El Ejecutivo bonarense reglamentó la ley que regulará la actividad del personal privado de control de locales bailables (“patovicas”) y establece que no podrán ejercer esa función quienes tuvieran antecedentes en hechos de violencia y delitos de lesa humanidad, y fueran parte de las fuerzas de seguridad; los obliga a hacer un curso de formación profesional que incluye derechos humanos, primeros auxilios e intervención en incendios; y, tal vez lo más notable, crea una tecnicatura que se dictará en organismos educativos.
Si bien la reglamentación crea automáticamente el Registro Público Provincial de Personal, de Control, de Admisión y Permanencia, establece la obligatoriedad de los cursos de capacitación y el resto de los requisitos (tales como tener estudios secundarios completos, presentar certificados de antecedentes penales, reincidencia carcelaria y aptitud psicológica), la instrumentación plena será de cinco años, plazo para adecuarse la obtención del certificado técnico habilitante, según el inciso F, del artículo 7 de la ley nacional 26.370.
La ley 13.964 había sido aprobada por la Legislatura bonaerense en mayo de 2008 y la reglamentación posterga hasta tanto no se tuviera resuelta el modo en que se aplicaría. Y lo que quedó decidido con el decreto 1.096 que, según supo esta agencia, ya fue firmado y será formalmente anunciado el lunes próximo por el gobernador en la sede del Ejecutivo bonaerense, es la intervención de cuatro organismos de ejecución.
Lo resuelto fue fruto de un trabajo de meses entre el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia y la Asociación Civil Martín Castellucci, junto con especialistas de los ministerios de Trabajo, Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Escuelas; estos últimos cuatro pondrán en marcha el nuevo mecanismo.
“El decreto es muy interesante porque es un texto en el que trabajamos desde hace meses en consenso con distintas áreas que nos permitió exprimir la ley y sacarle más provecho del que tiene”, figuró Oscar Castelluchi, titular de la Asociación Civil Martín Castellucci, el joven asesinado por un “patovica” del boliche “La Casona” de Lanús, en 2006.
Es que la ley provincial —que adhiere a la nacional 26.370—- tiene sus limitaciones y no deja en claro el modo de aplicación durante su vigente. Esos baches son los que cubre el texto de la reglamentación terminado hace pocas horas.
La preocupación de quienes habían impulsado la sanción de la norma fue que su aplicación pudiera quedar solamente en la órbita del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el decreto plantea una suerte de “autoridad de aplicación bifronte” –-graficó Castellucci—: la cartera al frente de Carlos Stornelli otorga el carnet profesional y la credencial identificatoria, mientras que Derechos Humanos será quien decida la aplicación de sanciones.
“Esto permite una mirada del control desde el concepto tradicional de la seguridad, que tiene más peso en la valoración ética (del hecho) que en la jurídica”, elogió el padre de Martín.
La intervención de la cartera laboral será para rever situaciones características de esa profesión, tales como el empleo “en negro” o la falta de sindicalización de los trabajadores, siendo que hay un gremio que los agrupa.
UNA MIRADA PEDAGÓGICA
Lo más llamativo —y notable— de esta medida es que pretende cambiar la lógica represiva con que operan las custodias privadas a partir de un giro pedagógico que plantea la creación de una carrera que culminará con la tecnicatura de quienes quieran profesionalizarse en esa especialidad.
“Esto es muy importante. Le ley obliga a la capacitación y formación con un curso de 32 horas. Pero con la Dirección General de Escuelas pensamos en la carrera, que tendrá 240 horas (de cursada). De modo que la formación será mayor”, argumentó Castellucci.
Las diferencias entre el curso y la carrera no sólo tienen que ver con cuestiones cuantitativas, sino más bien de calidad: las 32 horas de esa primera instancia no tiene regulada sus contenidos que, para colmo, están a cargo de las empresas de seguridad; en tanto que la tecnicatura, que durará tres años, tendrá un programa oficializado por la cartera de Educación y su dictado sería en instituciones públicas y privadas.
AFD-NS
AUNO-07-08-09
aauno@yahoo.com.ar
