El oficialismo apura la aprobación de la ley para evitar que extranjeros se queden con grandes extensiones de tierras que probablemente comience a debatirse seriamente a partir del año próximo cuando el Frente para la Victoria tenga suficiente número de legisladores en las cámaras del Congreso.
Hasta ahora las comisiones dominadas por diputados opositores dificultaron el tratamiento de esa norma clave que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso días después de las elecciones primarias del 14 de agosto.
Mientras tanto funcionarios como Julio Alak, ministro de Justicia; y de Agricultura, Julián Domínguez, salieron a difundir aspectos de la ley y el primero de los funcionarios presentó ayer la interconexión nacional de los registros de la propiedad inmueble que será “la base” que sustentará la ley que impulsa el gobierno en el Congreso.
Precisó que “la interconexión de las provincias adheridas al flamante Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (Sinarepi), concretada el jueves último en Mar del Plata, representa un sustancial avance para cuando se sancione y se implemente la ley de protección al dominio nacional del suelo”.
El funcionario explicó que el nuevo sistema de interconexión nacional de los registros de propiedad inmueble “permitirá recabar información de todas las provincias para conformar el censo nacional de tierras rurales; y constatar los inmuebles agrarios que están en poder de manos extranjeras”.
El ministro de Justicia estimó que tras poner en marcha la interconexión de las primeras provincias, “antes de finalizar el año probablemente todo el país estará interconectado al nuevo sistema”, según un comunicado.
Destacó que el soporte a la ley de protección al dominio nacional del suelo “cumple con las observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en cuanto a la necesidad de tener un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los jueces”.
En tanto, la Universidad Católica Argentina (UCA) organizó el primer seminario para discutir la norma actualmente en el Congreso.
Allí Julián Domínguez defendió el “derecho” de los argentinos sobre las tierras. En tanto, desde la Cámara Argentina de Inmobiliaria Rural se opone al proyecto de ley del PEN a la que calificaron como el “certificado de defunción de muchos pueblos”.
“La tierra que es de los argentinos debe quedar en manos de los argentinos. Durante el neoliberalismo hubo una ola de mercantilismo, y en pos de los negocios se hizo cualquier cosa con la tierra en nombre del libre mercado. De este modo, estamos viendo que la tierra se convierte en un instrumento de especulación económica financiera que hay que cambiar”, evaluó Domínguez.
En la misma línea, el representante de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Raúl Robin destacó las criticas sobre el registro nacional de propiedades de extranjero y de los nacionales. También Carlos Casamiquela (INTA), remarcó que en Brasil “hay casos de excepcionalidad” para extranjeros si compran tierras para una inversión industrial.
AUNO 11-10-11
MA-HRC
