La sombra de una firma

A partir de un pedido de datos del gobierno bonaerense, se descubrió que 30 cadáveres NN hallados en el cementerio de Cañuelas podrían pertenecer a víctimas de la represión ilegal. Quien hace 33 años constató las causales de las muertes fue el secretario de Gobierno municipal, por entonces médico de la policía bonaerense. Lo reveló un periódico zonal.

Una investigación elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia determinó que entre 1974 y 1983 fueron inhumados 30 cuerpos registrados como NN en el cementerio público del partido de Cañuelas, entre los que se pudo identificar a cinco personas incineradas el 12 de junio de 1976 presuntamente por un comando militar. Según se constató, las actas de defunción del registro de inhumaciones fueron firmadas por el actual secretario de Gobierno distrital, por entonces médico legista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los datos que revelaron el origen de esos hechos fueron solicitados por un equipo de antropólogos forenses de la subsecretaría en 2006 con el objetivo de establecer cuántos cuerpos depositados en el osario público sin identidad corresponden a víctimas de la última dictadura.

Una de las hipótesis que refuerza la teoría de que los cuerpos serían de personas desaparecidas durante el proceso militar se debe a que el libro de inhumaciones indica que las muertes fueron producto de diferentes hechos traumáticos o violentos.

AUNO tuvo acceso a las imágenes que evidencian esta hipótesis y que fueron publicadas por el periódico cañuelense “El Ciudadano”. En ellas no sólo consta el nombre del secretario de Gobierno local, Salvador Egitto, constatando las causas de defunción sino que también precisa la fecha en la que fue registrado el cuerpo, al que en buena parte de los casos no figura ningún nombre, es decir que son NN. (ver fotos)

Tal como se puede observar en las fotografías, en las actas consta que las defunciones fueron producto de “decapitación”, “traumatismo”, “estallido” y “aplastamiento” de cráneo, “calcinación”, “insuficiencia cardiaca”, “herida de bala”, “parto prematuro”, “muerte materna”, “hemorragia aguda”, “desnutrición”, “deshidratación” y “atrofia muscular”, es decir, signos de muertes traumáticas propias de la represión ilegal.

Además, según la investigación del periódico, se puede leer entre líneas que de los 30 cuerpos registrados sin identidad, dos fueron inscriptos en 1974, dos en 1975, diez en 1976, cuatro en 1977, dos en 1979, tres en 1980, uno en 1981, tres en 1982, y otros tres en 1983.

Los argumentos citados para deducir que algunos de los 30 cuerpos serían de desaparecidos asesinados y arrojados en esa zona, luego de un tiempo de cautiverio en un centro clandestino de detención, se basan en que entre 1974 y 1975 hay sólo dos cuerpos sin identidad enterrados en el cementerio municipal mientras que en 1976 la cifra asciende “llamativamente a 10 casos anuales y las pocas edades detalladas en las actas oscilan entre los 25 y los 50 años”, reveló Germán Hergenrether, periodista del “Ciudadano”.

En diálogo con AUNO, el autor de la investigación confirmó que “la mayoría de los certificados de defunción fueron firmados por “el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cañuelas”, Egitto.

A partir de la publicación de esas imágenes, ese medio de comunicación recibió una carta documento del funcionario en la que criticó cualquier vínculo que se le pudiera hacer respecto de una supuesta participación en la guerra sucia.

En ese texto, el secretario arguye que la nota es “maliciosa y tendenciosa” y sostiene: “Me asignan un conocimiento de hechos que va más allá de la función que prestaba como médico de policía, no se encontraba dentro de mis obligaciones laborales. Ellas se circunscribían, sintéticamente, a cumplir con el requerimiento que se me efectuaba mediante el oficio judicial, de establecer las causales del deceso y demás elementos que surjan de la pericia”.

Esa declaración fue contestada por el semanario públicamente excusando que el medio sólo se limitó a referenciar un hecho documentado “objetivo e innegable”, puesto que Egitto era un funcionario policial.

Esta agencia intentó comunicarse con el funcionario, pero sus voceros argumentaron que “estaba enfermo” y que no asistiría a sus tareas “hasta el lunes”. Tampoco se pudo establecer una comunicación con el jefe comunal, Gustavo Arrieta.

Por su parte, los cañuelense esperan que la investigación iniciada por la Subsecretaría de Derechos Humanos sirva para identificar a más personas desaparecidas en el ámbito de la dictadura y esclarecer los hechos de represión que ocurrieron en los grandes centro urbanos y también en los pequeños pueblos de la provincia.

AAF-AFD
AUNO-15-05-09
locales@auno.org.ar

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