(AUNO*).-A pocas semanas de que un grupo de vecinos de Lomas se manifestara frente a la Casa de Gobierno en contra del traspaso del cobro de deudas municipales a una empresa del Grupo Banco Provincia, el secretario de Hacienda, Luis Benedosi, consideró que los vecinos no tienen que temer a sufrir juicios de remates de sus viviendas, pero reconoció que tal posibilidad existe y que será decisión final del intendente Jorge Rossi.
“La situación financiera del Municipio es de tal seriedad que el gobierno municipal debe evaluar la posibilidad del fideicomiso”, dijo Benedosi a la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión.
“Debemos contemplar la herramienta que es el fideicomiso, siempre que se llegue a un acuerdo que sea conveniente para el Municipio y para la comunidad lomense, que facilite la gestión financiera y acelere los tiempos del equilibrio financiero”, explicó.
La constitución del fideicomiso es una posibilidad cierta. El intendente Jorge Rossi está autorizado a firmar un contrato con BAPRO Mandatos y Negocios, por la ordenanza 10.172, que se aprobó en agosto de 2002 cuando el intendente era Carlos Lafuente.
A través de ese contrato, BAPRO tendría el derecho a cobrar y gestionar las tasas de Servicios Generales y de Salud, Seguridad e Higiene adeudadas por los contribuyentes al Municipio y no cobradas por períodos no prescritos hasta el 31 de diciembre de 2001. Según las estimaciones oficiales, esa deuda llega a los 158 millones de pesos.
Si se concreta el fideicomiso BAPRO se hará cargo de la gestión y el cobro de la deuda a cambio del 20 por ciento de lo cobrado, mientras que la suma restante estará destinada a saldar parte de la deuda que la Municipalidad tiene con acreedores y proveedores por entre 130 y 140 millones de pesos, que según el secretario “equivale a casi dos años de recaudación”.
El fideicomiso es resistido por muchos vecinos debido a que piensan que les pueden rematar sus propiedades. Sin embargo, Benedosi señaló que “la preocupación que tiene la gente de que el fideicomiso puede poner en riesgo las viviendas es infundada y se origina en la mala información, que es dañina porque genera una incertidumbre y una angustia que no tienen ninguna razón de ser”.
“En el contrato que se está negociando la decisión de ejecutar una propiedad queda en el Intendente y los equipos técnicos de la Municipalidad”, afirmó. Tanto en la ordenanza 10.172 como en el contrato se establece que “el Municipio deberá prestar conformidad a la subasta que eventualmente se disponga en las ejecuciones que se inicien en defensa de los créditos cedidos”, por lo que el remate de cualquier propiedad dependería de una decisión del estado.
No obstante, muchos creen que la capacidad de decisión del Municipio no es compatible con las normas jurídicas. Osvaldo Bassano, integrante del denominado Frente Contra el Fideicomiso, señaló a la AUNO que “en la ordenanza hay muchos errores jurídicos, porque la Municipalidad se está tomando atribuciones que no le corresponden y que exceden al Código Civil”.
Bassano sostiene que “el fideicomiso es un gran negocio inmobiliario para unos pocos y de aplicarse derivaría en una situación social muy complicada, por eso si siguen insistiendo en el tema haremos las presentaciones judiciales necesarias para frenarlo”.
Por su parte, el secretario Benedosi manifestó que el motivo para ceder el cobro de la deuda a BAPRO es que “gestionar eficientemente la cartera en mora conjuntamente con lo corriente requiere de recursos que el Municipio no tiene”. Además indicó que “BAPRO realizaría un adelanto financiero de entre 5 y 7 millones de pesos que permitiría el restablecimiento de servicios elementales para la comunidad que hoy no se está en condiciones financieras de brindar”.
AUNO 17.5.04 LL CGL
