(AUNO-TERCER SECTOR*) Acercar al ciudadano común a la Legislatura porteña para que proponga sus proyectos con la menor dificultad posible, es la base y fundamento de un proyecto de ley que facilita la presentación de iniciativas para que sean debatidos por los legisladores.
El proyecto “#8220;que será presentado en los próximos días por un grupo de organizaciones que trabaja en la promoción de los derechos civiles- busca modificar la ley de iniciativa popular, incorporada en el artículo 39 de la Constitución Nacional, durante la reforma de 1994.
Entre los cambios propuestos figura extender el plazo para la recolección de las firmas de 12 a 24 meses, aumentar la publicidad de los proyectos en los que trabaja el Gobierno de la ciudad, extender la iniciativa popular a todas los municipios y utilizar internet como herramienta de adhesión a las distintas iniciativas ciudadanas.
La reforma es impulsada por Iniciativa Popular y será presentada en la Legislatura porteña el 2 de junio por ocho legisladores de seis bloques diferentes que participaron en la confección del proyecto: Beatriz Baltroc, de Autonomía Popular; Alicia Bello y Marcos Peña, de Compromiso para el Cambio; Roy Cortina, del Partido Socialista; María Eugenia Estenssoro y Jorge San Martino, de Unión para Recrear Buenos Aires; Laura Moresi, del Frente Grande; y Ariel Schifrin, del Frente Popular de la Ciudad.
La ley de iniciativa popular vigente en todo el país es considerada una importante herramienta de participación civil que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley que el Congreso o la Legislatura tienen obligación de tratar.
En la actualidad, para que un proyecto sea debatido debe ser acompañado por un número de firmas no menor al 1,5% del padrón electoral, equivalente en la ciudad de Buenos Aires a una cifra aproximada de 37 mil firmas.
Para presentar una iniciativa popular en la ciudad de Buenos Aires sus impulsores “#8220;denominados promotores- deben designar un representante con domicilio en el distrito, con excepción hecha de aquellos que ocupen algún cargo en la legislatura porteña.
La iniciativa debe tener formato de ley, con detalle de artículos y los fundamentos que expongan los motivos del proyecto. Están exceptuadas aquellas iniciativas que pretendan reformar la Constitución, se refieran a tratados internacionales, tributos o leyes de presupuesto.
Armado el proyecto, debe presentarse a la Dirección General de Participación Ciudadana, organismo que constata la presentación y verifica que se cumplan los requisitos. Una vez aceptado, proporciona a los promotores las planilla de recolección de firmas que actualmente deberán ser reunidas en un plazo no mayor de 12 meses.
La ley establece también que “todo proyecto que cuente con 4 mil firmas, previa verificación de la autenticidad de por lo menos el 3%, debe ser promocionado en medios gráficos, televisivos, radiales e informáticos del Gobierno de la ciudad, y en las carteleras del Gobierno y la Legislatura.”, para que alcance difusión entre la opinión pública y pueda lograrse la totalidad de firmas necesaria.
Una vez cumplidos todos los requisitos, la iniciativa popular toma estado parlamentario, lo que asegura su tratamiento en el término de 12 meses. En caso de que no lo sea, sólo puede intervenir el Jefe de Gobierno cuando el proyecto reúna la firma de más del 15 por ciento del padrón electoral.
El Proyecto Iniciativa Popular es un programa conjunto de tres organizaciones civiles: Fundación Era Digital, Ciudadanos por el Cambio y Hagamos Algo, que tienen como misión “enriquecer y mejorar el mecanismo de iniciativa popular y así colaborar con el fortalecimiento de la democracia en la Argentina”.
Para la elaboración de la propuesta de reforma, el grupo Proyecto Iniciativa Popular contó con el apoyo de Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, asociación Conciencia y Foro Social para la Transparencia, entre otros.
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Cómo comunicarse:
Proyecto Iniciativa Popular: Teléfono, 4516-0376.
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