Prisión para cinco policías por plantar cocaína

Se trata de cinco ex agentes de la Comisaría de Ingeniero Budge que realizaron un allanamiento ilegal en la casa de una familia peruana. Les colocaron cocaína y detuvieron al matrimonio. “Quedó demostrado que hubo un plan y una división de las tareas”, sostuvo la fiscal.

Marina Pandolfi

Lomas de Zamora, octubre 29 (AUNO).- El Tribunal Oral en lo Criminal 9 de Lomas de Zamora condenó a cuatro años de prisión a cinco policías de la Comisaría 10º de Lomas de Zamora por “allanamiento ilegal, en concurso real con privación ilegítima de la libertad con abuso funcional, falsedad ideológica de documento público, y tenencia ilegal de estupefacientes” contra un matrimonio peruano.

El hecho se produjo el 5 de marzo de 2013 en la localidad de Ingeniero Budge. “Tomá peruano, mirá lo que te encontré”, escuchó Héctor Montero, quien quiso voltear la cabeza para mirar mientras era revisado contra una pared, pero no lo dejaron. Él y su mujer se habían despertado en medio de la noche con cinco policías en la puerta de su casa que les decían que los necesitaban de testigos porque había ocurrido un homicidio en el barrio.

Según la reconstrucción judicial a la que tuvo acceso AUNO, cuando Héctor les abrió, los agentes Damián Carrizo, Gabriel Segovia, Walter Gianni, Ariel Giménez y Alberto González “se metieron sin permiso” y comenzaron a “revisar” la casa, según declaró ante el tribunal.

Héctor vivía con su mujer, Giovanna Ramos, en una casa en la calle Olimpo y las vías, en Ingeniero Budge, y se dedicaba a la albañilería. En su declaración relató que, antes de que ingresaran, hubo un forcejeo y que uno de ellos lo puso contra la pared para revisarlo, mientras que los otros iniciaron una requisa. “Me tenían esposado y me mostraban bolsitas que no eran mías”. Además de esas “bolsitas”, los policías incautaron herramientas de albañilería en una bolsa negra, que llevaron a la comisaría para justificar el allanamiento sin orden judicial previa.

Una vez que Héctor y su mujer fueron trasladados a la comisaría, el fiscal y el comisario de turno les mostraron todo lo incautado. Reconocieron todo excepto las “bolsitas”, que posteriormente se comprobó que contenían pequeñas dosis de cocaína. Agregaron que habían recibido “aprietes” en ocasiones anteriores por parte de distintos efectivos y que ya estaban “cansados”. Entonces, se decidió tomarles una declaración que le dio un giro a la causa: el testimonio de la pareja dio el pie para que se realizara un allanamiento en la comisaría, ya que había que encontrar la explicación de dónde provenían esos estupefacientes.

El entonces jefe de Calle y uno de los imputados, Damián Carrizo, dio su versión del allanamiento en un acta junto a sus cuatro compañeros. Sostuvo que entró a la casa de Montero porque “estaban persiguiendo a un sujeto armado que habían visto desde el patrullero” y que cuando ingresaron a la vivienda “se encontraron con las bolsas de estupefacientes y los elementos para su posterior comercialización”. Pero estos elementos para cortar y diseccionar no se hallaron en la comisaría, lo que complicó aún más la situación de los agentes: el 6 de marzo fueron apartados de las fuerzas de seguridad y alojados en el penal de Ezeiza con prisión preventiva a la espera del juicio oral, que llegaría un año y siete meses después.

La fiscal de que llevó adelante la causa, Marina Rocovich, sostuvo durante los alegatos que los imputados “han afirmado una falsedad en perjuicio de los dueños de la casa. Hubo un plan, hubo una división de tareas y una apropiación de los elementos de albañilería para intentar justificar”. La defensa, en tanto, alegó que “los efectivos actuaron de oficio porque estaban persiguiendo a un sujeto armado” y que “en los allanamientos de urgencia, como este caso, no es necesaria una orden judicial previa”. Sin embargo, esto no se pudo demostrar a lo largo del juicio. Es por ello que, por unanimidad, el Tribunal los encontró responsables de haber perpetrado un allanamiento ilegal, junto con la tenencia ilegal de estupefacientes para “plantarlos” en la requisa y de haber adulterado un acta pública para el posterior armado de una causa.

Antes de escuchar el veredicto y la sentencia, los cinco acusados rezaban para no tener que volver al penal de Ezeiza, donde están alojados desde marzo de 2013. “Allí, donde estoy con degenerados y delincuentes”, dijo Damián Carrizo en la audiencia de las últimas palabras de los acusados. “Hijos de la gran puta”, murmuró, entre lágrimas, la esposa de Carrizo mientras escuchaba la sentencia. “Tranqui, por ahí les dan la domiciliaria a fin de año”, le consoló su madre.

MP-AFD
AUNO-29-10-14

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