Foto: Guadalupe Lombardo
Una multitud -según los organizadores, un millón y medio de personas en todo el país- salió este miércoles a la calle en defensa de las universidades públicas y en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario anunciado por el Presidente Javier Milei. En la Ciudad de Buenos Aires marcharon docentes, estudiantes y trabajadores autoconvocados o pertenecientes a sindicatos y organizaciones sociales. También dirigentes de la oposición. Horas después, Milei firmó el veto.
Los manifestantes inundaron la plaza Mariano Moreno, donde se realizó el acto central y se leyó el documento que declara la “emergencia” educativa. “El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza” mientras que el “Estado decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar al sistema desmantelando uno a uno los pilares que los sostienen”.
El secretario de Políticas Universitarias de UTE, Marcelo Creta, aseguró en el acto central que “a los trabajadores de las universidades nacionales les dieron una pauta 17 por ciento menor que a todos los trabajadores del país, lo que hoy genera que sean los peores pagos de la Argentina”. En la misma línea, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, informó que “el 60 por ciento de los docentes tiene un salario de 420 mil pesos y según el INDEC para no ser indigente se necesitan 421 mil pesos”, por lo que tienen “un salario mínimo de indigencia y si es jornada completa, el doble, sigue siendo pobre”.
El documento titulado “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” también hace hincapié en el Presupuesto 2025, que de no ser modificado agravará la situación de las universidades y el sistema científico, poniendo en juego su continuidad. Ya que “tan solo la mitad de los recursos reclamados mínimos para funcionar fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024 y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año”.
La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Paquita Staiti, aclaró por qué el conflicto no se resolvió después de la marcha del 23 de abril: “Cinco puntos teníamos para que se solucionara el tema, a uno solo dieron respuesta: el funcionamiento de las universidades, no había para pagar los servicios y sino se cerraban las puertas”. Por lo que quedaron “afuera” la actualización de los salarios y de las becas, la continuación de las obras dentro de las universidades y el presupuesto para investigación y extensión. Esto marcaba la importancia de la ley de Financiamiento Universitario, porque “habilita un piso salarial y un piso presupuestario”.
“Que el pueblo tenga la oportunidad de formarse no es un costo es una inversión”, “sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad”, “si la educación no es un derecho para todos es un privilegio para algunos” eran algunas de las leyendas inscriptas en los carteles que se sostenían junto con banderas de sindicatos, centros de estudiantes y agrupaciones políticas desde la calle Virrey Ceballos hasta la avenida 9 de julio y las laterales que rodean la plaza frente al Congreso.
Leandro (21) es el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En las inmediaciones de la plaza, rodeado por sus compañeros, opinó que la importancia de la marcha está en que “exista la oportunidad para cualquier persona, en cualquier situación económica, de poder acceder a la universidad pública y de calidad”, y agregó: “Lo que está sucediendo hoy en día es un ataque directo al modelo de país que piensa en el desarrollo de la gente, que piensa en ayudar al que no tiene”.
El 13 de septiembre el Congreso aprobó el proyecto de Financiamiento Universitario. Esta ley proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 para los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Además, buscaba recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la inflación acumulada informada por el INDEC durante dicho período. En las últimas paritarias el gobierno ofreció un aumento del 5,8 por ciento más 1 por ciento que correspondería a este mes. En un contexto donde los salarios tuvieron una pérdida del 50 por ciento del poder adquisitivo y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estas medidas para el financiamiento de las universidades hubieran implicado una inversión por parte del Estado equivalente a 0,14 por ciento del PBI.
“No queda otra que salir a la calle y luchar por lo que nos corresponde”, aseguró Valentina, de 18, que fue a la manifestación con sus amigas y el centro de estudiantes secundarios de Vicente Lopéz. Ella quiere estudiar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo el año que viene, cuando termine la escuela. Y manifestó que le “emociona mucho ver tanta gente” porque “es muy lindo que se vuelva a ver así la cantidad de compañeros y compañeras que están acá”.
AUNO-3-10-2024
RA-MDY
