En lo que va del año hubo al menos 43 víctimas fatales de violencia de género, de las cuales 35 fueron femicidios directos, cinco femicidios vinculados, dos instigaciones al suicidio y un travesticidio, según datos relevados por el observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.
De acuerdo con la agrupación feminista, entre el 1 de enero y el 27 de febrero ocurrió un femicidio cada 34 horas, mientras que en el mismo periodo de tiempo hubo 72 intentos, es decir, uno cada 21 horas.
“Mientras el Estado Nacional se retira de sus obligaciones recortando derechos, nuestras vidas siguen expuestas a las peores formas de violencia machista: nos matan por el solo hecho de ser mujeres, por placer; nos culpabilizan y descreen de nuestras denuncias”, señaló la institución en un comunicado.
En esta línea, apuntaron contra el Gobierno Nacional al sostener que “la ultraderecha”, con sus políticas, profundiza “la precarización” de las mujeres y disidencias sexuales al recortar “derechos históricamente conquistados”.
“Las mujeres y LGTBIQ+ somos las más afectadas por las medidas regresivas de la mal llamada “Ley de Reforma Laboral» votada en el Congreso. La invisibilización de las tareas de cuidado –que generan el 16 por ciento del PBI–, junto con medidas como las jornadas de 12 horas, el banco de horas y los despidos arbitrarios, no hacen más que incrementar las brechas existentes, limitando cada vez más nuestra autonomía económica, una condición clave para salir de la violencia de género”, remarcaron.
Y los datos no hacen más que confirmar su reclamo: en el 19 por ciento de los casos, las víctimas habían denunciado sufrir violencia de género; en el 72 por ciento, los agresores eran parejas o exparejas; en el 44 por ciento, ocurrió en la vivienda de la víctima; y en el 23 por ciento de los casos, convivían con su agresor. En consecuencia, 23 menores quedaron sin sus madres.
Tal es el caso de Vanesa López, de 39 años, quien fue asesinada en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, a manos de Ernesto Fabián Camaño, quien se encuentra detenido. “Vanesa estaría viva si la policía hubiera actuado cuando Vanesa quiso hacer la denuncia y le dijeron ‘volvé otro día’”, reclamó la organización.
Asimismo, citaron tres casos que ocurrieron en Santiago del Estero, donde Ramona Medina –de 65 años–, Thania Santillán –de 22– y María Fernanda Chazarreta –de 30– fueron asesinadas a manos de varones. “Estas tres mujeres vivían en provincias alejadas de la Capital del país, donde denunciar es aún más difícil, donde el acceso a la justicia es más limitado y donde se cuenta con menores recursos y dispositivos de protección a las víctimas”, lamentaron.
En este sentido, el Observatorio exigió al Gobierno de Javier Milei la implementación “urgente” de la Ley Micaela, la normativa que debe su nombre a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Promulgada el 10 de enero de 2019, la Ley 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
“Los femicidios son la punta del iceberg de un entramado de violencias estructurales sostenidas y naturalizadas por la sociedad, frente a las cuales el gobierno de Milei no hace más que profundizarlas”, insistieron.
AUNO-7-3-26
FM-SAM
