Los pueblos originarios y sus derechos

El plebiscito que se realizará en el departamento salteño de Rivadavia para determinar si se les otorgan tierras a sus pobladores ancestrales fue expuesto en un panel como una reiteración de violaciones de los derechos de los pueblos originarios a pesar de que la Constitución Nacional los protege.

Por Valeria Charkot

(AUNO-TERCER SECTOR*) La Constitución Nacional establece cuáles son los derechos de los pueblos originarios que el Estado debe proteger. Pero para los especialistas, hoy en nuestro país existe una clara violación de esos derechos porque las leyes no se cumplen. Así quedó expuesto a lo largo del encuentro organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)y la Defensoría del Pueblo en el que se discutió sobre el rol del Estado Nacional y los gobiernos provinciales con relación a los derechos indígenas.
El testimonio de los miembros de la comunidad diaguita de Tucumán reflejó una problemática que es común a todos los pueblos originarios de la Argentina: la falta del respeto a la especificidad cultural desde las legislaciones vigentes y el reclamo del reconocimiento territorial ancestral. “Somos 14 comunidades quilmes que nos reunimos cerca de las ruinas de nuestros antepasados para reclamar al Estado que reconozca nuestro territorio con un documento real –describió Delfín Jerónimo, miembro de esa comunidad tucumana-. Además queremos que se reconozca nuestra identidad, que estuvo socavada desde la época de la conquista”.
La reforma constitucional de 1994 incorporó el inciso 17 al artículo 75. Allí “se reconoce a los pueblos originarios como un colectivo de nuestra sociedad –explicó Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales-, y ese colectivo tiene una cultura propia a la que hay que respetar. Mediante este mecanismo los pueblos han sido integrados a la legislación nacional, lo que la antes no estaba contemplado”.
Pero a pesar de que existen medios legales, esos derechos no se ponen en práctica. Así lo refleja el relato de Francisco Pérez, miembro de la Asociación Cajonat, una unión de 40 organizaciones del Chaco salteño que hace 21 años vienen reclamando el título de sus tierras. Pérez explicó que tuvieron que apelar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –con el auspicio del CELS- para “buscar otra forma de seguir trabajando: no podemos hablar con el gobierno porque no está y a veces estoy perdido en este tema. El gobierno no tiene interés en solucionarlo, sólo están presentes cuando llegan las elecciones”, lamentó.
El representante de la organización es uno de los 7 mil pobladores originarios que conviven con criollos en las tierras que pertenecen a cuatro partidos del departamento de Rivadavia. Son comunidades nómades que se dedican a la caza y la recolección y su actividad se superpone con la de los criollos. Este conflicto derivó en un proceso de solución amistosa entre los pobladores de Salta y el gobierno provincial para que los criollos que viven allí sean trasladados a otras zonas; pero éste decidió romper con esa vía y llamar a una consulta popular a todo el pueblo de Rivadavia, para saber si están o no de acuerdo con la entrega de las tierras a los ocupantes actuales de los lotes 55 y 14, que representan el territorio ancestral de la comunidad indígena.
Aunque el poder legislativo municipal aprobó el plebiscito, este caso deja pendiente el debate sobre la legitimidad de que la población blanca decida sobre los destinos de las tierras que forman parte de los derechos ancestrales de los pueblos originarios de la zona.
“Nosotros no queremos las tierras porque somos caprichosos –dijo Pérez-. Son nuestras hace miles de años, los blancos tienen 100 años de historia y sólo hacen daño, no saben cuidar a tierra”, y agregó que “hay que defender la cultura. La caza, la pesca y las artesanías son nuestro trabajo, hacemos trabajos diferentes. Si esto sigue así no vamos a tener material para trabajar y si no nos entregan nuestra porción de tierra vamos a morir”.
Este caso presenta el dilema de cuáles son las competencias de las gobiernos nacional y provincial para hacer cumplir las leyes vigentes. Víctor Abramovich, presidente del CELS precisó que “los derechos de los pueblos originarios están reconocidos en tratados internacionales con jerarquía constitucional, que afectan directamente al Estado federal. Esto no quiere decir que el provincial se desvincule por completo de sus deberes –continuó- pero el gobierno nacional tiene un rol de garante de última instancia en el caso de que el estado provincial no cumpla con sus deberes”.
El inconveniente central, según el titular de la ong, es que “no tenemos una definición de una estrategia a seguir –expuso Abramovich-, estamos en presencia de una falta de claridad en las obligaciones del Estado nacional y provincial. Hay una gran ausencia de políticas públicas por parte de los gobiernos, sólo la apelación a tribunales internacionales obliga al estado federal a tratar estos temas”.
El lugar del Estado estuvo ocupado por Horacio Esber, de la Defensoría del Pueblo, que funciona como vínculo entre los pueblos originarios y la Nación. “Creo que existen los mecanismos para reconstruir ese proceso de desarticulación en materia económica, social y política, que acosa a los pueblos aborígenes –opinó-. Como institución de la Constitución Nacional nos propusimos un desafío que aspira a desarrollar mecanismos que aboguen por el resurgimiento de la identidad indígena”.
En la conferencia el CELS presentó su informe anual ‘Derechos Humanos en la Argentina: el Estado a espaldas de la problemática indígena’, en donde se da cuenta de los casos de violaciones que sufren los diferentes colectivos originarios y advierte que “si en Argentina existe una profunda y grave deuda en cuanto al ejercicio real de los derechos reconocidos, sería oportuno preguntarse, si el obstáculo para ello es una falta de legislación o una insuficiente voluntad política para encarar una política federal en la materia”.
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