Vecinos denuncian el remate de sus viviendas

Las habían adquirido durante la aplicación de un plan nacional de viviendas. Fueron construidas por dos cooperativas que quebraron y en forma de pago entregaron las casas al Banco Hipotecario, que había financiado las obras. “Nos llegan intimaciones de desalojo y cartas de extorsión”, lamentó un vecino.

Un grupo de vecinos de la localidad de San Esteban, en el partido de Cañuelas, denunció ante la Comisión Nacional de Tierras y Viviendas el remate de algunas de sus 314 propiedades del barrio que son disputadas por el Banco Hipotecario Nacional y la Liga de Rematadores de Capital Federal a causa de una deuda que mantenían las cooperativas que las construyeron.

El barrio está ubicado a orillas de la Ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 54, y fue construido hace más de 20 años por medio de un plan nacional de viviendas que encabezaron las quebradas cooperativas Infico S.A y De Vivienda Gran Bourg Limitada, con un préstamo del Banco Hipotecario Nacional.

El proyecto inicial que fue aprobado por el municipio cañuelense en 1988 suponía la creación de planos para la edificación de 314 viviendas en una superficie total de 26.546 metros cuadrados, con desagües, cloacas, agua y luz, pero las obras quedaron estancadas cuando las cooperativas se declararon en banca rota y en forma de pago entregaron esos predios al banco.

A pesar de que en la Municipalidad rige una norma que prohíbe propiedades menores a 10 metros de ancho por 30 de largo, el barrio San Esteban cuenta con la división de terrenos de 6 metros de ancho por 19 de largo, por lo que los fondos de los vecinos están conectados y separados por pequeños pasillos.

A causa de algunos de los remates que llegaron a la instancia del desalojo, los vecinos informaron de la situación a la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social con una carta que contó con el aval de las firmas del 79 por ciento de los habitantes del barrio y fue archivada por las autoridades de la comisión en el expediente 0311/08.

El abogado de la comisión, Roberto Perito, explicó a AUNO que en medio del conflicto el banco se privatizó y “el nuevo sistema burocrático perjudicó y demoró la refinanciación de las viviendas porque algunas no estaban habitadas por los que habían postulado para su ocupación, y sólo ellos pueden acceder a ese beneficio”.

Además, aseguró que el banco “había otorgado créditos previos a la convertibilidad y estos sólo pueden ser pagados por los moradores”.

Rubén López, uno de los habitantes que encabeza el reclamo explicó a esta agencia que “ninguna autoridad del banco” les ofreció una solución para destrabar el conflicto sino que sólo obtuvieron “intimaciones al desalojo, cartas de extorsión de financieras del banco y abogados de agencias que se dedican al cobro por apremio”.

La consecuencia directa de la quiebra de las cooperativas, señalada por los vecinos, es la condición de “hacinamiento” en se encuentran las viviendas al no contar con los recursos básicos habitacionales.

El secretario ejecutivo de la comisión nacional, Claudio Palermo, explicó que si bien están trabajando en la elaboración de un proyecto que solucione el problema para las dos partes, es difícil porque se trata de un banco que “antes tenía una actividad social y ahora responde a intereses financieros”.

Los remates que realizó el banco “fueron dirigidos únicamente a aquellas viviendas que habían cambiado de dueño, mientras que el resto de los vecinos fueron intimados a pagar la deuda a través de una refinanciación, abonada en cuotas”, explicó en diálogo con AUNO una fuente del Banco Hipotecario, y argumentó que “la situación sólo afecta a algunos complejos habitacionales”.

Desde la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), a cargo de Luis Ángel D´Elia, afirmaron que están al tanto de la situación de los vecinos de San Estaban y van a acompañar la lucha.

En este sentido, López aseguró que “después de muchos meses de lucha nos sentimos acompañados con el municipio, pero lamentablemente la tarea es ardua y más que lenta, por lo que no acompaña a las necesidades que tenemos los 314 dueños”, esto es más de 600 personas.

A modo de conclusión, López precisó que los vecinos esperan que el banco tenga “un gesto positivo” para solucionar la situación: “No queremos que nos regale ninguna casa sino pagar por lo que tenemos y no por lo que dicen que nos vendieron ni por lo que mejoramos y construimos en las viviendas”.

AAF-AFD
AUNO-25-02-09
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