Hace once años, en Argentina la impunidad parecía irreversible. Las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales promulgados por Carlos Menem clausuraron la posibilidad de castigar los crímenes cometidos por la última dictadura militar. Pero la gran movilización popular que se congregó en la Plaza de Mayo para repudiar el golpe del 24 de marzo de 1976, en su vigésimo aniversario, motivó a un grupo de residentes argentinos en España a transformar esa condena social en una acción judicial concreta en contra de los genocidas del Proceso.
Carlos Slepoy, un abogado argentino residente en la península, patrocinó una asociación de querellantes conocida como ‘la acusación popular, que presentó el 28 de marzo de 1996 una denuncia en los tribunales españoles por crímenes de lesa humanidad contra los represores de Argentina y Chile. La causa prosperó y permitió que el juez Baltasar Garzón ordenara en 1998 la captura del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, la condena a perpetuidad del ex marino Alfredo Scilingo y la extradición desde México del represor de la Esma Ricardo Cavallo.
Slepoy nació en Buenos Aires, Argentina en 1949. Se recibió de abogado en 1975 y desde entonces se dedicó al derecho laboral y a patrocinar a las luchas sindicales que se libraban por aquellos años. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En febrero de 1976 fue detenido, estuvo unas horas en al Esma pero fue ‘legalizado’ y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo trasladaron a la Unidad Penal Número 7 de La Plata y tras 20 meses de detención fue liberado en 1977. Se traslado a España, donde revalidó su título y desde entonces milita en organizaciones de derechos humanos. Afirma que el retorno a su suelo natal es “una asignatura pendiente que algún día concretará”.
En vísperas de un nuevo aniversario del inicio del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, AUNO-Tercer Sector entrevistó a Slepoy, quien consideró que la evolución del juicio iniciado en Madrid, en 1996, resultó “decisivo” para que en la Argentina se anularan las leyes de impunidad y se reabrieran las causas por violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el letrado estimó que la Justicia Federal marcha “con mucha lentitud” en la resolución de los casos que tiene bajo su órbita y recamó la creación de un “fuero especial” para procesar los casos de crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura.
—A once años de la acusación y del juicio que inició Baltasar Garzón, ¿qué balance hace de las actuaciones que se siguieron y de las repercusiones políticas que se generaron?
—El balance es altamente positivo. Se logró revirtir una tendencia de años y se avanzó en la concreción del castigo para este tipo de crímenes. Debemos tener en cuenta que gracias a estas actuaciones se logró modificar la jurisprudencia internacional. Hoy la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y cualquier tribunal tiene la competencia para juzgarlo. Ese es de por sí un antecedente muy importante. Se lograron cosas muy importantes como la detención de Pinochet en Londres, y aunque finalmente no pudo ser extraditado, la Justicia británica reconoció la pertinencia de este proceso, al punto de haber habilitado el trámite, que finalmente no prosperó por decisión del gobierno de Tony Blair. Pero ese reconocimiento y las repercusiones que se generaron en Chile y Latinoamérica fueron fundamentales para que todas estas actuaciones siguieran su curso. La condena que recibió Scilingo —actualmente en prisión, en España— es también otro de los logros concretos que se obtuvieron en estos años. Estoy convencido de que sin este juicio, en la Argentina hubiera sido imposible que se anularan las leyes de impunidad.
—¿Por qué?
— Pues porque resultó intolerable para la sociedad argentina presenciar cómo sus mayores genocidas evadían el accionar de la Justicia internacional mientras se paseaban libremente por las calles de un país donde debían rendir cuentas. Eso generó una masa crítica que permitió revertir la tendencia a la impunidad y el olvido que se había iniciado con el gobierno de Alfonsín y que luego continuó Menem.
—Las denuncias se presentaron justo cuando el gobierno de José María Aznar —que se oponía a estas actuaciones— iniciaba sus gestiones. ¿Cómo se logró que a pesar de ello prosperara el juicio?
—Ese fue un logro de la militancia y la persistencia que mantuvo la acusación popular y el abnegado trabajo que cumplieron muchos funcionarios del poder judicial español. A pesar de la oposición de la Fiscalía General de Gobierno, el Tribunal Constitucional dio curso a todo este proceso. Además no podemos olvidarnos de los fuertes lazos que existen entre Argentina y España, y que muchas víctimas de la dictadura tenían doble nacionalidad, lo que fue determinante para que la sociedad española también reclamara justicia.
