(AUNO-TERCER SECTOR*) En promedio, la Corte Suprema de Justicia resuelve 500 casos por mes. Pero entre febrero y marzo, por ejemplo, no difundió en su portal de internet más de 19 sentencias. Eran las consideradas “más trascendentes” por el máximo tribunal. Esta decisión no parecía la más acertada después de que amplios sectores sociales hicieran oír su voz en busca de mayor transparencia en los actos de nuestra dirigencia política. Sin embargo, el trabajo de una ONG demostró una vez más que el reclamo de los ciudadanos puede ser atendido por el Estado.
Después del relevamiento, en abril de 2004, La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) solicitó a la Corte que asegure el libre acceso a todas sus resoluciones. Margarita Maxit, una de las coordinadoras de los programas sobre Poder Judicial y Corte Suprema de Justicia de la entidad cuenta a AUNO-Tercer Sector los motivos: “Por el sistema de búsqueda informático de sentencias no se podía consultar los demás fallos. Asimismo, las sentencias sólo eran dadas a conocer mediante su remisión al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal luego de ser notificadas en su totalidad. Esta política producía una demora de alrededor de dos meses entre la resolución y su publicación efectiva.
De esta manera, la única vía para que la sociedad en general se enterara de algunos de sus pronunciamientos era a través de los medios.“Los ciudadanos se enteraban en forma parcial por los diarios, a partir de alguna información que hubiera llegado a un periodista con contactos”, admitió la representante de ADC.
La resolución firmada por el titular de la Corte, Enrique Petracchi, dispuso “la publicación del listado de las causas resueltas inmediatamente después de la celebración de cada acuerdo” en respuesta al pedido de la ong que solicitaba que “se brinde un más rápido acceso a las sentencias de la Corte Suprema”. El documento considera que “lo atinente a la difusión de los pronunciamientos del Tribunal tiende al cumplimiento del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y a satisfacer el derecho a la información de la sociedad”.
Según la Asociación por los Derechos Civiles, “con esta medida la ciudadanía puede conocer y discutir las cuestiones constitucionales decididas por el Tribunal. Además, las partes en un litigio podrán plantear en forma oportuna las cuestiones federales que correspondan en función de los nuevos criterios adoptados por la Corte y al mismo tiempo posibilitará que los jueces de los tribunales inferiores puedan conformar sus sentencias a esas decisiones”.
Desde la ONG la decisión “constituye un paso más en el proceso de reformas para asegurar la transparencia del Tribunal Supremo iniciada en diciembre de 2003”, cuando el Senado destituyó a Eduardo Moliné O’Connor, luego de la renuncia presentada por Julio Nazareno en el mes de junio. “La totalidad de los fallos”, se publican en www.pjn.gov.ar en el link ‘Novedades’, “luego de la notificación a las partes”, según aclaran.
Maxit señala que ahora en la ADC esperan una resolución de la Corte “para que las personas puedan hacer llegar sus argumentos” a los casos. Es algo que de momento “se autoriza informalmente, pero de aquí en más va a ser derecho”. Así, bajo la figura técnica de “Amigos del Tribunal”, todas las “personas físicas o jurídicas con reconocida competencia en el tema podrán aportar sus razones”. Los ‘amicus’ de la Corte “no son parte, no pueden interponer recursos ni recibir honorarios”, advierten.
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Cómo comunicarse:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Teléfono: 5236-0555.
Correo electrónico: mmaxit@adc.org.ar
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Revista Tercer Sector
