(AUNO-Tercer Sector*) Seis detenidos resultaron calcinados como consecuencia de un incendio en la Unidad Penitenciaria de Olmos. La misma tragedia sufrieron los 33 reclusos de la cárcel de Magdalena. La represión organizada contra 300 internos que reclamaban mejor comida en una penitenciaria del Chaco. Ocho presos muertos en el motín de Córdoba. Estos son tan sólo algunos de los conflictos registrados durante 2005 en las cárceles del país y que fueron consignas en un informe elaborado por el Observatorio Internacional de Prisiones-capítulo argentino con el objetivo de alertar sobre el recrudecimiento de la violencia detrás de los muros de acero.
En diálogo exclusivo con la Agencia Auno, Graciela Dubrez, presidenta de la ONG con sede en Francia y status consultivo de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU), denunció la violación sistemática de los derechos que sufren las personas privadas de su libertad en la Argentina y acusó al Gobierno nacional de no ubicar “ la dignidad del prisionero” dentro de sus prioridades en la agenda gubernamental.
“Buscan revertir las consecuencias de las políticas de mano dura implementados durante la gestión de (Eduardo) Duhalde en la Presidencia y de (Carlos) Ruckauf al frente de la provincia de Buenos Aires creando más cárceles pero sin aplicar medidas de fondo que eliminen la idea de subsanar los problemas sociales con la aplicación del código penal”, fustigó y sostuvo que “pese a que el Gobierno nacional se hace buches con el tema de los derechos humanos, hoy no hay política de Estado que revierta el estado de desamparo de las personas detenidas”.
Para llamar la atención sobre el grado de desidia que viven los presos en el país, basta con leer el informe en el que se detalla los conflictos que se produjeron durante el año pasado en las comisarías y unidades penitenciarias. En la lista extensa de casos, separado por provincia, se ubica en primer lugar la muerte de seis detenidos como consecuencia de un incendio iniciado por un preso en la Unidad N° 22 de Olmos, provincia de Buenos Aires.
También se consignan los ocho muertos y 30 heridos que ocasionó el motín en la penitenciaria de la ciudad de Córdoba, conflicto que mantuvo en vilo a los familiares de los internos durante las 24 horas en las que se extendió aquel 10 de febrero de 2005. La venta de alimentos, de medicamentos y drogas por parte del personal a los reclusos son otras de las prácticas denunciadas por la organización en el estudio que ya fue presentado ante las autoridades nacionales y provinciales competentes. – El informe alerta sobre la decisión de algunos directores penitenciarios de clasificar a los detenidos de acuerdo a su religión. ¿ Esto es una práctica aislada o se registra en todo el país?
-No. Se trata de una práctica que cada día gana más consenso y se ha extendido. Es una experiencia que nació en los Estados Unidos y es aplicada en la Argentina por directores de penitenciarias que argumentan que de esa forma, “ hace conducta”, es decir, adaptan a los internos al sistema y dejan de lado lo que dicta la ley: clasificar a los presos de acuerdo su historial, lo que comprende si es primario o reincidente o reiterante y el tipo de delito que se le imputa o por el que está condenado, lo cual genera desigualdad y discriminación en el trato entre los propios presos.
Un prototipo de ello es el Penal N° 28 de Magdalena donde su director – separado de su cargo luego de un incendio que provocó la muerte de 33 presos- implementaba este régimen de acuerdo a la “conducta evangélica”. “Cuando se le recordó que de acuerdo a la Carta Orgánica del Servicio Penitenciario y la Ley de Ejecución Penal, a los internos se los debe clasificar de acuerdo a su condena y conducta, la respuesta del funcionario fue que, como no había dado resultado ese método, él instrumentaba el suyo que era una particular visión de la socialización de acuerdo a los preceptos evangélicos”, detalla la investigación.
Para Dubrez, detrás de esta dicotomía entre lo que dicta el universo ideal de las leyes y lo que refleja la realidad de aquellos que viven en su pabellón superpoblado sin comida ni medicamentos se esconde la necesidad por parte del la sociedad argentina de definir la función social del encarcelamiento. “¿Las cárceles son un lugar para reflexionar sobre el error cometido o un lugar de escarnio y castigo?”, se preguntó. “ No hay que ser hipócritas y luchar por mejorar la situación de esas personas que están abandonados a su suerte en los cárceles”.
– En la mayoría de los casos registrados en el informe, la separación del cargo de las autoridades de los penales es la única sanción ante la impericia o como usted prefiere llamar “abandono de persona” de los detenidos. – Sí, pero en muchos de los casos no se trata de una exclusión del sistema sino del traslado a otra unidad. Pero esto no es culpa de ellos, sino que es responsabilidad del poder político que no se encarga del tema.
De esta forma, el Gobierno nacional suma una advertencia más sobre el estado de caos e indefensión en el que cumplen sus condenas las personas privadas en su libertad en el país. A mediados de mayo de este año Amnistía Internacional envió al Ejecutivo un informe de igual tono en el cual denunciaba la superpoblación de las cárceles y la falta de medidas de higiene y seguridad en los pabellones.
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