El juez federal de Menores Marcelo Giacoia pasó al conocimiento público cuando a la hora de juzgar a un chico de 12 años involucrado en un homicidio consideró como atenuantes la vulneración de derechos sociales y culturales que habría sufrido el niño por su situación económica.
— ¿Cómo evalúa el tratamiento mediático de estos casos? ¿Cree que está más relacionado con intenciones políticas que con la búsqueda de la información como “bien social”, como instrumento de pensamiento?
— Hace mucho tiempo vino un especialista en seguridad español que planteaba que los números de la delincuencia en Argentina no están muy por encima de la media de cualquier otro país y que lo que hay es un mal manejo de la información, tendencioso. Cuidado, tampoco es que la inseguridad sea sólo “una sensación”. Los problemas de inseguridad existen en verdad. Pero hay una magnificación mediática del tema de la seguridad que responde más a intenciones políticas que a otras cosas.
— En los problemas relacionados con la seguridad en el área metropolitana hay dos tipos de reduccionismo a esta altura clásicos: que los delincuentes son del conurbano y que cuanto más chicos, peores.
— Son análisis muy estrechos. Los pibes no son el problema de la inseguridad. Hay mucho de compra de discurso en eso, del discurso de los medios y de algunos sectores, digamos políticos. Frente a una situación de un pibe en conflicto con la ley, en lo que hay que reparar también es en la previa vulneración de derechos esenciales que sufrió ese pibe. Básicamente, sus derechos económicos, sociales y culturales. Si los chicos que cometen ilícitos hubieran tenido esto antes, esta situación de conflicto muy posiblemente no estaría. Y no digo que no, digo que posiblemente no. Por otro lado, hay que cuestionarse de dónde sacó las armas el chico, a quién le iba a vender el coche, y ahí aparecen los adultos y sus responsabilidades de las que acá no se está hablando.
— ¿El muro de San Isidro es uno de esos ejemplos de cuando la delincuencia es tomada como característica de los barrios postergados?
— Totalmente. En lo personal, me pareció curioso y me preguntaba quién me protege a mí de los grandes evasores y narcos; si tal vez debería levantar un muro que me proteja de las grandes empresas que no pagan sus impuestos, dejando a todos esos pibes sin salud pública, sin educación pública. A veces voy más allá y me convenzo, con risa y no tanto, de que la seguridad de los barrios privados nos protege a nosotros de los evasores y narcos que viven en algunos. “La pobreza no genera delincuencia”, tal y como dice esa pancarta (la que ilustra este artículo). Es cierto, pero sí genera exclusión. Y plantear mayor represión es dar un remedio para que baje la temperatura, pero no atender a la infección.
— ¿Cuál es la postura que toma usted, como juez federal de menores, frente a un caso de estas características?
— Hay que tratar que el chico, el niño, el adolescente, entienda que esto está mal y que tiene que hacerse responsable y responder por lo que hizo, pero dentro del marco normativo. Porque sí, bajamos la edad de imputabilidad, pero si los juzgados trabajamos con un promedio de 16 a 18 años y el sistema hace agua por todos lados –-revisemos sino las condiciones de detención, el acompañamiento que tienen los chicos en libertad—, la franja se amplía y que me digan con qué recursos vamos a trabajar.
— ¿Qué opina sobre el rebrote de pedidos por la pena de muerte?
— Hablar de pena de muerte en nuestro país es ridículo, desde el momento en que suscribimos a un pacto internacional y no podemos reestablecerla, entonces no discutamos tonterías. De esos pactos internacionales no se puede salir, porque se sale del mundo. Estados Unidos mantiene la pena de muerte en algunos estados pero aún es parte de la política mundial. Pero para Argentina, salirse de esas convenciones de derechos de los niños y el Hombre, significaría un costo político gigantesco.
LP-AFD
AUNO-16-04-09
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