Lomas de Zamora, octubre xx (AUNO).- La historia de Mariano Ferreyra no es de las que siguen formatos convencionales. Empieza por final y usa como renglones a las vías del ferrocarril. En esta última década, los relatos de luchas sociales con finales atroces se escribieron a la orilla de rutas, puentes y estaciones de tren. A la lista de asesinatos recientes durante protestas y movilizaciones de trabajadores, se sumó en 2010 el nombre de este joven militante del Partido Obrero (PO). A dos años de su asesinato, las coincidencias con otras historias afloran: balas, complicidad y un grueso entramado de prebendas entre las empresas, el Estado y la burocracia sindical.
Ochos años y una estación de por medio separan a la “Masacre de Avellaneda” del crimen de Mariano Ferreyra. El 20 de octubre de 2010 era miércoles y desde hacía algunos meses, trabajadores tercerizados de la línea Roca reclamaban la reincorporación de más de cien despedidos de la empresa, por entonces gestionada por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE).
Acompañados por organizaciones y partidos de izquierda, los tercerizados habían adoptado una metodología de lucha que atacaba justo al centro neurálgico de ese medio de transporte: el corte de vías. El último, de once horas de duración, tenía fecha del 21 de julio. Pero fruto de esa y otras (varias) medidas similares sólo habían conseguido hasta el momento la restitución de doce puestos de trabajo. Para octubre, lo ánimos más que caldeados anticipaban la repetición de esa estrategia.
Mariano, de 23 años, hacía algún tiempo que participaba activamente de la sede Avellaneda del PO. Su ímpetu lo empujó desde el principio a integrarse a la filas de agrupaciones de izquierda. Sus compañeros de militancia recuerdan aún su presencia aquel 26 junio de 2002 cuando una orden represión firmada por el gobierno de Eduardo Duhalde provocó la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. De allí data su pedido de solidaridad de los tercerizados del Roca.
Ese miércoles que lo asesinaron, Ferreyra llegó a la estación de Avellaneda a media mañana junto a las columnas del PO, el Polo Obrero y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), en la que también participa. El día anterior había recorrido la zona para sumar gente a la protesta, mientras participaba en el diseño de una bandera que llevaba la consigna “Trabajadores tercerizados en lucha”.
La estrategia de lucha ya la conocían. Quizás por eso, como había ocurrido en jornadas pasadas, una patota de la Unión Ferroviaria (en la que habrían actuado barrabravas de Independiente, Banfield y Ferro) se interpuso en el corte antes que pudieran llegar a destino.
Los ataques se sucedieron entre Avellaneda y Barracas. Tras cruzarse con un operativo policial camino a la estación de Avellaneda, las columnas integradas por el grupo de ferroviarios y movimientos de izquierda desviaron el recorrido hacia el Puente Bosch cuando reconocieron a la patota de la UF a metros de las vías.
Los que siguió fueron corridas, piedras y balas de goma. Al percatarse del cambio de rumbo, la policía y los de UF desataron el ataque en la calle, a metros de la estación Yrigoyen. Fue breve (no duró más de diez o veinte minutos) y desigual, según cuentan los testigos.
Con palos y piedras, trabajadores y militantes le hicieron frente a las armas de la patota que, replegada, abrió fuego contra los manifestantes. Desorientados, trabajadores y militantes no imaginaban que la balacera alcanzaría el cuerpo de varios de sus compañeros. La pérdida de sentido en la que los sumergía el enfrentamiento, ingenuamente les hizo pensar que no les estaban tirando a ellos.
A cincuenta metros de distancia, los dedos que apretaron los gatillos huían impunes dejando atrás un muerto y tres heridos, una de ellos, de nombre Elsa Rodríguez, con un balazo en la cabeza que la mantuvo cuarenta días en coma.
Al día siguiente, el titular de la UF, José Pedraza, y actual imputado en la causa que investiga el asesinato del joven Ferreyra dijo estar libre de culpa y cargo, aunque reconoció que los responsables del ataque estaban vinculados a su gremio. Casi dos años después, él junto a nueve sindicalistas más, entre ellos Juan Carlos “Gallego” Fernández, segundo de Pedraza en la UF, y el delegado del gremio en la línea Roca, Pablo Díaz, se sientan en el banquillo de los acusados.
Mientras familiares, amigos y compañeros de Ferreyra reclaman prisión perpetua para los responsables del asesinato, corre en paralelo otra trama más vinculada a la administración del ferrocarril, que también se analiza en el juicio iniciado el 6 de agosto: amenazas a testigos y ex empleados, bandas armadas dentro de la estructura de Ferrobaires. Estos temas le costaron 24 horas de libertad a uno de los testigos de la causa, Alfonso Severo, secuestrado en Gerli, quien luego fue a declarar con chaleco antibalas y una fuerte custodia policial.
DR-AFD
AUNO-19-10-12
