Los intendentes de la provincia de Buenos Aires formalizaron hoy su adhesión al Fondo Federal Solidario, medida que les permitirá disponer del 9 por ciento de los ingresos procedentes de las exportaciones de soja y sus derivados, dinero que hasta la semana pasada era concentrado en las arcas nacionales.
En un acto que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, los jefes comunales y la presidenta Cristina Fernández firmaron convenios de adhesión al instrumento creado por el Ejecutivo nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado el jueves pasado.
“Son fondos que estábamos esperando”, sostuvo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, al cabo del encuentro y en referencia a los montos que estarán a disposición de los ejecutivos municipales del sur del Conurbano.
La creación Fondo Federal Solidario implicó la cesión por parte del Gobierno nacional del 30 por ciento del total de los derechos a la exportación a la soja y sus derivados a las provincias y municipios del país, lo que significará la redistribución de un monto aproximado de 6.520 millones de pesos.
En el encuentro, la Presidenta apuntó que se trata de fondos que “se coparticipan por primera vez” en la historia del país.
Para el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que fue uno de los que encabezó la reunión, se trata de una decisión de “mucha importancia estratégica”.
Las provincias que adhirieron al instrumento recibirán el 21 por ciento de los montos generados por las exportaciones sojeras, en tanto que el 9 por ciento restante irá dirigido a los municipios.
Según el decreto 126 –el tercero de necesidad y urgencia que firma Fernández de Kirchner desde que asumió el mando del país—los fondos deberán ser destinados a infraestructura social, como la construcción de escuelas, abastecimiento de agua corriente e instalación de cloacas.
La Presidenta anunció la creación del Fondo Federal Solidario el mismo día en que las entidades agropecuarias que mantienen el sexto día de lock out consecutivo en rechazo a esa medida.
La coparticipación de los montos generados al Estado a través de los derechos aduaneros aplicados a la venta de granos a otros países fue uno de los pedidos de las corporaciones agropecuarias durante los primeros momentos del conflicto, durante 2008.
Sin embargo, ese punto terminó siendo excluido del reclamo de la Mesa de Enlace, que en la actualidad exige la derogación total de las retenciones y la transferencia de la cifra que el impuesto implica —18 mil millones de pesos– a sus manos.
AMB-AFD
AUNO-26-03-09
locales@auno.org.ar
