Pobreza, necesidades básicas insatisfechas y vulnerabilidad de derechos son algunos de los factores que favorecen la trata de personas para explotación sexual. En Argentina, desde hace dos años, existe una ley que castiga ese delito y además establece los protocolos para asistir a quienes padecen esa forma de violencia, aunque en la práctica la problemática es tan amplia que todavía demanda más brazos
para detenerla.
En ese lapso, la aplicación de la norma permitió rescatar de las redes de trata (a abril de 2010) a 654 víctimas, de las cuales 149 eran menores de 18 años: se procesó a 54 responsables y se condenó a cinco de ellos, mientras que otros juicios siguen en trámite. No obstante, las organizaciones sociales que luchan contra este delito demandan que se realicen cambios a la ley.
“Para que la legislación sea realmente efectiva hace falta que la Justicia proteja a todas las mujeres sin diferenciar entre mayores y menores de edad, que haya penas no excarcelables en todos los casos y una verdadera asistencia a las víctimas”, reclamó Marcela D’Angelo, docente del Seminario de Derechos Humanos con Perspectiva de Género de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En este sentido, el fiscal de la unidad especializada en trata de personas (Ufase), Marcelo Colombo, reconoció en diálogo con El Cruce algunos errores en la implementación de la ley: “Hay dificultades en lo que se refiere a la asistencia a víctimas. Más allá del trabajo realizado a nivel nacional, se detectan algunas falencias en el sistema de seguimiento, asistencia y en muchos casos alojamiento en lugares adecuados, de
las víctimas de este delito; sin embargo se han efectuado esfuerzos por investigar y sancionar la trata de personas”.
De todas formas, desde la Oficina de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata, -el negocio ilegal que mueve más dinero en el mundo después del tráfico de estupefacientes y de armas— destacan que desde la sanción de la ley hasta febrero de 2010 se realizaron en total 423 procedimientos y se logró la detención de 428 personas.
Aunque el padecimiento de cada víctima de las redes que sostienen este ejercicio criminal fue particular, se puede reconocer un mecanismo común: la captación, el transporte o traslado forzoso de una mujer desde su lugar de origen y la privación de la libertad son los ejes de esta práctica de sometimiento.
Las víctimas, adultas, adolescentes y niñas son, en algunos casos, seducidas por los proxenetas con falsas ofertas de trabajo y de mejor calidad de vida que sólo quedan en promesas. Otro tipo de reclutamiento es el secuestro. En este caso, la damnificada es cuidadosamente elegida por los tratantes, quienes deciden el momento preciso para captarla.
En todos los cuadros, los somníferos, las drogas, la violencia y las amenazas son la manera de mantenerlas en su lugar de cautiverio y reducidas a la servidumbre para obligarlas a satisfacer los deseos sexuales de los clientes.
Si bien el circuito ataca en mayor medida a personas en situación de extrema pobreza y desprotección social, no excluye al resto de los grupos sociales.
La ley que faltaba
“Antes de la ley de trata de personas no existían organismos que trabajaran en la asistencia a las víctimas ni esa práctica era reconocida como un delito. Era considerada como la privación de la libertad o secuestro, con lo cual no permitía a las autoridades intervenir en situaciones sospechosas. No había figura legal desde la cual intervenir”, explicó Alejandra del Grosso, responsable de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Es que en la Argentina nunca existió una legislación de prevención contra este delito ni políticas tendientes a asistir a sus víctimas. Recién en 2008, se instaló en la agenda política la resolución de esa problemática y finalmente se sancionó la primera ley nacional que la declara como un delito federal. La Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, fue aprobada en ambas cámaras casi por unanimidad.
Los delitos considerados en esta normativa contemplan la explotación sexual, pero también reconocen las prácticas esclavistas, como los trabajos forzados y la reducción a la servidumbre, la privación de la libertad y la extracción ilegal de órganos.
Los castigos que fija establecen diferencias de acuerdo con la edad de las víctimas: son de 3 a 6 años de prisión cuando son mayores, pero se elevan de 4 a 10 si el culpable es familiar directo o cónyuge, o si la persona explotada es menor de 18 años. Y si las víctimas son menores de 13 años, les corresponderá de 6 a 15 años de prisión efectiva.
Desde la fiscalía federal especializada en investigar la trata de personas se informa que a partir de la sanción de la ley hubo54 procesamientos en las jurisdicciones de Buenos Aires, La Pampa, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco y Córdoba. A partir de ellos se llevaron adelante seis juicios orales, en cinco de los cuales hubo sentencias condenatorias con un total de ocho personas castigadas a penas de 4 a 15 años de prisión.
A partir de la ley, en distintas provincias se crearon oficinas de rescate y asistencia a las víctimas en las órbitas de las secretarías de Desarrollo Social o ministerios de Derechos Humanos provinciales, que “dan cuenta de la importancia que a nivel nacional y provincial se le está otorgando a esta problemática y también permiten abordar la situación de las víctimas, luego de su liberación, mas allá de las cuestiones presupuestarias que dificultan esta tarea”, explicó Colombo.
