Lomas de Zamora, setiembre 29 (AUNO) – La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el Senado bonaerense el décimo informe anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad, que constató una vez más “el fracaso de las políticas punitivas, y la existencia de la tortura como práctica sistemática”.
El presidente de esa entidad, Adolfo Pérez Esquivel, afirmo que “es necesario el reconocimiento de la CPM como mecanismo local de previsión contra la tortura” en el anexo del Senado bonaerense.
La CPM destacó que realizó más de mil inspecciones, se generaron alrededor de 33 mil expedientes de víctimas con denuncias en donde se constataron poco más de 73 mil casos de torturas.
Además, elaboró diez informes anuales y un informe especial por la masacre de Magdalena; además se realizaron múltiples intervenciones judiciales y presentaciones ante organismos internacionales, informó en un comunicado.
La Comisión recordó durante la presentación de su informe que se llevó a cabo ayer, que en diciembre de 2015 la Provincia alcanzó “un nuevo récord histórico de detenidos: 39.927, de los que un 56 por ciento tiene prisión preventiva, lo que significa además una sobrepoblación del 59 por ciento”.
“En el último año, hubo 145 muertes por cárcel dónde el 65 por ciento fue por cuestiones de salud, que habrían podido evitarse, y se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención”, señaló el organismo.
Agregó también que esas prácticas violentas “suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves”.
El sistema penal
“Mientras haya impunidad seguirá habiendo tortura en las cárceles”, subrayó Pérez Esquivel.
Mientras tanto, la senadora y vicepresidenta de la CPM, Elisa Carca, y sus colegas Fernando Moreira y Horacio López presentaron recientemente un proyecto de ley para designarla como organismo de control, un reclamo de larga data de los miembros de esa entidad.
“Este acto político busca incidir en la transformación de un sistema penal que viola los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad además de exponer las cifras alarmantes que se revelan en las inspecciones a los lugares de encierro y de las prácticas policiales y judiciales”, asegura ese organismo.
Poco más de setecientas personas, entre referentes de organizaciones sociales y políticas, organismos defensores de los derechos humanos, funcionarios provinciales y nacionales, miembros del Poder Judicial, familiares de víctimas de violencia institucional, y público en general acompañaron la presentación del informe anual 2016.
AUNO 29-09-16
LNC HRC
