Lomas de Zamora, mayo 25 (AUNO).- A dieciséis días de asumir la titularidad del Juzgado Federal de Río Grande, la magistrada Mariel Borruto resolvió suspender las indagatorias a 18 militares denunciados por torturar a soldados conscriptos en la Guerra de Malvinas.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, querellantes en el proceso, exigieron que se revierta la decisión comunicada este viernes, porque, a su criterio, implica la “revictimización” de denunciantes y testigos.
La resolución de Borruto fue un golpe para la causa 1777/07 que reúne más de 120 denuncias por 105 casos de tormentos físicos y psicológicos, y donde están acusados 95 oficiales y suboficiales argentinos.
Tras doce años de espera, el 2 de mayo pasado el juez Federico Calvete, entonces interviniente en carácter de subrogante, había fijado las fechas de los primeros llamados. Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini debían presentarse ante la Justicia entre el 27 de junio y el 4 de julio.
Según indicaron desde la querella, los argumentos esgrimidos por Borruto para aplazar las audiencias hasta nuevo aviso fueron la falta de espacio y de medios para concretarlas en los días pautados por su antecesor.
El abogado del equipo jurídico del Cecim La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, sostuvo que lo ocurrido “es inconcebible” y apuntó que “cuando se tiene la vocación político institucional de avanzar en este tipo de causas no es necesario que se den todos los requerimientos que el Juzgado está pidiendo para poder alcanzar la Verdad y la Justicia”.
La dilatación de las indagatorias “generó muchísima angustia en las víctimas que, después de doce años, sienten que el Estado, representado por el Poder Judicial de la Nación, sigue tomándolas como moneda de cambio y sigue haciendo de su causa, de sus dolores, una cuestión burocrática”, aseguró Guerrero Iraola en diálogo con AUNO.
“Aquí ha operado el lobby militar, que está muy preocupado por el avance de esta causa”, denunció el abogado del Cecim.
Guerrero Iraola adelantó que informarán lo ocurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde ya tramitan la petición para que se declare “la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración y la privación del derecho de acceso a la justicia hacia las víctimas”.
“Esto es un escollo más, pero lo vamos a lograr resolver desde el activismo, como lo hemos hecho siempre”, manifestó el abogado y aseguró: “Pronto vamos a tener a los torturadores sentados en el banquillo de los acusados prestando declaración indagatoria”.
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