(AUNO-TERCER SECTOR*) Mientras las comunidades indígenas sufren el despojo en manos de fallos judiciales que no contemplan antecedentes ni historia, un proyecto de ley intenta al menos poner límite a la compra indiscriminada de tierras. En el Congreso Nacional comenzó a discutirse una iniciativa que restringe la compra de inmuebles rurales a extranjeros.
“Con esta ley buscamos regular la compra de tierras ya que con muy poco dinero las empresas extranjeras compran miles de hectáreas “#8220;sostuvo el diputado Jorge Daud, autor del proyecto-. Queremos preservar el sentido de nación, cuidar nuestro patrimonio y garantizarle a nuestros hijos un lugar donde vivir”.
El proyecto original prohíbe la compra de inmuebles rurales por parte de personas “extranjeras físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país”, mientras que en uno de sus artículos señala a quienes se encuentran exceptuados: extranjeros que tengan residencia, sociedades anónimas con autorización y empresas argentinas en sociedad con extranjeras.
El límite de compra está expresamente señalado a pesar de las distintas voces que se resisten a mantenerlo: el artículo 3 del proyecto señala que “sólo se podrán adquirir por sí o en condominio inmuebles rurales que no excedan a cuatro unidades económicas de producción”, superficie que será determinada por cada provincia y que en el caso de Entre Ríos corresponde a 600 hectáreas.
“No pretendemos desanimar la inversión externa, lo que queremos es estimular la inversión responsable, la producción y la creación de fuentes de trabajo y la garantía de continuidad en el país”, remarcó Daud.
A su vez, la iniciativa contempla que los ciudadanos extranjeros que tengan cónyuge o hijos argentinos o aquellos que demuestren residencia efectiva de diez años en el país, podrán adquirir tierras sin ningún tipo de restricciones.
Según el proyecto, el organismo encargado de reglamentar este régimen será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación que creará un registro de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales. La inscripción en el registro será anual y obligatoria.
En el caso de las sociedades anónimas ya constituidas, el propuesta fija un plazo de seis meses para blanquear la situación y comunicar la cantidad de áreas rurales de su propiedad.
En la actualidad, el proyecto esta siendo tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería y cuenta con el apoyo del presidente del bloque de diputados, José María Díaz Bancalari, las bancadas del ARI y del Frepaso.
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Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
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