Pasó el invierno, pero las medidas oficiales ya apuntan al próximo. O aprovechan el momento del año para tomar decisiones que luego resultarán más complejas. A menos de un mes de que la resolución 1071 fijara en 16 pesos el precio de la garrafa social que contiene 10 kilogramos de gas licuado, agrupaciones de consumidores pusieron en duda su cumplimiento. Según consideran, la rebaja generaría deudas para los pequeños y medianos distribuidores y productores por lo que se negarían a acceder a su venta, pese a que la disminución del valor está sujeta a aumentos en el gas de red. Las organizaciones sociales del Conurbano mostraron posturas diversas: la mayoría denunció que el acuerdo no se cumple, pero otras aseguran recibir colaboración municipal para que ocurra lo contrario. Por su parte, cuatro de las empresas distribuidoras de la zona sur aseguraron vender el producto según lo indica la decisión estatal.
Según organizaciones políticas y sociales de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús, entre las variables que se oponen al cumplimiento de la medida se encuentra la estrategia de algunos productores de gas licuado que —para conservar el precio establecido— agregan agua a los cilindros. Además, la falta de acceso a la información acerca de qué condiciones debe exigirse a la hora de comprar una garrafa social provoca que los vecinos no denuncien si los precios están excedidos o la calidad, alterada.
El 19 de septiembre último, el Gobierno nacional estableció un incremento de entre el 10 y el 30 por ciento de las tarifas de gas de red, retroactivo al primer día de ese mes, para organizar un fondo fiduciario que sirviera de sostén al congelamiento del precio de la garrafa a 16 pesos, a 20 la de 12 kilogramos y a 25 pesos la de 15. La medida, según el texto oficial, se llevó a cabo para “atender las necesidades del gas licuado de petróleo de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural”. Sin embargo, los consumidores en algunos puntos del Conurbano sur denuncian que esos valores no son los que ofrecen los puntos de venta.
En Esteban Echeverría, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Javier Barrionuevo aseguró que la garrafa social “no se consigue en el barrio” Las Colinas, de Monte Grande, al precio fijado, así como tampoco las familias tienen conocimiento de los lugares donde se venderían, según entendió el militante Camilo Moreyra.
Otro de los obstáculos para el acceso a la garrafa social radica en la situación laboral precaria de muchas familias, las personas que pueden trabajar están subocupadas o desocupadas por lo que un incremento de “hasta 5 pesos es mucho”, subrayó Moreyra.
La misma realidad se encuentra en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, donde hay vecinos que no pueden comprar la cantidad de cilindros necesarios para cocinar y completar la higiene personal. Según Marcela Val, referente de la fundación Che Pibe, “las familias que menos tienen deben pagar una garrafa a 20 pesos, pero como no les alcanza (para comprar todas las necesarias para el abastecimiento cotidiano) muchas cocinan con leña, y eso termina por perjudicar la salud de los chicos por la inhalación de humo”.
Con esta misma óptica, Carlos López, militante del Polo Obrero de Lanús criticó el precio determinado por el acuerdo para la garrafa social y estimó que el valor adecuado para que todos pudieran acceder sería de 10 pesos. En diálogo con AUNO, aclaró que en el distrito el valor mínimo se ubica entre los 16 y 18 pesos, “pero la YPF, que es la que más rinde, está entre 18 y 20 pesos”.
En la zona, en el punto de venta que se encuentra entre “Mendez y Taguazú se consigue una garrafa amarilla a 16 pesos, aunque es de mala calidad, hace hollín y dura menos de 20 días”, el promedio que alcanza a abastecer una garrafa de 10 kilos, según López. En el caso de los comedores que la agrupación coordina en Villa Porá y La Fe, la duración se reduce a una semana, como máximo, para abastecer a los 170 niños que asisten.
Sin embargo, el MTD y el Centro Comunitario Agustín Tosco del mismo distrito alcanzaron un acuerdo con la gestión del intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, desde junio pasado por el cual reciben garrafas para sus comedores y merenderos” a cambio de no hacer más movilizaciones”. Según Carmen Ozorio, coordinadora del Centro Comunitario Darío Santillán, el valor “es accesible para las familias aunque hay que ver si dura 30 días”, como una garrafas de menor contenido. Sin embargo, aclaró que “por ahora” el acuerdo está vigente, pero que no descarta que en algún momento se suspenda si “la Municipalidad deja pagarle a los distribuidores”.
