La tala y el desmonte en los departamentos salteños de Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria tienen un alto impacto ambiental y social, según lo determina un informe realizado por expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Conicet y el INTA-Castelar, a pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa iniciada por comunidades de la etnia wichí contra el desmonte en esa zona.
El informe, presentado ante la Corte hace dos semanas, fue elaborado con el objetivo de presentar los marcos conceptuales en los que debería inscribirse el estudio de impacto ambiental acumulaivo (EIAAc) y ofrece las evidencias disponibles acerca del alto impacto de las acciones de tala y desmontes sobre el este de Salta.
En el ámbito de la reglamentación de la Ley 26.331 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, la Corte Suprema exigió a la provincia de Salta y a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) que realicen un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA) para determinar en qué grado se verían afectados los bosques con la nueva zonificación las áreas destinadas a la protección o al aprovechamiento sustentable que fija la ley.
Luego de que ambos organismos públicos presentaron el estudio, en agosto último, el máximo tribunal mantuvo la suspensión de la tala y el desmonte en los cuatro departamentos porque comprobó que entre 2004 y 2007 el Gobierno salteño avaló 191 de 195 solicitudes de desmonte enviadas por empresas forestales y agrícolas por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
En diálogo con AUNO, Gabriel Seghezzo, titular de la dirección salteña de la organización Fundapaz, que integra la Mesa de Tierra –comisión que reúne a 19 organizaciones de la Región Chaqueña — expresó que el estudio presentado por la provincia “debe ser anulado porque no cumple con los requisitos que exigió la Corte, no contó con la participación de la población y no deja en claro los efectos ambientales y sociales del desmonte ni las medidas de mitigación que se deben tomar”.
En este sentido, el informe de Facultad de Agronomía señala que un estudio de impacto ambiental debe considerar cuatro aspectos principales: identificar qué servicios ecosistémicos se verían afectados cuando se producen intervenciones; determinar la magnitud y sentido del cambio en el nivel de provisión de un servicio inducido por cada tipo de intervención; identificar los actores sociales, económicos y políticos involucrados; y cuantificar el nivel de apropiación de beneficios y perjuicios por parte de los distintos actores socio-económicos. De acuerdo con el informe, el estudio presentado por la provincia junto con las correcciones propuestas por la Secretaría de Ambiente, no cumpliría con los criterios señalados.
Por su parte, el investigador de INTA-Castelar Santiago Verón explicó a esta agencia que el informe elaborado con la UBA no critica la evaluación realizada por la provincia y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino que “presenta las variables indispensables para este tipo de estudios y sugiere ciertos elementos conceptuales para tener en cuenta”, por lo que, la Corte Suprema debería “solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental antes de adoptar una resolución definitiva”, consideró Seghezzo.
Según datos del INTA, entre 2001 y 2007 en Salta se desmontaron alrededor de 597.000 hectáreas en sólo cuatro departamentos: en Anta talaron 296.000 hectáreas, que representan al 50 por ciento del total; San Martín 116.200 hectáreas, 19 por ciento; Rivadavia 67.650 hectáreas, 11 por ciento; y Orán 45.500 hectáreas, 8 por ciento.
La transformación de los bosques, asociada a la explotación forestal y a la ganadería extensiva bajo monte y en pasturas cultivadas, genera diferentes opiniones: por una parte, el sector productivo celebra y fomenta la incorporación de nuevas áreas al mapa agrícola del país y la generación de ingresos que ello implica. Por otro lado, buena parte de la comunidad científica y las ONGs alertan sobre los riesgos que implica el modelo adoptado, en relación a la sustentabilidad de los ecosistemas y del entorno social.
El Poder Ejecutivo salteño reglamentó el 7 de julio la Ley provincial 7.543 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que destina 1.294.778 hectáreas a la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, en las que no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas a la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas a la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial).
A modo de resguardar el reclamo de las comunidades originarias, el Gobierno salteño emitió el 3 de julio el Decreto de Necesidad y Urgencia 2789/09 que establece en carácter precautorio la imposibilidad de talar en tierras de categoría II (amarilla). La medida fue sancionada en el ámbito de la Ley de Emergencia Aborigen 26.160, que declara en el artículo primero la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país por el término de cuatro años”. Además, en el segundo artículo acuerda “la suspensión de las sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º por el plazo de vigencia de la emergencia declarada”.
Con el objetivo de reforzar lo exigido en el recurso de amparo, un grupo de mujeres de las comunidades wichís y guaraníes del departamento de San Martín viajó en agosto a Buenos Aires y presentó ante la Corte Suprema un petitorio en el que exigen que se frene la tala y los desmontes clandestinos, la recuperación de tierras y territorios, la regularización de los títulos de propiedad y el acceso a viviendas dignas.
Por su parte, Miguel Montes, de la etnia wichí, denunció que si bien la Corte “suspendió la tala y el desmonte en toda la zona del reclamo, ahora traen madera de algarrobo de Formosa. La situación es muy preocupante porque nos estamos enfrentando entre los hermanos criollos. Necesitamos que el Gobierno nos regularice las tierras y nos tenga en cuenta”.
“En Salta sólo existen 5 comunidades con título de tierra. El principal problema es la tala y el desmonte indiscriminado y que los sojeros se han ido adueñando de todas las tierras hasta dejarnos en una orilla de la provincia. Vivimos de las artesanías y la caza y no nos dejan pescar porque dicen que es un comercio. Deberían respetar nuestra forma de vida, que en otros tiempos era libre, pero el problema es que nosotros no somos productivos para el Estado. El Gobierno no invierte en comunidades que ocupan menos de 1.500 hectáreas. Necesitamos urgente que nos regularicen las tierras”, remarcó Montes.
AUNO 10-10-09 AAF EV
