Adrogué, octubre 6 (AUNO).- Un cordel azul atado a dos cascotes que se agita con el viento promete una avenida. Más allá, hilos blancos cruzan el pastizal y marcan calles, delimitan manzanas, dibujan el contorno de un futuro jardín comunitario y de una futura salita. Al descampado también lo cruza el ruido a martillazos, a chapas que van y vienen, a chicos que patean en una canchita que se acordó no tocar. Es una toma, “una operación política contra la gestión”, acusan desde la municipalidad, “una acción ante una necesidad de vivienda que es urgente”, se defienden las 120 familias que esperan el “cumplimiento de un derecho” y “una oportunidad” pero, por sobre todo, “que no desalojen con violencia”.
Todo empezó con otra necesidad, la de comer. En el Barrio Almafuerte de Glew, cercano a los terrenos ocupados, el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) tiene un comedor para 50 chicos que viven con sus familias en piezas minúsculas alquiladas a precios “imposibles”. Con el comedor como lugar de asamblea, los vecinos decidieron tomar el predio que lindaba con el barrio y en la madrugada del lunes entraron con sus hijos.
“Ya no puedo pagar el alquiler de 1500 pesos por la piecita de tres por tres donde vivo con mi mujer y mis chicos”, le cuenta Julio a AUNO mientras, al igual que las demás familias del predio, limpia su lote como puede. A machete o bordeadora. “Voy de changa en changa en la construcción para ganarme la vida y no vine a pasar frío a un lugar lleno de basura y de peligros por plata, vine por necesidad”, explica.
Varios militantes de La Dignidad también entraron a tomar con las familias. Se llevaron elementos para cocinar e insumos sanitarios, pero también cámaras porque, aseguran, “la policía si no ve cámaras hace lo quiere; la primera vez que entraron le apuntaron hasta a las criaturas, bajaron un cambio cuando vieron que estábamos filmando”.
A esa entrada de la policía, primera vez que el Estado se involucró en la toma, le siguió una visita de la coordinadora legal de Tierras de Almirante Brown, Graciela Millauro. “Nos dijo que estábamos cometiendo un delito y que iban a dialogar con nosotros cuando hayamos dejado la tierra”, le cuenta a esta agencia Nair Servelli, integrante del MPLD. Según la militante, Millauro también les advirtió que el presunto dueño de las tierras, “una inmobiliaria de la zona”, había denunciado la toma y que el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora ya estaba a cargo de la causa.
Luego de esta segunda intervención estatal, vino una tercera aparición, esta vez en un diario regional: “Estamos claramente ante una acción política calculada para desacreditar la gestión municipal”, argumentaron. Los voceros municipales también manifestaron que el gobierno de Almirante Brown está “dispuesto a ayudar”, pero que “ante acciones políticas, la comuna toma distancia”.
La distancia tomada por las autoridades municipales abre la brecha para que la Justicia decida sobre la suerte de las familias de Pueblo Unido. Para Aída, Luis y sus tres hijas, no es la primera vez que un juez va a decidir si tienen techo o no. “Nosotros vivíamos en Capital —cuenta Luis—, en un edificio que, según el juez, no estaba en condiciones de ser habitado. Vivíamos ahí porque le habíamos alquilado a mujer y confiamos en que estaba todo bien. Nos estafó. La policía desalojó a todos los inquilinos y nos quedamos en la calle. Como en ese momento trabajaba en blanco pude acceder a un crédito que no me alcanzaba para nada, así que vine a Glew para poder alquilar algo”.
Cuando Luis se quedó sin trabajo fijo, el alquiler de su pieza se hizo insostenible; dejó a dos de sus hijas en casa de unos parientes y se jugó por tomar un lote con su mujer y una de sus nenas. La mayor tiene síndrome de Down, pero recién empezó a cobrar la pensión hace pocos años, después de una década de burocracia salvaje. Con esta situación, Aída y Luis juntaron madera, chapa y lonas, levantaron una casilla y ahora esperan. Que “no vengan los palos”. Que el gobierno permita comprar. “Acá nadie viene para que se regale nada, trabajamos y queremos pagar nuestra tierra con una cuota posible” remarcan.
Del otro lado de los terrenos, unas brasas que ayudaron a pasar la noche todavía humean. Para llegar a ese lugar, donde un grupo de vecinos comparte un mate en ronda, hay que esquivar criaturas, escuchar los ronquidos que salen de las casillas tras una noche de vigilia y sortear las zanjas cavadas por la gente para que, en caso de lluvia, el agua pueda escurrir. “Acá no vas a ver a nadie tomando cerveza o drogándose, lo único que hay es gente trabajando para que este predio, que antes era un descampado, esté en condiciones”, resalta Alexis, un chico que no pasa los 20 y espera una resolución para poder “volver a estudiar tranquilo”, sin pensar en las topadoras.
Por su parte, Ángel señala que “acá muchos se van a trabajar y después vienen a la toma y no duermen, es muy difícil mantener ese ritmo cuando pasan los días”. Para Carolina, la mujer que atiende el comedor del MPLD, el ritmo es igual de exigente: “Hay que levantarse a las 5 para hacer el desayuno de la gente que pasó la noche en vela mirando que nadie, ni la policía ni alguien que quiera aprovechar, se meta”.
Mientras AUNO estaba en el predio pudo comprobar la organización contada por Carolina: un carro desconocido entró y en un segundo rodéó el barrio entero. Resultó ser un vecino que venía a traer chapas a su lote, pero fue una clara de muestra de que “en Pueblo Unido no puede entrar cualquiera”.
A la cocinera le lleva tres horas preparar el mate cocido y las tortafritas para los hombres, mujeres y niños que durmieron en el pasto la noche anterior. Ella, al igual que Rubén, vecino que tiene su casa frente al predio, no pelean por un lote propio; acompañan un reclamo que consideran justo. “Esta toma es el resultado de la desidia de los sucesivos gobiernos que no se preocuparon por el problema de vivienda de personas que quedaron en el olvido”, asegura Rubén.
Así, mientras a principios de semana la presidenta Cristina Fernández anunció la creación de la Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat y el flamante titular de esa cartera, Roberto Pascolini, anticipó que trabajará para “dignificar e integrar los barrios”, en Pueblo Unido aguardaban una respuesta mejor que la que obtuvieron los delegados de La Dignidad cuando se reunieron con la Comisión Nacional de Tierras el miércoles pasado: “No hay nada que podamos hacer, tienen que ir a hablar con el municipio”, les dijeron.
Con las autoridades locales atrincheradas en que detrás de la toma hay una “acción desestabilizadora”, el jardín comunitario, la salita y el centro cultural que también planearon los vecinos dependen del criterio de los jueces y de la negociación que pueda establecer la Comisión Provincial de Tierras, que sí se comprometió a involucrarse.
Mientras tanto, la pelea de Pueblo Unido es en dos frentes. El legal, para poder establecerse como compradores de un descampado sin usar, y el ideológico, para que no se los considere “unos vagos que no quieren trabajar”. Carolina, antes de empezar a ver cómo se armaba la merienda de la tarde, pedía: “El que diga que esto es algo político que se tome el tiempo y venga a ver el sacrifico que hace la gente día a día para resistir”.
JJR-SM-AFD
AUNO-06-10-14