—¿Cómo se compone la acusación popular?
—Es, como se dice en España, un colectivo de grupos sindicales, organizaciones políticas, algunas vinculadas a lo que fue el exilio argentino, y a familiares de las víctimas, que nos presentamos como querellantes en esta causa.
—¿Pero no fueron ustedes los únicos denunciantes?
—No, el principal denunciante fue el fiscal de estado Carlos Castressana, que se comprometió desde un principio con nuestra lucha. El quedó muy impresionado con la movilización del 24 de marzo de 1996, cuando se cumplieron 20 años del golpe. Además es un gran admirador de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
—¿No resulta paradójico que en España se juzguen los crímenes cometidos por las dictaduras Latinoamericanas y no se hiciera lo mismo con el régimen de Francisco Franco?
—En verdad sí. Pero bueno, la cuestión está cambiando. Los organismos de derechos humanos están presentando recursos para resarcir a las víctimas y equipos de investigación forense han descubierto fosas comunes con restos de muchos detenidos desaparecidos. Es imposible juzgar a nadie por la sencilla razón de que los responsables están muertos, pero el reclamo al Estado para que reconozca a los familiares de las víctimas y se contemple el resarcimiento económico es un gran progreso para un país que durante muchos años guardó silencio sobre el tema.
—El Gobierno argentino impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. ¿Qué falta en su política de derechos humanos?
—Lo que hizo el Gobierno de Néstor Kirchner al propiciar la reapertura de las causas fue muy importante, pero hay algunas cuestiones en las cuales no hay aún definiciones importantes. Hay causas que están paralizadas porque muchos jueces así parecen haberlo decidido, y eso se debe a que todavía, en la Argentina hay muchos magistrados que fueron designados por la dictadura que siguen en funciones y en áreas claves como en el Tribunal de Casación Penal. También hay causas que, por su magnitud, como las de la Esma o el Primer Cuerpo de Ejército, necesitarían de jueces con dedicación exclusiva. La creación de un fueron especial para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad sería una medida más que necesaria para acelerar la conclusión de todos los procesos que aún permanecen abiertos.
*—¿Cómo evalúa la desaparición de Julio López? *
—El caso de López indica que el Gobierno no supo manejar el tema de la protección de los testigos y que además subsisten en las fuerzas de seguridad muchas conexiones con el aparato represivo de la dictadura. Esclarecer este secuestro es muy importante para el futuro de los juicios que se siguen.
—¿Qué piensa de la causa de la Triple A y del procesamiento de Isabel Perón?
—Como algo absolutamente necesario. Si pretendemos avanzar en la sanción de estos delitos no podemos dejar de lado todo lo que sucedió en los meses previos al golpe. La conformación de bandas parapoliciales en el seno del Estado fue el inicio del genocidio que padecimos más tarde. Isabel Perón no podía desconocer lo que pasó durante su Gobierno, ya que antes de marzo de 1976 hubo casi 600 desaparecidos. Por eso debe responder.
-¿La creación de instituciones como el Tribunal Penal Internacional impedirá que se cometan otros genocidios en el futuro?
—Crearán un antecedente importante pero no me parecen que su existencia sea determinante en este aspecto. Hasta ahora han sido juzgados algunos dictadores africanos y los casos de la ex Yugoslavia, ¿pero por qué no se crea un tribunal internacional que actúe sobre un país latinoamericano? La respuesta es muy sencilla: porque habría que analizar las responsabilidades que Estados Unidos tuvo en cada país, y eso es algo que todavía esta lejos de levarse a cabo.
—En Argentina se juzgó a los comandantes de las Juntas y a varios represores, pero nunca se avanzó sobre los actores económicos que tuvo la dictadura. ¿Se podrá llevar adelante ese juicio alguna vez?
—Espero que sí. El genocidio que se llevó a cabo en la Argentina tuvo una finalidad económica; desindustrializar el país, endeudarlo y hacerlo más dependiente. El presidente dijo una vez que habría que encarcelar a José Alfredo Martínez de Hoz, espero que alguna vez veamos la concreción de ese juicio y de algunos otros más.
