Luces y sombras de las políticas para la discapacidad

Más del 7 por ciento de la población nacional tiene alguna discapacidad; pero los censos oficiales están sospechados. El “75 por ciento de las personas discapacitadas, desocupadas”. Hospitales especializados en rehabilitación, saturados. El 85 por ciento de los habitantes afectados sin certificado de discapacidad. Problemas en accesos y transportes. Datos que revela la situación de “inclusión” de las personas con discapacidades en el sur del Conurbano bonaerense.

“La cifra de discapacitados podría ser mayor ya que (en el censo del 2001) no se tomaron en cuenta poblaciones rurales con menos de 5 mil habitantes, y en los poblados rurales es donde más discapacidad hay”, advirtió Francisco Godoy, vicepresidente a cargo de Unión de Trabajadores con Discapacidad (Utradi) de Lanús.

LANÚS: UN MUNICIPIO CON LEGISLACIÓN
Según estadísticas de la organización, agregó, “el 75 por ciento de los discapacitados estaría sin trabajo”, en gran medida “porque ninguna municipalidad cumple con el cupo del 4 por ciento de empleados con discapacidad que debería”, tal como lo establece la legislación.

Por ejemplo, en el municipio de Lanús hay escuelas especiales provinciales para todo tipo de discapacidad (motriz, mental, auditiva o visual), pero “el 70 por ciento de los discapacitados no tiene certificado (de discapacidad) ni pensión”, denunció Godoy.

La legislación del distrito administrado por Darío Díaz Pérez dispone que el certificado nacional de discapacidad sirva para la tramitación de pases gratis en líneas de colectivos locales, además de otras que establecen la construcción de rampas en las zonas céntricas y la obligatoriedad de que los bares y restaurantes tengan instalaciones adecuadas para personas en sillas de ruedas. Pero no siempre las ordenanzas no son respetadas.

“A veces no se cumplen las ordenanzas”, reconoció Elvira Iaccarino, referente de la Dirección de Integración de la Discapacidad de Lanús, quien no obstante pero valoró “que (en el distrito) estén es un primer paso, ya que hay otros municipios que no tienen ni la legislación”.

Por otra parte, Iccarino detalló cómo ese organismo comunal interactúa con jóvenes y adultos: “Las demandas se reciben en el centro y desde allí se derivan a los chicos a las escuelas o centros de día, y a los más grandes se los ayuda con la tramitación de las pensiones”.

LOMAS DE ZAMORA: SIN UN ÁREA DE DISCAPACIDAD
Unos kilómetros más al sur, en la comuna conducida por Jorge Rossi, la ordenanza 4332 prevé la construcción de rampas en áreas denominadas residenciales; y la 4335, la obligatoriedad de ocupar el 2 por ciento de los cargos municipales con personas con alguna discapacidad.

Sin embargo, “Lomas de Zamora no cumple con el cupo de ocupación, si no tiene todavía ni siquiera una dirección del discapacitado”, sentenció Godoy.

Por otra parte, en este distrito funciona uno de los talleres protegidos de producción dependientes de un programa de asistencia provincial donde trabajan 35 personas con discapacidades mentales, que no escapa a la situación de deterioro general ya que el tiempo de espera para ingresar “es mayor a un año”, según lamentó Jorge Insúa, representante de la Asociación de Padres en Asistencia al Discapacitado (APEAD).

“Contamos con un presupuesto mensual de 100 pesos por chico”, informó a AUNO durante una recorrida por el taller donde los trabajadores estaban produciendo cepillos, peluches y juguetes para la venta.

El referente de APEAD detalló el rol social que cumple esta iniciativa: “Para muchos de los chicos esto es su vida”, destacó, y “uno no puede dejarlos sin trabajo acá porque por ahí es la única actividad que hacen por su cuenta”.

Al respecto, Godoy consideró que “con suficiente preparación una persona discapacitada podría ocupar cualquier puesto de trabajo”, pero aclaró que “la capacitación es baja y los chicos si no están en un taller protegido, ni en las municipalidades cumplen los cupos”.

En materia de salud, muchos casos de los de los municipios de Lomas de Zamora y Lanús que necesitan un tratamiento especializado son derivados al Hospital Subzonal Especial de Rehabilitación José Jorge, de Almirante Brown.

ALMIRANTE BROWN: LA SALUD, SATURADA
El distrito browniano, por su parte, es uno de los más extensos del sur del conurbano Bonaerense y tiene alrededor de 600 mil habitantes, de los que el 10 por ciento son personas con capacidad diferente, según datos oficiales de la Municipalidad de Almirante Brown.

Si bien la ordenanza 7846 regula los derechos e igualdad de oportunidades del discapacitado, la salud, el trabajo, la educación y el transporte son ámbitos en los que ellos deben luchar permanentemente para poder acceder.

El Hospital Jorge, es el único centro de salud especializado que, además de pacientes de ese distrito, atiende la demanda de los partidos de Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Presidente Perón, e incluso concurren personas desde varias provincias.

Para abastecer a toda el área, el Jorge cuenta con diez médicos y 20 paramédicos para 200 pacientes por día, de las cuales 60 están internadas, un cupo que cubre el 80 por ciento de la capacidad del lugar, según precisó a esta agencia el jefe de Estadísticas de ese centro sanitario, Eduardo Alasevicius.

El tema es que para hacer la rehabilitación, la persona necesita medios para el traslado. Y en Brown “no hay coches específicos para estas tareas y no siempre están disponibles las ambulancias, ya que la cantidad es insuficiente y se las requiere para casos de mayor urgencia”, explicó Susana López, madre de un joven que quedó parapléjico en un accidente laboral, mientras trabajaba para un plan social del Estado.

Si bien la normativa municipal estipula solicitar ante la Dirección de Tránsito del distrito un pase libre para el discapacitado y otro para su acompañante, este trámite “muchas veces no es accesible” y limita el uso de otras líneas que no dependan de la comuna. “Esto se dificulta más cuando no se tiene una discapacidad visible, porque se llega a cuestionar el certificado”, destacó López.

Además, “la mayoría de las líneas de colectivos municipales no están adaptadas” a los requerimientos de la ordenanza, y el acceso a los trenes en la mayoría de las estaciones ferroviarias del ramal Roca “constituye un problema para las personas con discapacidades motrices”, denunció la mujer. “Por ejemplo, las de Burzaco y Longchamps son inaccesibles” por falta de infraestructura, añadió.

Por otra parte, como en la mayoría de los partidos, el artículo 15 de la ordenanza 7846 prevé que el 4 por ciento de la planta funcional de la Municipalidad sea destinado como reserva laboral para los discapacitados.

Sin embargo, “nadie conoce quiénes ocupan esos lugares”, denunció López. El listado que reserva ese porcentaje para el empleo de personas con capacidades diferentes debería ser público, pero “no hay acceso a ese registro y son muy pocos los que consiguen un puesto de trabajo en la Municipalidad, como lo estipula la ley”, criticó.

Así, la inserción en los distintos ámbitos de la vida cotidiana parece estar condicionada y sin un control efectivo del Estado.

“Las leyes son letra muerta. Hacerlas cumplir es una victoria.” Con esa frase, López sintetizó la situación con la que se deben enfrentar cotidianamente las personas con capacidades diferentes. Y concluyó en que este escenario “se agrava mucho más a medida que se entra en los municipios, donde los recursos son muy limitados”.

RCI-PER-AFD
AUNO-11-06-09
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