La polémica que encendió el ex comisario Luis Patti tras ser elegido diputado nacional en 2005 y luego inhabilitado para asumir el cargo motivó un proyecto que podrá dejar su marca en Lanús: el Concejo Deliberante analiza la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas a dirigentes políticos que hayan estado vinculados a la dictadura última militar.
La propuesta se refiere a los cargos ejecutivos y legislativos de ese distrito del conurbano bonaerense, según se debatió en una sesión extraordinaria.
Asentado en el expediente B-00496/08, el artículo primero de la disposición excluye del derecho de trabajar en cualquier área municipal a “todas aquellas personas que hayan ocupado cargos en gobiernos surgidos del quiebre institucional, utilizando para ello a las Fuerzas Armadas de la Nación”.
No obstante, el texto de la medida que evalúa el cuerpo deliberativo no afecta a los empleados que fueron contratados o trabajaron en relación de dependencia durante la dictadura por no considerarlos “actores político con poder de decisión”, según lo explicó la autora del proyecto, la concejal del Frente para la Victoria (FpV), Paola Rezano.
En diálogo con AUNO, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del legislativo local explicó que el objetivo del proyecto “es sentar precedente para que nunca más personajes nefastos vuelvan a ocupar un lugar desde donde se les quite la vida a todos los habitantes del municipio”.
La concejal dejó en claro que “en este momento no existe ningún funcionario en la comuna que haya sido partícipe de la dictadura” entre 1976 y 1983: “Calculamos que se va a tratar rápidamente, porque tenemos el compromiso del presidente del Concejo Deliberante y del intendente (Darío Díaz Pérez) para que el proyecto sea aprobado lo antes posible”, puntualizó.
En la conferencia de prensa de presentación del proyecto, el jefe comunal aportó una cuota de “alarma” y “preocupación”. En su criterio, “todavía hay cosas por las cuales estar preocupados, ya que no fuimos capaces todavía de lograr que el pensamiento hegemónico del argentino medio se manifieste claramente a favor de la defensa irrestricta de los derechos humanos”.
La diputada provincial por el Movimiento Libres del Sur Laura Berardo —presente en el anuncio organizado por la comuna— especificó que el espíritu del proyecto es el mismo que el de un texto legislativo de su autoría que es analizada en la Cámara de Diputados bonaerense y que plantea una reforma al Código Electoral provincial.
Esta propuesta obtuvo recientemente el despacho positivo de la comisión de Reforma Política, y fue girado a la de Derechos Humanos, según informó la propia legisladora.
Berardo detalló que la medida también recae sobre quienes son sindicados por su condena social —amén de la penal— ya sean “partícipes de delitos de lesa humanidad, cómplices de hechos de corrupción destinados a encubrir esos abusos, detentores de cargos electivos durante los períodos de dictaduras en Argentina o directores, secretarios y miembros de otros lugares de jerarquía”.
Junto a Rezano y Barardo también estuvo la disputada nacional Victoria Donda Pérez, hija de desaparecidos que fue apropiada por represores allegados a su familia biológica y que es una más de las nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo.
“La memoria es un faro para saber qué tipo de país queremos; y no queremos delincuentes dentro de las instituciones que deben representar al pueblo, ni que los que fueron cómplices sigan diciendo que nos representan”, opinó la diputada enrolada en las filas del oficialismo.
GD-SAM-AFD
AUNO-16-07-08
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