LOS ACTORES DEL ACUERDO
El convenio con las empresas apunta a la responsabilidad del Estado de velar por los intereses de todos los actores sociales, aunque los testimonios sostienen que la realidad concreta no refleja esas formulaciones para las familias más pobres que no acceden a los servicios públicos. Entre los afectados, comercios, industrias y hogares de mayor nivel de consumo deberán abonar un alza en el valor del gas en tres tandas que pueden alcanzar hasta el 30 por ciento. Para compensar el incremento –y en coincidencia con el momento del año de menor utilización de gas para calefacción-, el Gobierno quitó el sistema de recompensas y castigos que promovía el ahorro en el consumo.
Moreyra observó que “a pesar de haber dado marcha atrás con las multas por las fuertes denuncias de los consumidores, ahora arman (desde el Ejecutivo) un nuevo aumento. La plata que obtuvieron en estos meses no vuelve. La disminución del precio de la garrafa social, por supuesto, se traduce en el aumento a los demás usuarios”.
A la hora de llevar a la práctica el convenio, el círculo se completa con los distribuidores zonales que, en su mayoría, manifiestan respetar las cláusulas definidas desde la primera línea, aunque varios de los consultados por esta agencia lo niegan.
“Ya no existe la garrafa social. Todas son garrafas solidarias”, intentó explicar uno de los empleados (que prefirió reservar su nombre) de Shellgas de Lanús, en referencia a que “todos los cilindros de 10 kilos cuestan 16 pesos, como lo dispuso el Gobierno”. Los mismos criterios maneja Extra Gas, también de ese distrito, que pone como condición retirar el producto de la planta de distribución porque el envío a domicilio incrementa el costo a 22 pesos.
En Amarilla Gas, de Banfield, comprar un envase por primera vez cuesta 80 pesos, mientras que la recarga vale 16, a menos que se solicite el servicio a domicilio, lo que eleva la suma a 20 pesos para la de 10 kilos. Lomas Gas 10 también dice sostener el precio de la garrafa social a 16 pesos y a 18 para los productos que son enviados a la casa del comprador.
LA MIRADA DE LOS CONSUMIDORES
“El acuerdo no se cumple porque el margen de ganancia es bajo para las empresas. Las distribuidoras lo venden, para no tener pérdidas, a 20 pesos, y a 22 los comercios minoristas”, denunció Yolanda Muñoz, la coordinadora de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) de Esteban Echeverría, que además subrayó que “en los barrios no se consigue” el gas licuado al precio fijado.
Para ella, no obstante, la medida es “positiva” porque es producto de “la lucha de organizaciones sociales por más de cinco años que se oponían al abuso de cobrar una garrafa a 30 pesos”, como ocurrió durante el último invierno.
El impacto de la medida radicaría en los más de 3 millones de personas que —se estima desde la resolución 1071/2008— usan gas licuado y se beneficiarían con el congelamiento del precio. De todas formas, recién podrá confirmarse la efectividad del acuerdo si los valores se mantienen durante la próxima etapa de frío.
“Una familia tipo consume dos garrafas por mes, si la usa sólo para cocinar. Si no utiliza termotanque ni estufas eléctricas (y entonces emplea gas licuado para la higiene y la calefacción de la casa), puede llegar a consumir entre tres o cuatro, siempre durante el invierno”, explicó la referente de Deuco. Por lo tanto, y debido a que la mayor parte de las personas que compran garrafas son de bajos recursos, es “imprescindible que el valor sea accesible”.
Si ello no ocurriera, Muñoz subrayó la importancia de que los vecinos denuncien las “irregularidades” a Energas y a las entidades de defensa del consumidor porque, en ese caso, “las empresas no tendrían que recibir el aumento” que las beneficia, a partir del acuerdo nacional.
MNL-AFD
AUNO-29-10-2008
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