(AUNO-Tercer Sector*) Hace seis años el juez federal Jorge Ballesteros cerraba la Causa Olmos, iniciada en 1982 a raíz de una denuncia del periodista y escritor Alejandro Olmos para determinar la ilegitimidad de la deuda externa. En su fallo, dictaminaba que la deuda pública contraída durante la dictadura militar había sido fraudulenta al ser producto de mecanismos irregulares. Al prescribir la acción penal, que se cerró sin condenados, el magistrado le transfirió su resolución al Congreso para que establezca “las responsabilidades políticas”. Sin embargo, los legisladores nunca trataron el asunto. Frente a la falta de respuesta del Parlamento, el investigador Alejandro Olmos Gaona, que se involucró en el tema tras la muerte de su padre, se muestra escéptico en cuanto a medidas que tomen los poderes del Estado y prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- —Según la documentación que presentaron, ¿por qué es ilegítima la deuda externa?*
—En el fallo se establece que la deuda externa es ilegitima y fraudulenta al comprobarse en los préstamos más de 470 irregularidades entre 1976 y 1983. Si bien la resolución de Ballesteros se refiere a la dictadura, la deuda de los gobiernos democráticos también es ilegitima ya que es una refinanciación y reestructuración de la deuda contraída durante la dictadura, como se demuestra en una enorme cantidad de evidencias que presentamos en la nueva causa.
—Según esto, podría afirmarse que la deuda generada durante los gobiernos post dictadura también es ilegítima…
—Cuando se dice que hay una deuda nueva hay que tener en cuenta que es consecuencia de la deuda generada por la dictadura militar. Son nuevos préstamos contraídos para pagar los viejos préstamos. Nosotros partimos del Plan Brady de Domingo Cavallo y Daniel Marx. Para efectuar la reconversión del Plan Brady había que establecer el monto de la deuda, ya que la Argentina no sabía cuánto debía. Cavallo contrató a los mismos bancos acreedores para que establezcan la cifra y los intereses. En los contratos que se firmaron se estableció que si se anulaban o declaraban ilícitos o no ejecutables, la Argentina renunciaba irrevocablemente a pedir su nulidad, o sea que ya en el contrato se presumía la estafa.
—¿Cómo se trasladaba una deuda desde una empresa al Estado?
—Por ejemplo, Renault le transfiere al Estado una deuda de 6 millones de dólares mediante lo que los auditores llamaron un autopréstamo porque ese préstamo la empresa lo había pedido al Banco de Bruselas diciendo que lo necesitaba para gastos operativos. Y los auditores señalaron que no era posible porque en ese banco Renault tenía depositado 85 millones de dólares a plazo fijo. Además, en un documento los directores establecen cómo se llevaría adelante la operatoria.
—¿Quiénes están involucrados en la estafa?
—En el fraude están complicados el FMI, el Banco Mundial, el City Bank y las autoridades gubernamentales de la época. También las empresas más importantes del país como Pérez Companc, el Grupo Macri, Celulosa Argentina, Acíndar, Bulgheroni y Bridas, entre otros. Durante el gobierno de Alfonsín, el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, ordenó hacer una auditoria de la deuda privada y se estableció que había existido fraude. Entonces (José Luís) Machinea y (Daniel) Marx ordenaron que sea archivada la investigación.
En la Causa 14.467, Alejandro Olmos acusaba al ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz de “defraudación tipificada y violación de los deberes del funcionario público”. Allí se demostraba que el endeudamiento se produjo a partir del enorme excedente de capitales que durante los años 70 generaba la sobreproducción petrolera internacional y la fuga de capitales que se intensificó entre 1980 y 1983. Como consecuencia, un argentino pasó de deber al exterior 320 dólares en 1976 a deber 1500 dólares a fines de 1983. En números globales, el endeudamiento pasó de seis mil millones de dólares a 45 mil millones.
—¿La deuda con el FMI y otros organismos multilaterales también es ilegítima?
—En casi su totalidad es ilegítima. El Fondo financiaba déficit fiscal de la década del 90 derivado del pago de la deuda. Esto se hacía al convertir el superávit fiscal en déficit por los enormes intereses que se pagaban. Es decir, que el FMI financiaba el pago de una deuda ilegitima a sabiendas que lo era.
