cuando hablamos de pobreza, flexibilización laboral, trabajo en negro, accidentes de tránsito”, puntualiza Ferreres con bronca más que con resignación. Además, es conciente de que la lucha que llevan a cabo estas organizaciones se da en un esquema donde “cada vez se va llevando a los márgenes a la población”. Por eso, bajo un constante estado de “demanda, lucha y movilización” presentarán el documento que se realizó con los aportes de las distintas organizaciones.
“Tuvimos muchas dificultades”, apunta Ferreres sobre la ausencia de datos cuantitativos en el informe, ya que el “Estado no hace mediciones” y así no puede haber cifras de referencia. Y las que hay no convencen: “El INDEC realizó un estudio a nivel nacional que señala que el 7, 1 % de la población tiene algún tipo de discapacidad, y que de esa población el 40% no cuenta con ningún de cobertura médica”, aunque en la CTA creen que los porcentajes son superiores.
En tanto, Ferreres comenta que el Estado argentino hace poco que conoce a su población en este sentido. Con sus “fallas”, el del INDEC es el primer informe cuantitativo oficial. “Es difícil llevar a cabo planes de acción nacionales, en algunas provincias que funcionan como feudos se roban el dinero”, se indigna, pero enseguida cuenta, como buen contrapunto, que hace un año el PAMI empezó a entregar el 100 por ciento de la medicación gratuita a sus afiliados con discapacidades.
Por lo pronto, el año que viene estas mismas organizaciones emprenderán por primera vez un informe que abarque lo que sucede en todo el país, como resultado de los cinco encuentros regionales que organizaron el PAMI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Por ahora, el resultado es alentador”, se esperanza el director, aunque el golpe de realidad no evite que admita que “la pobreza” en varias regiones empeorará la situación de estas personas.
El Día Internacional de la Personas con Discapacidad fue declarado el 3 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas que auspició la toma de conciencia sobre la situación de las personas con capacidades diferentes y sobre la posibilidad de lograr igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la celebración de la jornada apunta a que los Estados, de algún modo, fomenten su integración al eliminar las barreras físicas y sociales.
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