Lomas de Zamora, octubre 11 (AUNO).- El cuerpo colegiado integrado por cinco ONGs que se encarga de controlar el avance del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo puso de manifiesto su preocupación por la “lentitud” de las obras que llevan adelante en conjunto Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, al advertir que “falta muchísimo por hacer en la reconversión de las industrias” que contaminan el curso de agua y sus alrededores, en donde viven más de cinco millones de personas, según datos del Censo 2010.
Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) son las instituciones que conforman el conglomerado civil que este jueves formará parte de la audiencia pública en Tribunales, en la que se evaluará el avance de los trabajos.
Un fallo de julio de 2008 de la Corte Suprema de Justicia encomendó, además del saneamiento de la cuenca, la conformación de este cuerpo colegiado, de manera que fuera la ciudadanía la que también controlara el plan para revertir la contaminación en la región.
De acuerdo con el registro que hizo la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), de los aproximadamente 11.000 establecimientos industriales que funcionan en la zona, unos 1.500 fueron considerados agentes contaminantes y “tan sólo unos 50 fueron reconvertidos”.
“Es un proceso que va muy lento”, destacó la coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, Lorena Pujó, en diálogo con la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión.
Pujó manifestó su pesimismo al asegurar que “teniendo en cuenta la laxitud de la legislación argentina y la falta de controles estrictos por parte del estado y de las propias empresas se estima que, aunque la totalidad de los establecimientos acataran los planes de reconversión, se seguirán vertiendo efluentes contaminantes y el saneamiento jamás se lograría”.
Sucede que hay ciertas sustancias que son nocivas, pero que no son consideradas como tal por Acumar, ante lo cual desde el cuerpo colegiado solicitaron en reiteradas oportunidades la “actualización de los elementos contaminantes para evitar que se siga impactando en el ambiente”.
A su vez, la ambientalista descartó que para 2016 pueda recomponerse la cuenca, como sostienen desde el gobierno nacional. “Es imposible, ya que el saneamiento se va a dar en una generación, es decir unos 20 o 25 años.”
El presidente de la Asociación de Vecinos de la Boca, Alfredo Alberti, manifestó que “hay muchas obras incumplidas” en el plan proyectado por la Autoridad de la Cuenca. No obstante, calificó a los plazos impuestos por la Corte Suprema de Justicia como “muy exiguos”, por lo que “era lógico que no se cumplieran los trabajos en tiempos excesivamente limitados”.
Alberti consideró que las claves para destrabar la situación del plan son “una mayor responsabilidad empresarial, más voluntad política de las autoridades encargadas del control y una comunidad involucrada en el tema”. Además, exigió “más presupuesto para las obras y más eficiencia de las empresas que las ejecutan”.
Sospechas
Los plazos urgentes que tienen algunas de las obras en la cuenca llevaron a que el juez a cargo de la causa, Luis Armella, “ordenara obras complejas en plazos perentorios” y así evitar el llamado a licitación y adjudicarlas a través de contratación directa a empresas que estarían vinculadas al magistrado. Esa denuncia, realizada por el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página/12, obligó a la Corte Suprema a pedir explicaciones al titular del Juzgado Federal de Quilmes e instó a la Auditoría General de la Nación (AGN) a indicar si se mantenía la “transparencia” del plan de saneamiento.
Al respecto, miembros del cuerpo colegiado prefirieron mantenerse al margen de las sospechas y dejar que “cualquier denuncia o evento que sea un obstáculo e interrumpa el proceso de recomposición de la cuenca tiene que ser investigado por la Justicia”, aseveró Pujó.
JJR-PT-MFV
AUNO-11-10-12
