Alrededor de 600 familias que fueron desalojadas hace once días de un predio en el barrio 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, volvieron al predio de donde habían sido echados debido a que consideraron que el Plan Federal de Viviendas, al que el municipio recomendó adherir, “exige demasiados requisitos” y no responde a sus necesidades.
Para poder anotarse en esa iniciativa del Gobierno nacional, se exige certificado de trabajo, ser mayor de 21 años y haber residido en el municipio al menos durante cinco años, requisitos que no todos los desalojados cumplen: la propuesta de que los desalojados se inscriban en el plan, según Denardis, “no abarca el total de las familias que necesitan de una vivienda en éste momento”.
El domingo 20 de julio, un grupo de policías de la Comisaría 3° de Esteban Echeverría llevó adelante el desalojo de alrededor de 2.400 personas tras haber recibido una denuncia de parte del apoderado del predio.
En diálogo con AUNO, Mariano Denardis, uno de los delegados de las familias desalojadas, declaró que “están a la espera de la respuesta de las autoridades nacionales” para poder acceder a una vivienda “digna”, y que por ese motivo regresaron nuevamente al lugar.
Además, especificó que el propósito de volver a tomar esas tierras fue que luego del desalojo muchos quedaron sin un lugar propio para habitar y tuvieron que vivir en casas alquiladas o prestadas. Y aunque admitió que “no es una situación extrema”, remarcó que las familias desalojadas “necesitan una respuesta de parte de las autoridades”.
Esta agencia intentó reiteradas veces comunicarse con funcionarios del gobierno provincial para dilucidar quién es el dueño del predio y qué soluciones ofrecerán a los vecinos, pero los intentos no tuvieron respuesta.
Por su parte, el delegado mostró su “desacuerdo” con la propuesta del subsecretario de Tierras de la comuna, Marcelo Ferreccio, de paliar la espera a través de la adhesión de los vecinos al Plan Federal de Viviendas en que, según datos oficiales, se encuentran 7 mil familias inscriptas y sólo 500 casas fueron entregadas.
Sin embargo, fuentes de desde esa subsecretaría sólo alegaron no estar autorizados para realizar ningún tipo de declaración que pudiera generar un conflicto con los beneficiarios del Plan Federal.
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