Tras la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión, que data de la última dictadura militar, 126 radios comunitarias hoy son reconocidas en su “funcionamiento y titularidad” por el Estado a través de una resolución del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). La reforma del 5 de mayo aprobada por el Senado, sin embargo, representa para las organizaciones sólo un “paso” en la larga batalla por una nueva legislación que ordene y regule la actividad en un marco democrático.
“Con más de 20 años de democracia no puede ser que la ley de radiodifusión tenga la firma de Videla”, se queja el director de FM Bajo Flores, Eduardo Nágera. Es que la ley 22.285 se creó durante el gobierno de facto con la intención de acallar a las organizaciones sociales por considerarlas “comunistas”, recuerda por su parte el titular de Radio Ahijuna, Martín Iglesias. Así, las radios comunitarias que no tuvieran oficialmente su licencia pasaron a ganarse el mote de “clandestinas” o “ilegales”, términos que desde entonces rechazan. “Esto es lo menos clandestino que hay: todos saben dónde estamos, en qué dial”, sostiene Iglesias.
En cuanto a los alcances de la reforma que reconoce a más de un centenar de radios comunitarias, los responsables de las emisoras se encargan de remarcar que el reconocimiento no es sinónimo de legalidad. Para algunos es un “parche” a la vieja ley, para otros es un gesto simbólico del Gobierno que, en rigor, no cambia el actual estado de las cosas. “Que nos reconozcan es un avance, un paso, un símbolo más hacia la democratización de la comunicación para que no sólo cooperativas puedan tener acceso a la radio, sino también escuelas y cooperadoras”, comenta el director de FM En Tránsito, Bruno Dulbeco, ya que antes sólo podían hacerlo las empresas y organizaciones con fines de lucro.
Para el director de la radio La Colifata, Alfredo Olivera, lo más destacable es tener una legislación que esté en sintonía con los cambios de la sociedad. “Estamos de acuerdo con la lucha de las radios comunitarias por una nueva ley”, afirmó y puso como ejemplo lo que sucede en Francia. “Allí a las radios privadas se les cobra un impuesto que sirve para subvencionar a las comunitarias; es una salida”, explica. Con todo, considera que el reconocimiento del organismo “otorga un marco legal que da condiciones de sustentabilidad”, que autoriza, entre otras cosas, a emitir publicidad.
En el Congreso descansan muchos proyectos de ley presentados sin éxito. En abril, la última audiencia pautada sobre el tema fue suspendida sin nueva fecha y desde distintos sectores se coincide en que hay fuertes factores de poder económico que impiden el debate. “Hay muchos intereses creados en el sector”, subraya Iglesias. Como ejemplo, habría que remitirse a la polémica reforma, por decreto, de la ley 22.285 durante el primer gobierno de Carlos Menem que posibilitó a los dueños de medios gráficos comprar los canales de televisión que comenzaban a privatizarse dando origen a la conformación de los grandes multimedios.
Al respecto, justamente el año pasado el Gobierno promulgó a través del decreto 527/05, y sin que mediara una discusión pública, la suspensión por 10 años de la renovación de aquellas licitaciones beneficiando fundamentalmente a quienes tienen licencias que vencían en 2007. Así, aquellas personas u organizaciones que quieran tener un medio deberán esperar 10 años más para formar parte del sistema, a menos que se abran nuevos canales y radios. Frente a esta contradicción, Dulbeco sostiene con escepticismo que por eso “no tomamos la modificación del artículo 45 como un triunfo”. “Pagamos los impuestos, al COMFER y a SADAIC. Cada radio comunitaria tiene una función social directa, tiene una legitimidad ganada”, agrega el titular la radio que funciona hace 18 años en la localidad bonaerense de Castelar.
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