Repudian el arresto domiciliario a Balmaceda

Familiares de las víctimas calificaron como “grotesca” la resolución judicial que beneficia a uno de los autores de la “Masacre de Ingeniero Budge, un emblemático caso de “gatillo fácil” perpetrado hace 22 años por efectivos policiales. Anticiparon que la medida será apelada.

Familiares de las víctimas de la “Masacre de Ingeniero Budge” apelaron la resolución del Juzgado de Ejecución Penal de Lomas de Zamora que le había otorgado el beneficio de arresto domiciliario al suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, principal responsable del múltiple asesinato.

Balmaceda fue detenido en 2006 tras estar prófugo casi 9 años y recibió el beneficio de la Justicia de cumplir una condena domiciliaria, una decisión que se basó en “procurar su adecuada inserción social”, según la resolución del Juzgado.

Según la Coordinadora Antirrepresiva por los derechos del Pueblo (CADeP), la resolución de la Justicia fue “grotesca” ya que en la misma citan pactos internacionales de derechos humanos.

Además, la CADeP denunció esta situación como “un paso más en la campaña de encumbramiento e impunidad que desde el poder se les brindó a estos asesinos uniformados”.

En ese contexto, Balmaceda solicitó mediante un expediente que se le asigne una custodia policial en su domicilio para evitar posibles escraches por parte de los organismos de derechos humanos.

Balmaceda, junto con otros dos policías, asesinaron a Oscar Aredes, Roberto Argañaraz y Agustín Olivera en Mayo de 1987, en el barrio lomense de Ingeniero Budge, un hecho que dio origen a la denominación de “gatillo fácil”, que desde entonces se aplicó para referirse a crímenes cometidos por las fuerzas policiales.

Cabe recordar que la causa tuvo una primera sentencia en mayo de 1990, en la cual se condenó a Balmaceda y al cabo primero Jorge Alberto Miño a cinco años de prisión por “homicidio en riña”, en tanto que el cabo Isidro Rito Moreno recibió 11 años por “homicidio simple”.

Esta decisión judicial fue modificada tras una declaración de nulidad por parte de la Suprema Corte de la provincia, y esto derivó en una segunda sentencia en junio de 1994 que les aplicaba a los tres acusados una condena de 11 años de prisión por homicidio simple, aunque por distintos recursos presentados por la defensa de los policías, la orden de detención se dispuso recién en mayo de 1998.

Romero resultó detenido en 1999, pero Balmaceda y Miño recién fueron apresados en 2006, casi 20 años después de haberse cometido los asesinatos.

Según CADeP, esto fue posible gracias a la “larga lucha y campaña popular” que llevaron adelante diversas organizaciones de derechos humanos, frente a los diferentes reveses que encontraron en la Justicia, la Policía y el gobierno de la Provincia.

Además, la organización manifestó que ante esta resolución que favorece a Balmaceda, “sin ninguna duda”, saldrá nuevamente a las calles bajo la consigna: “Como a los Nazis les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”.

AUNO-8-10-09
LR-LDC
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