Abogados comprometidos con la realidad

Un grupo de abogados de Santiago del Estero asesora a los campesinos que son despojados de sus tierras y sufren el incendio de sus viviendas y sus cosechas, el robo de animales y el paso salvaje de topadoras que destruyen lo que encuentran de pie.

Por Silvia Marchant

(AUNO-Tercer Sector*) Preocupados por la situación que atraviesan los campesinos en Santiago del Estero, cuyos territorios son invadidos por empresarios o latifundistas, ocho abogados se unieron y fundaron la asociación Práctica Alternativa del Derecho (PRADE) como una opción dentro de una sociedad marcada por una estructura judicial que siempre falla a favor de los poderosos. Les faltan muchos recursos, pero les sobra voluntad para atender las consultas de campesinos de toda la provincia.
Según los especialistas, la tala indiscriminada de montes privados y públicos en Santiago del Estero, inclusive en reservas forestales, hará desaparecer suelos que tardaron miles de años en formarse y llevará a la región a un proceso irreversible de desertificación. Otro fenómeno es el permiso indiscriminado que el Estado provincial otorga a los desmontes, que en los últimos 13 años suman 346.479 hectáreas, situación que, en gran parte, se debe al auge del cultivo de la soja como respuesta a la masiva demanda exterior. Y que deriva en la gran cantidad de campesinos que por no tener títulos de propiedad fueron (y son) víctimas del despojo de sus propias tierras, heredadas de padres y abuelos.
En Santiago del Estero, un grupo de campesinos de la zona de Guampacha fue invadido por un empresario de Santa Fe que reclamaba 11.500 hectáreas. Un equipo de abogadas decidió asesorarlos y descubrió un mundo desconocido de injusticias ancestrales. Por un lado, la naturalidad con que empresarios y latifundistas despojan a los campesinos de sus tierras y por otro, la sumisión de los campesinos, su falta de información acerca de sus derechos y el miedo a actuar por temor a represalias.
Los campesinos explicaron a AUNO-Tercer Sector que los empresarios recurren a muchas formas para desalojarlos de sus tierras: queman viviendas y cosechas, intimidan a las familias, roban animales, destruyen con topadoras lo que encuentran a su paso, entre otros atropellos. Ante esto, el grupo de abogados decidió que era hora de darle un tinte social a la justicia y decidió formar PRADE. Entre sus acciones, se encuentra la de enviar información y documentos al Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Darío Alarcón, para detener el remate de seis pueblos que iba a realizarse en el marco de un juicio iniciado por el Banco Platense. En la documentación presentada, se confirmó que el predio pertenece por herencia a los cuatro mil pobladores de los departamentos de Copo y Pellegrini.
AUNO estuvo presente en uno de los cursos de capacitación que Prade brinda a los campesinos una vez por mes en el Obispado de esa provincia. Desde diversos departamentos se acercaron campesinos para aprender cuál es el procedimiento que deben llevar a cabo ante una invasión de un supuesto dueño del territorio que habitan.
“Ante una invasión jamás deben abandonar sus tierras porque tienen el derecho a la posesión del lugar. En todo caso, el que está actuando fuera de la justicia es el empresario que está utilizando la fuerza para sacarlos de los campos. Ese hecho lo tienen que denunciar de inmediato”, explicó a los alumnos una de las abogadas, Daniela Ávila, valiéndose del artículo 181 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojares a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes”.
“Pero muchas veces vienen con policías, ¿qué hacemos cuando eso sucede?”, preguntó uno de los asistentes. “Hay que denunciar el hecho en la comisaría que les corresponda y si se niegan a tomarles la denuncia recurrir a otra comisaría y así hasta que encuentren alguna que les tome la denuncia. En cuanto a los policías que participaron del intento de invasión hay que denunciarlos en la jefatura de policía y también el Ministerio de Seguridad. Y también a los que se negaron a tomarles las denuncia”, sostuvo otras de las abogadas, Silvia Corbalán.
Lo que las integrantes de Prade resaltaron ese día fue que “por más que haya gente que los amenace con supuesto títulos de propiedad, esas personas deben iniciar una demanda ante la justicia y será la justicia la que determinará el carácter fehaciente de esos títulos”.
Una de las mujeres campesinas de la localidad de Mili que participó fue Inés Suárez. Relató el esfuerzo que realizó su comunidad, integrada por 80 familias. “Hemos andado semanas enteras sin parar tratando de evitar que un empresario se quedara con nuestras tierras contó Suárez. Un día llegó con las topadoras pero nosotros no lo dejamos pasar. Tuvimos la suerte de que la policía estaba de nuestro lado, lo que no siempre ocurre.”
“Hay muchos campesinos que no saben leer. Y muchas veces firman cualquier papel. Por eso nosotros recalcamos que jamás firmen documentos o cualquier papel hasta no consultar con un abogado. También hay que ver a qué abogado acuden porque no todos defienden la causa de los campesinos”, advirtió Corbalán.
Los abogados que integran Prade participaron del programa de extensión de la Red de Abogados Voluntarios de la Fundación Poder Ciudadano. Cuando finalizó ese programa, se dieron cuenta que quedaba mucho por hacer, entonces fundaron Prade. Así, la asociación tiene como misión promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos a través de la capacitación jurídica y propiciar la creación de espacios y mecanismos de participación cívica. La entidad tiene diferentes áreas: Tierra y Medio Ambiente; Niñez, Familia y Comunidad; Participación Ciudadana, cuyo objetivo es monitorear los actos de gobierno y el cumplimiento de los compromisos preelectorales mediante acciones concretas, empadronando al ciudadano como tal. “Después de la intervención de la provincia algunas cosas están cambiando, pero creemos que será un proceso lento. Todavía tenemos jueces elegidos a dedo”, denunció Corbalán.
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Cómo contactarse:
PRADE: Correo: prade4200@yahoo.com.ar
Teléfono: (0385) 156976037 ó (0385)4214027.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión.
Revista Tercer Sector

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