Desde su oficina en la Capital porteña, Olmos no está de acuerdo con haber saldado la deuda con el FMI, y mucho menos que ese pago signifique desligarse definitivamente de sus mandatos. “El último pago deviene del préstamo que nos hiciera efectivo en el 2000 con motivo del blindaje financiero por 12.249 millones de dólares. Esa suma fue íntegramente fugada al exterior por 520 empresas como Pecom, Repsol y el Grupo Macri, entre otras. La Comisión de Fuga de Capitales en 2002 determinó que habían fugado 16 mil millones de dólares, entre los cuales estaba el préstamo del Fondo. La Oficina de Evaluación Independiente del Fondo estableció en un informe del 2005 que el FMI sabía que la plata se fugaba y la prestó igual. Sin embargo, el presidente Kirchner le pagó al Fondo con el pretexto de que nos liberábamos del organismo. Pero al no desvincularnos seguimos atados, tanto es así que hace unas semanas estuvieron auditando las cuentas públicas del país”.
—Si está comprobado que la deuda fue producto de mecanismos irregulares, ¿por qué cree que se continúa pagando?
—A pesar del fallo del juez Ballesteros y las investigaciones, hay una idea instalada de que no se debe dejar de pagar. Hay antecedentes históricos que demuestran que países que no pagaron no los invadieron, no les pasó nada.
Olmos es autor de ‘La Deuda Odiosa’, basado en una doctrina jurídica nacida en los Estados Unidos que establece que una deuda que ha sido contraída por un régimen usurpador o ilegítimo y no utilizada en beneficio de los pueblos es una deuda odiosa y puede no pagarse.
—¿Existen antecedentes en otros países?
—Cuando asume el Soviet Supremo en 1918 el primer decreto fue anular las obligaciones contraídas por los zares rusos. Los dos principales acreedores que eran los Estados Unidos e Inglaterra no invadieron, ni sometieron, ni bloquearon a Rusia. Y la Unión Soviética nunca le pagó la deuda a los Estados Unidos, que se la terminó perdonando. A Inglaterra se la pagó recién en 1986. Podemos afirmar haciendo un paralelismo que la deuda generada durante la dictadura es odiosa y no se debería pagar.
—¿Qué cree que debiera hacer cada uno de los poderes del Estado?
—En principio, el Poder Ejecutivo tendría que desconocer la deuda. Pero, el problema es que no se puede hablar del Congreso como un poder separado del Ejecutivo, porque se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo. Por lo tanto, el Parlamento hace lo que el presidente (Néstor) Kirchner le dicta. Vivimos en una democracia formal donde no hay poderes independientes, porque el Poder Judicial también esta muy sometido a la presión del Ejecutivo, entonces no hay control judicial, ni tampoco un control legislativo.
—Entonces, ¿qué cree que se puede hacer?
—Nosotros estamos impulsando una nueva investigación, aportando pruebas por lo menos para que queden antecedentes. También vamos a presentar una serie de denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de lograr trascendencia, y porque pensamos que en el ámbito nacional no va a pasar nada. A mi padre, cuando contaba esto, juristas europeos le decían que ‘ningún país de Europa pagaría una deuda que está probada que es ilegitima’.
—¿En qué afecta al país el pago de la deuda externa?
—En este momento hay que pagar 11 mil millones de dólares de deuda por año. Pero el Gobierno no puede pagar esa deuda, entonces paga entre cinco y seis mil millones anuales y lo que resta lo capitaliza y va al monto global de la deuda. Por otro lado, para pagar la deuda se está emitiendo deuda, como en el caso de los bonos que se vendieron a Venezuela.
*—¿Qué opina sobre a la propuesta de crear un Banco Regional con los países miembros del MERCOSUR? *
—Sería una idea excelente para cubrir los desequilibrios financieros, pero con los gobiernos que existen en el Mercosur, salvo excepciones, es un trabajo imposible de concretar. No creo que gobiernos que hablan en contra de los Estados Unidos y después le pagan, ni discuten las políticas diseñadas puedan hacer algo que contribuya a que los pueblos latinoamericanos puedan liberarse.
Cuando se cumplieron 30 años del golpe de Estado, la Fundación Olmos junto a organizaciones y movimientos sociales presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para que se declare nula la deuda de 45 mil millones contraída entre 1976 y 1983 por el régimen militar. “Esa deuda tiene que ver con los derechos humanos y ha generado más muertes que los 30 mil desaparecidos, pero no fue ni considerado hasta ahora”, dijo el investigador. “El tema es que no se quiere debatir, se prefiere ignorar y guardar silencio, ya que el debate significa que el tema de la deuda tenga estado público. No se quiere dar a conocer que de la recaudación fiscal se saca más de la tercera parte para pagar una deuda, que han contraído empresas solventes de personas que viajan a Europa y que viven como reyes”.
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Revista Tercer Sector
