La aprobación del protocolo de la Cedaw, la Ley de Educación Sexual en la Ciudad de Buenos Aires, y la norma sobre ligadura de trompas son algunos de los avances durante 2006 que destacan las organizaciones de género. La pobreza, la trata de personas y la violencia son los obstáculos mayores que aún persisten.
“Hoy las mujeres que son maltratadas por sus maridos o que son rescatadas de las redes de tratas de blancas no cuentan con contención psicológica ni legal para salir de esa situación”, denunció Monique Altschul, de la fundación Mujeres en Igualdad. La presidenta de la organización relató el caso reciente de una mujer que, amenazada por su pareja, salió de su casa para pedir ayuda en los centros de asistencia a la víctima del Gobierno porteño y se encontró con todas las puertas cerradas. Un cartel señalaba que había receso de actividades hasta principios de enero. “Por estas situaciones es que el Estado más que crear nuevas leyes debe generar políticas públicas para que estas mujeres no queden desamparadas”, sostuvo.
En el Congreso se empezó a debatir un proyecto que tipifica el delito de trata de personas que contempla un régimen de penas para los proxenetas y políticas de asistencia integral hacia la víctima. Además, se presentó una iniciativa que busca erradicar la violencia contra la mujer a través de una modificación en las leyes que permitiría denunciar a la pareja cuando su maltrato ocasione daño emocional y disminuya la autoestima. Sin embargo, la agenda legislativa apretada y las objeciones de algunos sectores políticos hacen suponer que su sanción se postergará hasta el próximo año legislativo.
De todas formas, aunque en las organizaciones sociales reconocen como avance que los legisladores discutan sobre el tráfico de personas que en la Argentina tiene como a sus mayores víctimas a las mujeres raptadas para fines de explotación sexual, tienen también observaciones sobre las iniciativas. “En el caso del proyecto de (Stella Maris) Córdoba, la pena mínima por el delito es seis años, lo que lo hace excarcelable”, objetó Cecilia Lipszyc, presidenta de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (Adeuem).
El debate sobre la legalización o despenalización del aborto originado en parte por los casos de las jóvenes con discapacidad mental violadas y en parte por la campaña nacional por aborto libre y gratuito fue otro de los avances señalado por las organizaciones y uno de los temas propuestos para la discusión en 2007. “No sé si hay que hablar de legalización en un sentido amplio, pero por lo menos permitir la práctica en caso de violación, sea o no demente la víctima, y cuando corre peligro la vida de la madre”, propuso Susana Pérez Gallart, de la comisión de Mujer de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y sostuvo que “esto es un problema de humanidad, no de ideología. La sociedad está preparada para se que apruebe y el Estado tiene que generar los mecanismos para que las leyes se cumplan”.
En este punto coincidió Lipszyc ‘Hoy existe una mayor visibilidad social y cultural sobre este tema y hay que aprovecharla”, destacó para luego informar que existe el compromiso de la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, de “avanzar en la elaboración de un protocolo de parto humanizado y atención post aborto”, una práctica que se lleva la vida de 500 mujeres al año.
La ratificación del Protocolo Facultativo de la Cedaw es un logro doblemente festejado por los movimientos de mujeres tras seis años de postergación en su tratamiento. Se trata de un instrumento de la Organización de las Naciones Unidas que habilita a las mujeres a presentar denunciar en esferas internacionales cuando en su país se avasallen sus derechos.
“Obviamente, tanto esta ley como la ley de Ligaduras requieren difusión para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos. Por lo tanto, la divulgación y la capacitación debe ser una de nuestras prioridades”, remarcaron todas las fuentes consultadas.
En 2007, una de los metas será avanzar en una mayor participación política de las mujeres. “Hoy tenemos dos mujeres en la esfera ministerial, pero debemos luchar para que haya más representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo”, sostuvo Lipszyc. “Además las mujeres tienen que reclamar al Estado mayor información para poder elegir a sus candidatos”, añadió Altschul.
