Lomas de Zamora, noviembre 6 (AUNO).- Envuelto en acusaciones por presuntas “irregularidades” en el manejo de los fondos para las obras del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el juez federal de Quilmes Luis Armella fue separado de esa causa por decisión de la Corte Suprema de Justicia y pidió al Consejo de la Magistratura que lo investigue. Ayer, el gobierno nacional lo había denunciado penalmente y pidió su juicio político por “mal desempeño de sus funciones”. En tanto, el titular del Juzgado Federal 9, Luis Rodríguez, estará a cargo de la investigación contra Armella.
La disposición del máximo tribunal apartó al magistrado “del conocimiento de todas las causas radicadas ante ese juzgado” en lo que respecta a la causa del saneamiento y decidió “suspender e1 trámite de dichas actuaciones hasta nueva orden del Tribunal”. Para la reanudación de la causa, el plazo estimado es de diez a quince días y podría ser otorgada a “uno, dos o tres magistrados”, ya que se trata de un tema complejo y voluminoso.
Mientra tanto, Luis Rodríguez será quien tome las causas iniciadas por el máximo tribunal y por el gobierno nacional contra Armella. Un comunicado judicial sostuvo que Rodríguez investigará tanto al separado magistrado como “a todo otro presunto responsable por irregularidades en la causa por el saneamiento del Riachuelo”.
Basados en los informes elaborados por la Auditoría General de la Nación, los cargos contra Armella ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal son “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función”. Los delitos tienen penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
También se presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por “palmario mal desempeño” en sus funciones que lo llevó a “perder las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.
Armella tenía a su cargo el cumplimiento del fallo con que la Corte Suprema había intimado en 2008 a los estados nacional, provincial, porteño y municipales a sanear la cuenca para restablecer sus condiciones naturales y controlar los efluentes industriales arrojados al curso de agua, entre otros aspectos. Esto suponía extender en las poblaciones aledañas los servicios de agua potable y cloacas, brindar asistencia sanitaria y trasladar a los habitantes de los asentamientos de las orillas a otras zonas en mejores condiciones.
“Nieblas del Riachuelo” fue el título con que, a fines de agosto, el diario Página/12 publicó una investigación que ponía en evidencia que Armella fijaba plazos “perentorios” para llevar a cabo las obras de saneamiento y, de esta manera, eludía los llamados a licitación. De esta manera, se recurría a la contratación directa de empresas que resultaron estar vinculadas entre sí y con el propio magistrado y varios de sus familiares.
Ante esta denuncia, la Corte Suprema de Justicia había ordenado al magistrado que informara los detalles de las obras y los contratos con las firmas mencionadas por el matutino, que involucraban varios millones destinados al plan integral de saneamiento que Armella debía controlar.
Asimismo, el máximo tribunal había solicitado a la AGN la elaboración de un informe en el que explicara el manejo de los fondos, lo cual derivó en un documento del titular del organismo, Leandro Despouy, que complicó la situación del juez federal.
“Se trata de una situación de mucha gravedad ante la posibilidad de un fraude a los bienes del Estado, a los fondos públicos destinados al programa de saneamiento”, había señalado en esa ocasión el presidente del órgano de control, y había considerado que la situación del magistrado era “complicada” y debería “ser examinada por los canales pertinentes”.
PT-AFD
AUNO-06-11-12
