Mientras las estadísticas en materia de macroeconomía arrojan resultados positivos , en forma paralela surgen otros números que alertan sobre la realidad de los sectores más postergados de la sociedad . Los pueblos originarios que ven como avanzan las grandes topadoras sobre sus tierras arrasando a su paso con sus derechos y las pésimas condiciones de vida de los que esperan un juicio justo fueron algunas de las deficiencias advertidas por Amnistía Internacional en un informe que remarca las deudas pendientes que tiene el Estado.
En el capítulo argentino de Amnistía Internacional, se resaltan tanto los avances como los retrocesos en materia de defensa y promoción de los derechos humanos durante 2005. “La recuperación económica no se condice con la realidad social ni con mejoras en las condiciones de vida e ingreso de la población que sigue reclamando al Estado más fuentes de trabajo”, consideró en diálogo con AUNO el presidente de Amnistía en la Argentina, Martín Epstein, para luego alertar sobre el “altísimo crecimiento del trabajo informal o en negro”, producido durante ese año lo que a su juicio “atenta claramente contra los derechos laborales”.
A su vez, el informe alerta sobre las precarias condiciones carcelarias a través de una enumeración de los incidentes ocurridos en las cárceles del país durante el año pasado, entre las cuales se destaca el trágico incendio en la Unidad Penitenciaria 28, de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, que provocó la muerte por asfixia de 33 internos.
– Tanto funcionarios del ámbito provincial como nacional aseguran que las deficiencias en el sistema carcelario se podrían resolver con un aumento de los recursos económicos.¿Cuál es su opinión?
– En realidad, lo que se necesita es una estructuración general del sistema. Si fuera que los problemas aquejan a algunas cárceles, podría coincidir en que se solucionaría con un incremento de las partidas, pero estamos hablando de que el 75 por ciento de los 62.500 presos en cárceles del país todavía esperan un juicio. Es evidente que el Estado debería promover una reforma integral que permita acelerar los tiempos de la Justicia y mejorar las condiciones de vida.
Según el informe, la mayoría de las cárceles del país carecen de servicios básicos como agua potable, iluminación, higiene, servicios médicos y programas de rehabilitación que permitan una futura reinserción social. Además, la organización advierte sobre el estado de hacinamiento extremo que sumado al maltrato del personal penitenciario revelan condiciones de vida infrahumanas.
Otro de los puntos en los cuales pone especial atención es sobre el nivel de avasallamiento del derecho de huelga, apartado en el cual se señalan los reclamos realizados en agosto y septiembre del año pasado por parte de los pueblos originarios para que finalicen los desalojos violentos y se suspendan los proyectos mineros en regiones habitadas por comunidades indígenas como así también se recuerda la represión sufrida por docentes salteños que en abril del año pasado reclamaron mejoras salariales.
-¿Qué diferencias se pueden resaltar en materia de represión contra manifestaciones en comparación con los datos recogidos durante 2004?
– Las cifras de uno y otro año se han mantenido, no ha habido cambios en ese sentido. Pero eso no quita que no genere preocupación y que el Estado no se haga responsable de ello.
Con el mismo énfasis que recordó al Estado sus responsabilidades, el representante argentino también destacó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. “Es un paso adelante ya que despeja el camino para que se enjuicie a miembros de las Fuerzas Armadas por presunto abuso contra los derechos humanos durante la última dictadura militar”, opinó.
– ¿Cuál es la posición de Amnistía Internacional con respecto a la nulidad de los indultos?
– Aunque no hay un pronunciamiento sobre ese tema, Amnistía es una organización que lucha contra de la impunidad y el indulto es una forma de impedir a la Justicia que se investigue sobre hechos que quedaron impunes. Por ello, se debería seguir en el mismo camino.
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Revista Tercer Sector
