Lomas de Zamora, mayo 07 (AUNO) – Pasaron 30 años desde aquella tarde en la que el “gatillo fácil” hizo su estreno en un barrio pobre del conurbano bonaerense con el fusilamiento de tres pibes a manos de una patota policial. Una masacre que puso al descubierto la violencia institucional, así como marcó un antes y un después en la organización y la lucha popular.
Esa tarde del 8 de mayo de 1987, “Willy”, “el negro” Olivera y Oscar tomaban una cerveza en la esquina de Guamini y Figueredo, en el barrio lomense de Budge, cuando fueron acribillados por el entonces suboficial mayor de la Policía Bonaerense Juan Ramón Balmaceda. Junto a él, los cabos Isidro Romero y Jorge Miño, ametralladora y pistola en mano, respectivamente, vaciaron sus cargadores sobres los jóvenes, a la vista de los vecinos que contemplaban la escena.
Esos mismos vecinos que, junto a miles de personas del barrio, se agruparon luego en la Comisión de Amigos y Vecinos, y convirtieron así a la masacre en “el caso fundacional de organización barrial”, según lo describe la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, en diálogo con AUNO.
El acoso y la represión policial no tenían nada de novedoso en ese entonces. El “gatillo fácil”, nombre que popularizó uno de los abogados a cargo de la causa, León Zimerman, no fue otra cosa que la resignificación del “gatillo alegre”. Ese argentinismo del trigger-happy estadounidense, con el que el periodista Rodolfo Walsh caracterizaba a la violencia policial desde fines de los sesenta. Un nuevo nombre para viejas prácticas.
Llámese fácil o alegre, los vecinos de Budge eran víctimas y testigos cotidianos de ese tipo de violencia. Lo novedoso, entonces, no fueron los fusilamientos, sino el hecho de que “desataron la movilización de la gente, transformando a la masacre en un caso bisagra que puso en tela de juicio al accionar policial y logró llevar a tres policías al banquillo”, explica uno de los abogados de los familiares de las víctimas, Ciro Annicchiarico, en diálogo con este medio.
En la misma línea, Verdú recuerda que “simultáneamente se estaban organizando otros barrios” del conurbano, al tiempo que “confluía la organización barrial con la organización juvenil”. Esta unión llegaría, años más tarde, a su máxima expresión a partir del emblemático crimen de Walter Bulacio, el joven detenido durante una razzia de la Policía Federal en la puerta de un recitar de Los Redondos y asesinado a golpes en una comisaría.
Las razones por las que los vecinos decidieron abandonar el silencio y movilizarse para pedir justicia fueron objeto de múltiples debates nacionales e internacionales. Algunas obedecen a las características propias del hecho, mientras otras responden al contexto social de una democracia que recién daba sus primeros pasos tras el final de la última dictadura cívico-militar.
Y es que, según analiza la referente de la Correpi, ese silencio, producto “del disciplinamiento que había instaurado la dictadura”, se acabó con una masacre que significó “la primera gran desilusión de la expectativa democrática” que el pueblo tenía respecto del gobierno de Raúl Alfonsín.
Por su parte, Annicchiarico caracteriza a la movilización barrial como consecuencia, además, “del hartazgo por la persecución a los chicos y por el ‘gatillo fácil’ funcionando a lo loco”. En el caso particular del suboficial Balmaceda, recuerda que “tenía muchas muertes encima: se paseaba por el barrio dándole órdenes a la gente y coimeando a los comerciantes”.
Esto se debía a que “la patota de Balmaceda había sido formada durante la dictadura”, enfatiza Ciro. “Alfonsín dedicó todos sus esfuerzos a la problemática militar y no se ocupó de la cuestión de la Policía, pese a que ésta había sido puesta bajo las órdenes de las Juntas Militares; así, la bonaerense siguió actuando con la misma lógica de la dictadura”, agrega.
Aunque con otros nombres en sus filas, seguía siendo la policía de Ramón Camps…
El gatillo como política de Estado
Según cifras de la Correpi: los 300 casos de “gatillo fácil”, relevados en el período 83-96, hoy ascienden a más de 5 mil. ¿A qué se debe el aumento? A que, a pesar de “varios intentos por intervenir la institución policial”, ésta hoy “no tiene órdenes específicas, lo que hace que actúe por inercia”, lamenta Annicchiarico. “Hay zonas liberadas, banditas de jóvenes formadas por la Policía; son nichos de corrupción”, agrega. Ya lo decía Walsh décadas antes: “la secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de los dedos en la lata”…
Ahora bien, el problema es que esas órdenes deben estar dictadas por gobiernos que “niegan la existencia del gatillo fácil”, aclara Verdú. Se trata, entonces, de una “política de Estado que garantiza la impunidad del aparato represivo”.
Política que, además, requiere de un sistema judicial acorde para poder ser implementada. Sistema que, como señala el letrado, “sigue estando, en gran medida, basada en los moldes de la dictadura”, así como actualmente muestra “claras señales de índole represivo”, considera María del Carmen, quien coincide en que la Justicia “responde linealmente a las necesidades del gobierno de turno”.
La abogada denuncia, a modo de ejemplo, que hoy se produce una situación insólita “desde el Poder Judicial de poner obstáculos a los pedidos de familiares para actuar como querellantes”. Ese mismo Poder Judicial que, 30 años atrás, obstaculizó en todas las formas posibles el trabajo de los abogados a cargo de la masacre y que, al igual que las fuerzas de seguridad, hoy no cambia sus costumbres.
Tres décadas pasaron desde que el “gatillo fácil” se instaló en boca de todos. Desde que se empezó a comprender que ese gatillo no sólo es fácil sino también selectivo, en tanto dispara siempre sobre los más vulnerables. Como esos tres pibes que, mientras “lavaban sus penas con birra, días después de perder sus trabajos”, como recuerda Ciro, fueron acallados por una lluvia de balas que, a la vez, despertó miles de voces a lo largo de todo el conurbano.
Los hechos
Cerca de las 19, los tres policías llegaron a la esquina de Guamini y Figueredo, donde abrieron fuego contra Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argarañaz (24), asesinando a los dos primeros en el instante. Luego de plantar armas para aparentar un tiroteo, cargaron a Argarañaz en una camioneta y lo fusilaron de tres tiros en la cabeza, minutos después.
Los suboficiales habían sido alertados por el hijo de la dueña de un bar donde, horas antes, Olivera y Argarañaz habían tenido una discusión con la misma. Al tratarse de una zona céntrica de Budge y uno horario de mucho movimiento, varios vecinos pudieron ver el hecho y testificar ante la Justicia, que comprobó luego que los jóvenes estaban desarmados y que no se habían resistido a la autoridad.
En el segundo juicio oral, en 1994, Juan Ramón Balmaceda, Jorge Alberto Miño e Isidro Rito Romero fueron condenados a 11 años de prisión. Sin embargo, fueron excarcelados y, cuando la sentencia quedó firme, los dos primeros lograron mantenerse prófugos. Finalmente fueron detenidos en 2006.
AUNO 07-05-2017
PM-AFG
