El Concejo Deliberante de Esteban Echeverría recibió una propuesta para instalar un polo industrial en las inmediaciones de la Laguna de Rocha, un espacio distinguido por su biodiversidad y su riqueza arqueológica. Aunque la sesión de este jueves se suspendió, las controversias anuncian el debate que se espera para el próximo lunes: los vecinos denunciaron “intereses económicos” en la decisión que consideran contraria al cuidado del ecosistema porque las compañías se instalarían en la zona de los humedales, mientras que un sector de los concejales lo niega y subraya el beneficio social de la propuesta al crear fuentes de trabajo.
El proyecto de ordenanza que el Ejecutivo envió al Legislativo indica la instalación de un área industrial mixta que autorice a centros productivos de nivel uno, es decir, las que no deberían producir daños al ambiente. No obstante, resulta fundamental que la compañía realice un estudio de impacto ambiental antes de asentarse, tal como lo indica la normativa provincial vigente. Sin embargo, para los vecinos no es factible ser contemplativos con los elementos que pueden provocar daños porque, argumentan, toda presencia ajena al equilibrio natural podría afectar al espejo de agua, sus bañados y humedales.
En este marco, son varios los puntos de choque entre los ambientalistas y algunos concejales. En primer término, el lugar exacto de instalación de las industrias no es otro que “una parcela de la misma laguna”, aseguró Gabriela Yerás, docente y vecina de la reserva que precisó que el proyecto de ordenanza 4035-25182/07 detalla que a las parcelas que serán afectadas “si se las buscan en el plano catastral, pertenecen a casi toda la sección ‘K’, que incluye la mitad del espejo mayor y el reservorio de aves”.
Por su parte, el concejal Jorge Bosque, de la Coalición Cívica-Unidad Comunal, aseguró que las construcciones “no serán realizadas en la reserva sino cerca de ella”. De esta manera, mientras el texto menciona la desafección de un área de espacios verdes públicos de uso recreativo en realidad debería indicarse un área que “está zonificada como espacio urbano desde 1997”, por lo que no habría mayores dificultades normativas para permitir la instalación de cualquier proyecto productivo, aunque sea necesario, de todas maneras, la realización de un estudio de impacto ambiental.
En segundo término, si hay un elemento a destacar, según Bosque, es el factor “social” del proyecto en tanto el polo “tecnológico” generaría empleo para “las 10 mil personas del Plan Federal de Vivienda” que se encuentran en los alrededores de Rocha. En este sentido, defendió el valor de la reserva por su biodiversidad pero advirtió que “ecología sin factor humano puede convertirse en fundamentalismo”, por lo que recomendó que los ambientalistas no desconsideren la posibilidad de empleo para las personas cerca de su casa.
En esta misma línea se plantó la concejala del antes kirchnerista Libres del Sur, Grisel Tarsia, que sostuvo que “la prioridad y el beneficio primordial” del proyecto de ordenanza radica en la creación de fuentes de trabajo, por lo que aseguró que aprobará la propuesta. Para esa decisión se basa también en que el factor ambiental “ya está contemplado” en el texto a la hora de restringir la instalación a empresas altamente contaminantes, porque obviar la intención de resguardar Rocha sería “una contradicción en un Concejo Deliberante que sostiene proyectos para protegerla”.
Bosque también adelantó que considera dar el sí a la iniciativa pero con algunas modificaciones, como implementar “cortinas forestales” para que no haya desechos industriales expandidos en la zona protegida y, a futuro, la apertura de un colegio industrial para la formación de los jóvenes del barrio.
LAS DENUNCIAS DE LOS VECINOS
Como Yerás, un grupo de vecinos se mostró indignado por la aparición del proyecto que data de 2007 cuando faltan pocas semanas para finalizar el año, tal como fue informado en un anexo a la orden del día legislativa para tratar sobre tablas, el jueves último. La medida, que podría requerir de un informe más amplio de especialistas, pretendía ser aprobado rápidamente, si no fuera por la falta de quórum que, nuevamente, impidió la celebración de la sesión en el Concejo Deliberante.
Para la ambientalista, no hay argumentos válidos para admitir el establecimiento de un núcleo industrial en la Laguna porque las consecuencias negativas serían perjudiciales para la biodiversidad, pero también para La Matanza y las aledañas barriadas de Malvinas, Montana y Mirasoles.
Por ejemplo, afectar los humedales que actúan como filtros naturales de metales pesados y desechos provocaría la contaminación de las aguas que parten hacia el Río Matanza y, más tarde, la contaminación de las napas freáticas. Además, se podrían generar inundaciones en el área junto con la pérdida o reducción de un pulmón verde tan valioso, según explicaron los vecinos.
Aunque en la zona que pertenece al mismo corredor ecológico que la reserva Santa Catalina algunas parcelas sean de pertenencia privada, “el Estado debe exigir que se cumplan las leyes ambientales”, subrayó Yerás, como advertencia a posibles argumentos que señalaran la dificultad de la injerencia oficial en ámbitos ya vendidos a las industrias.
La laguna de Rocha ya cuenta con un dictamen favorable del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) para ser reconocida como “espacio protegido”, y de las áreas nacionales de ambiente que tienen la jurisdicción de la zona en la que se encuentra el hogar-escuela. Además, el reconocimiento provincial de su importancia natural e histórica se encuentra en evolución, en estado parlamentario.
“Parece una pesadilla. Obtenemos respuestas favorables de todas las autoridades y acá no. Nosotros vamos a estar atentos a las sesiones extraordinarias”, concluyó Yerás, que prometió instalarse con sus compañeros el próximo lunes en las puertas del Concejo Deliberante para impedir que el voto mayoritario dé un “sí” al polo industrial.
MNL-AFD
AUNO-19-12-08
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