Vecinos se oponen a la habilitación de nuevas plantas en el polo industrial de Máximo Paz

Luego de denuncias de contaminación ambiental que hicieron vecinos de Cañuelas, el Concejo Deliberante le había quitado al Ejecutivo municipal el poder de habilitar empresas en el polo petroquímico durante 180 días. El objetivo fue efectivizar controles intensivos en las compañías, y hasta hubo un convenio con la Nación para equipar el área de medio ambiente. Pero los informes no se conocen y ni siquiera se nombraron los cargos del área de control. El plazo venció. Y ahora temen que haya vía libre para el funcionamiento de las mismas empresas que habían sido denunciadas.

La Asamblea Defensora del Medio Ambiente de Máximo Paz (ADEMA), una organización vecinal que reclama por las irregularidades en materia de contaminación que presenta un polo industrial de esa localidad de Cañuelas, denunció que las autoridades municipales de ese partido pretenden rehabilitar la zona industrial tras el vencimiento de una ordenanza, aprobada en el marco del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que le quitaba el poder al Ejecutivo comunal para otorgar certificados de habilitación a empresas que solicitaran radicarse en ese sector.

La vencida ordenanza 3248/07 fue elaborada por el legislativo municipal el 12 de septiembre del año pasado y estuvo vigente durante 180 días, plazo previsto para que el municipio presentara un “plan ordenador”, detallando cómo se resolverían los problemas de contaminación ambiental en Máximo Paz, lo cual fue un logro positivo para los vecinos de esa comunidad que reclamaron para que es norma se sancionara.

“La Municipalidad nos está apretando a nosotros para que cedamos a que deroguen la ordenanza porque las empresas inhabilitadas y las que estaban en obra los presionan a ellos para empezar a funcionar”, denunciaron miembros de ADEMA.

Tal como ya lo había publicado esta agencia, la localidad cuenta con el único polo industrial habilitado por el municipio para la radicación de fábricas de “categoría 3”, que según la ley 11.459 son los sectores de “mayor complejidad ambiental, potencialmente peligrosos y no deben situarse cerca de centros urbanos”, debido a los elementos químicos que utilizan para la elaboración de sus productos. (ver Máximo Paz en riesgo ambiental )

Para la organización, “si en el municipio se deroga esta ordenanza, cualquier industria podrá radicarse en Máximo Paz, como así también las que empresas clausuradas por Acumar” (la Autoridad de la Cuenta Matanza-Riachuelo), según argumentó la presidenta de la agrupación vecinal, Lucía Soria, en diálogo con AUNO.

La medida que había sido sancionada como “norma de emergencia”, según consta en la posterior ordenanza 2393/08, por las reiteradas denuncias de los vecinos, fue suspendida el 7 de febrero por el vencimiento del plazo previsto. Ese día, las autoridades del municipio, Acumar y ADEMA fijaron para el 12 de marzo una audiencia pública, en la que se debía informar a la comunidad de Cañuelas sobre la situación medioambiental de ese sector.

Pero “ninguno de los puntos mencionados fue respetado y a la ordenanza que se había dado de baja en marzo, la municipalidad la quiere derogar porque no permite que se instalen empresas en el sector industrial y se justificaron diciendo que fue una equivocación política”, afirmó a AUNO Mónica Baguear, vocal primera de ADEMA.

Por otro lado, la Municipalidad de Cañuelas cuenta con un convenio propuesto por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que fue elaborado para fortalecer la gestión municipal en materia de ambiente, con un presupuesto de 600 mil pesos. (ver A la espera de que se concrete un convenio )

Cuando esta agencia preguntó a la asamblea sobre su postura, sus integrantes fueron claros y expresaron la necesidad de “mantener un buen contacto” con los empresarios y la comunidad para preservar las fuentes de trabajo, pero se mostraron “disconformes” con la empresa Azyga Chemist SRL, una química acusada de causar polución en el ambiente que serían la causa de los perjuicios en el aparato respiratorio de la mayoría de los niños nacidos en la zona a partir de 2000 y que, además, “está funcionando a pesar de su estado de clausura”, según aseguraron. (ver La denuncia de los vecinos contra una química )

Por su parte, el 8 de abril último, las autoridades de Acumar enviaron al secretario, Alejandro Rossi, un informe elaborado en una de las reuniones que todos los jueves encabezan los miembros de ADEMA en un club barrial.

“Rossi sólo nos dejó en claro que para seguir con los reclamos como organización necesitamos una personería jurídica y más que presentar un informe sobre la situación de Azyga Chemist SRL, no pudimos hacer”, criticó Mónica.

AAF-AFD
AUNO-16-05-08
locales@auno.org.ar

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