El área a cargo de Del Grosso asiste a las víctimas en el momento de primera urgencia, luego de ser rescatadas en los operativos de allanamientos y hasta el momento de su declaración judicial. Allí se les practican las primeras asistencias médicas y psicológicas.
Luego se articula con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde un equipo integrado por psicólogas y trabajadoras sociales, formadas específicamente en la temática, “les brindan el apoyo y contención hasta el momento de su reinserción en la sociedad”, aseguró la funcionaria.
“Tratamos de ver cuáles son sus necesidades. Les preguntamos si quieren volver a su lugar de origen, sean argentinas o extranjeras, o si prefieren iniciar un nuevo proyecto de vida en Buenos Aires. Muchas veces debemos ayudarlas a recuperar sus documentos de identidad, ya que es lo primero que pierden al caer en estas redes”, explicó Mónica Hein, una trabajadora social de la Senaf, que en muchos casos articula su trabajo con la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
“Ellos ayudan económicamente a las víctimas extranjeras si es que deciden regresar a su país. Todo esto se hace para que no vuelvan a caer en las manos de los proxenetas”, afirmo Hein.
La ley que no alcanza
Si bien la normativa es un avance en la lucha por la erradicación del delito de trata, la práctica es tan amplia que son necesarias todavía más herramientas para detenerla.
Distintas organizaciones sociales y feministas que trabajan para terminar con este flagelo proponen que se realicen modificaciones en algunos puntos de la ley. El cuestionamiento principal que hacen es que en el caso de las mujeres mayores de 18 años, para probar que existe delito de trata, debe quedar claro que no prestaron consentimiento para el ejercicio de la prostitución.
Los defensores de la ley argumentan que algunas mujeres realizan la actividad por propia voluntad. En cambio, las críticas sostienen que no puede existir consentimiento para la explotación sexual.
“Que no se distinga entre mujeres mayores y menores de edad, que se termine con la idea de que existen mujeres mayores de 18 años que pueden consentir ser secuestradas, maltratadas y violadas, que no sea necesario tener que comprobar esto y que las penas no sean excarcelables para los proxenetas, en todos los casos”, reclamó
Marcela D’Angelo.
Con respecto al trabajo llevado a cabo por las organizaciones no gubernamentales, el fiscal Colombo resaltó que “es importante mantener abierto un canal de diálogo constante con cada una de ellas, porque su colaboración en lo que se refiere a asistencia a las víctimas resulta muy valiosa, y también su participación en el inicio de investigaciones proactivas en la Unidad Fiscal”.
En torno a esta discusión, Marta Fontela, integrante de la Red No a la Trata, una organización que trabaja desde hace más de una década para visibilizar este problema, advirtió que “el Estado no funciona bien en cuanto a la protección. No acompaña a las víctimas y es necesario que haya una correcta y eficiente política pública de asistencia”. Además coincidió en que “la ley tiene que ser modificada”.
El cuerpo como mercancía
Desde la perspectiva de la equidad de género, la problemática de la prostitución y la trata de personas está “justificada” socialmente a través de un paradigma según el cual el hombre está autorizado a dominar a la mujer. En ese marco, se produce “la cosificación del cuerpo femenino, originada en una construcción patriarcal que proviene desde el fondo de la historia y según la cual ellas tienen un dueño que puede comercializarlas, los varones tienen sobre ellas el derecho de propiedad sobre sus cuerpos y libertad”, afirmó D’Angelo.
En esa estructura, las mujeres ocupan un nivel secundario frente a los varones, de modo que están reducidas al ámbito privado, sin que sus deseos o decisiones tengan entidad propia. “Esta situación es producto de un contrato no dicho, no escrito, en el cual los hombres tienen derecho al acceso del cuerpo de las mujeres”, agregó la docente.
Así, la imposición de ese modelo patriarcal convierte el cuerpo de las mujeres en una mercancía que los hombres pueden tomar y consumir cuando deseen. “La naturalización de la explotación de la mujer se debe a la formación de una subjetividad inculcada socialmente que sostiene que su cuerpo es un objeto al servicio de los hombres. Esta idea que se fomenta a través de los medios de comunicación, de la educación y la familia deja a la mujer en los peores lugares, con los sueldos más bajos y menos posibilidades de acceder a una buena formación y empleo”, resaltó la militante feminista.
En este sentido, Mónica Hein reveló que son llamativos los casos de niñas que fueron víctimas de trata, que naturalizaron esta situación y la convirtieron en parte de su vida. “A veces ocurre que luego de los allanamientos, muchas niñas quieren quedarse en los prostíbulos porque sienten que ése es su trabajo y lo defienden. En estos casos, se les explica que están siendo explotadas y que ellas son víctimas”, relató Hein.
Y en el caso de menores, enfatizó la profesional, “si existe una oferta es porque hay una demanda”.
*Nota publicada en el Anuario 2010 de la revista El Cruce
AUNO 10-01-11 MLC/YV-EV
