(AUNO*) – El coordinador de la Secretaría de Obras Públicas a cargo del proyecto de las autopistas Sur y Riachuelo, Roberto Cruz, admitió que el proyecto todavía no fue cancelado por el presidente Eduardo Duhalde, y que la posible aprobación de las obras quedará como tema pendiente para la próxima administración.
“Este año es muy probable que no haya novedades sobre la aprobación de las obras porque con las elecciones, el nuevo presidente deberá analizar todo, por lo que eso demandará mucho tiempo”, reconoció el funcionario.
Al respecto, Cruz aclaró “la construcción de las autopistas son hasta el momento sólo proyectos y todavía no está nada definido. Se están haciendo todos los estudios técnicos preliminares y exposiciones a las empresas, a los bancos, a los municipios, al Gobierno y a los futuros expropiados y vecinos para que analicen y evalúen la obra”.
El funcionario remarcó además que “una vez finalizada la convocatoria de exposición y cuando el Estado haya consultado a todos las partes interesadas, se autorizará o se anulará la orden”.
“Con la intención de reactivar la economía y facilitar la circulación del tránsito pesado en Buenos Aires, el Gobierno ordenó que se planearan distintos proyectos sin que éstos demandaran presupuestos del Estado”, indicó Cruz. De esta manera, la Secretaría de Obras Públicas realizó un informe y propuso la idea de construir dos autopistas: Sur y Riachuelo.
“En ese informe, se comprobó que el 70 por ciento del tránsito que circula en Capital Federal proviene del Gran Buenos Aires”, afirmó Cruz, quien remarcó que “de San Vicente a Capital Federal se tarda una hora y media en llegar, mientras que con la autopista La Plata- Buenos Aires se tarda sólo media hora”.
En declaraciones a la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión, Cruz puntualizó que “la creación de las dos autopistas permitiría la accesibilidad a la Capital en poco tiempo, se descongestionaría el tránsito pesado, sobre todo en la avenida Pavón, disminuirían los accidentes de tránsito, mejorarían: los costos operativos y la seguridad en los fletes, y todo esto tendría una incidencia favorable en la economía del país que pretende ser de exportación y competitiva”.
La convocatoria pública comenzó a fines de diciembre pasado y durante febrero y marzo se hicieron las exposiciones a muchas empresas y a los municipios implicados en la construcción de las autopistas.
El financiamiento estaría a cargo de distintos grupos privados, empresas que harían la obra y luego se cobrarían la inversión con los peajes. El costo equivaldría a unos 743 millones de pesos por las dos autopistas.
Se levantarían alrededor de 500 casas, 150 en Lanús, 250 en Avellaneda y las 100 restantes en Lomas de Zamora.
A los vecinos perjudicados por la obra se les pagaría por su casa el valor de mercado de la misma más un diez por ciento en valor del juicio que los vecinos le podrían demandar al Gobierno.
“Ese porcentaje sería el que el Estado perdería si los vecinos expropiados le inician un juicio, entonces para no llegar a esa situación se le entregaría a cambio a los vecinos esa bonificación”, aseguró el funcionario.
De todos modos, si los vecinos no llegasen a estar de acuerdo con la cifra que les proponga el Estado, ellos podrán apelar sugiriendo la suya, y será un juez federal el que decidirá cuál es el valor final correcto. “Nosotros – enfatizó Cruz- haremos todo lo posible para que los expropiados estén conformes”.
La creación de estas dos autopistas no son los únicos proyectos que realizó la Secretaría de Obras Públicas. También le propusieron al Gobierno para reactivar la economía construir la autopista Morón y prolongar la autopista Buenos Aires – La Plata. Y al igual que las dos obras anteriores, éstas no fueron a licitación, sino que se hizo un llamado de convocatoria.
AUNO 10.4.03 RNC CGL
