La infancia sigue sin protección

A días de conocerse que unos 20 mil niños y adolescentes se encuentran privados de su libertad en institutos de menores, y que el 84 por ciento no lo está por causas delictivas, el diputado nacional Emilio García Méndez instó al Gobierno a implementar cuanto antes la Ley de Protección Integral de la Infancia, que prohíbe su institucionalización por cuestiones asistenciales. La norma fue reglamentada a fines de año pasado, pero todavía no se aplica.

(AUNO-Tercer Sector*) Luego del informe que reveló que ser un niño pobre y nacer por caso en la provincia de Buenos Aires son argumentos suficientes para que un juez resuelva su encierro en un instituto de menores, el diputado nacional Emilio García Méndez* se pregunta qué espera el Gobierno para implementar en todo el país la Ley de Protección Integral de la Infancia y a su vez impulsar un régimen especial de penas para menores de edad, antes de que “sea demasiado tarde y sea Blumberg quien haga la reforma”, advirtió.
En una entrevista realizada en su casa de Almagro, el legislador reconoció como “un gran avance” conocer que unos 20 mil niños y adolescentes están privados de su libertad en internados, y que en un 84.8 por ciento de los casos sea por causas asistenciales derivadas de una situación de carencia económica, aunque criticó duramente al Gobierno nacional por “colocarse en una postura de denuncia propia de las organizaciones de la sociedad civil ”. “Es muy fácil decir ‘miren lo que pasa, miren qué terrible es la situación de esos chicos’, pero ¿y ahora qué?”, se preguntó.
El estudio realizado por UNICEF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación descubren la contradicción con lo que la ley dicta, ya sea el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, que en Argentina tiene rango constitucional desde 1994, o la Ley de Protección Integral de la Infancia que fue sancionada y reglamentada a fines del año pasado en reemplazo de la Ley de Patronato, norma a partir de la cual la Justicia se arrogó durante más de ocho décadas la potestad de “proteger” a los niños y adolescentes en situación de pobreza o maltrato resolviendo la separación de su familia y su traslado a reformatorios.
“El 84 por ciento de menores de edad que están aislados por cuestiones asistenciales no deberían estar en los internados si se implementara esta ley que prohíbe expresamente la privación de libertad como una forma de protección”, sostuvo García Méndez, quien también es especialista en Derecho Penal Juvenil.
-¿ Qué es lo que arguye el Estado para dilatar la implementación de la ley 26061? – La situación es clara. La ley se reglamentó en todos los aspectos que no había que reglamentar y en los aspectos que sí era necesario, no se hizo. La no reglamentación seria de la norma se refiere a la vocación y persistencia de seguir manteniendo feudos de poder dentro de la Justicia y en segundo lugar, refleja la decisión de mantener un manejo discrecional de las políticas sociales en relación a la infancia.
-¿ Cuáles son esos aspectos que decidió no reglamentar el Ejecutivo? – Por ejemplo, la ley deroga el Consejo Nacional del Menor pero en la promulgación se decidió extender la vigencia de este cadáver insepulto que cada día huele peor. Esto retarda la creación del Concejo Federal – uno de los puntos más importantes de la norma- que permitirá institucionalizar las políticas de defensa del niño a partir de un trabajo entre todas las provincias desde un pie de igualdad. Entonces, lo que se escribe con una mano se borra con el codo.
Entre pausas para encender su habano y convidar un mate amargo a la cronista, García Méndez puso énfasis en remarcar la necesidad de formular un régimen especial de penalidades para los menores de edad. “Hay que promover una ley de responsabilidad penal juvenil que asegure a los chicos que se encuentran supuestamente en conflicto con la ley, el derecho al debido proceso”.
– ¿ Están las condiciones políticas para tratar un tema de tal envergadura, y en especial, luego de que el ministro de Justicia dejara en claro que no habría cambios en materia penal al menos por este año? – No he visto ninguna iniciativa que cuente con el apoyo explícito del Ejecutivo, pero en ambas cámaras del Congreso transitan diversos proyectos con estados parlamentarios que, prácticamente, cubren a todo el arco político y que son la base para la creación de un sistema especial. Hay que tratar esto antes de que sea demasiado tarde, antes de que venga (Juan Carlos) Blumberg y haga él la reforma. Hoy hay posibilidades de dar este debate porque prima la razón y la sensatez.
Una de esas iniciativas es de su autoría y en ella se establece un régimen de responsabilidad penal que alcanza a los menores de entre 14 y 18 años y a su vez, determina un sistema de penas de acuerdo a la categoría del delito. Para los niños acusados de cometer delitos como robo, se prevé la realización por parte del joven de trabajo comunitario. En cambio, para aquellos que cometieran delitos de mayor gravedad como homicidio o secuestro extorsivo, que según el legislador no llegan al 10 por ciento de los casos, prevé una pena de 3 años para los menores de 14 y 15 años y se amplía a 5 para los jóvenes de entre 16 y 17 años.
En este punto, el legislador fue claro y taxativo ante las posibles reacciones que puede generar la propuesta. “Propongo un sistema que sea severo pero justo. Severidad significa que la ley preverá privación de libertad en los términos de la Convención (de los Derechos del Niño) como medida excepcional y como último recurso para delitos graves que están establecidos, claramente, en el proyecto”.
Mientras revisa el informe de Unicef, García Méndez repudia las cifras de niños encerrados en provincias como Buenos Aires, que encabeza el ranking de la vergüenza con casi nueve mil niños, y de Misiones, que registra casi 1400 chicos en el sistema, pero también rescató la situación de la provincia de San Luis que tiene sólo ocho chicos institucionalizados. “Llama la atención los números desproporcionados en Misiones donde no hay que ser muy suspicaz para darse cuenta de que la privación de libertad se usa como una forma de política reforzada para los niños pobres. En el otro extremo, está San Luis que decidió ofrecer protección sin criminalizar la pobreza”.
– ¿Se puede combatir el problema de la pobreza y la desigualdad social con la Ley de Protección a la Infancia?
-No, es necesario acompañarla con un régimen de asignaciones universales para la primera edad. Este es un proyecto que impulsamos desde el Ari, pero creo que no es una varita mágica o condición suficiente para nada. Sí es condición imprescindible para todo. Debemos combatir los males principales de la política social que van en contra de la universalidad: discrecionalidad, corrupción, clientelismo y como consecuencia de estos tres, ineficacia.
-¿El acercamiento de las elecciones presidenciales puede condicionar a la dirigencia política a dar un giro en materia de política social.? – Este problema no es de sólo de los dirigentes sino de la sociedad que vota este tipo de gobiernos. Esto tiene que ver con la actitud de no querer enterarse. Que alguien haga el trabajo sucio y yo, como sociedad, prefiero mirar para otro lado.
– Entonces para usted la sociedad tiene una cuota de responsabilidad con la realidad que viven 20 mil chicos. – Hay una enorme cuota de responsabilidad social, pero lo que es más vergonzoso es que algunos lucran con la protección de los niños pobres. Ahí, es el Estado el que tiene que ejercer su enorme poder . Así como lo ejerce con el tema de la carne, debería tener la voluntad política de fiscalizar un área mucho más oscura y estratégica de la vida de un país.
-Otro de los puntos del informe da cuenta de que entre el 50 y 60 por ciento de los presos menores de edad pasaron por institutos. ¿Esto debilita el argumento de que la inseguridad se combate con mano dura?
-Utilizar la privación de libertad para delitos graves tiene que ver con la necesidad de evitar la justicia por mano propia. Cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad da respuestas brutales como en la provincia de Buenos Aires con los linchamientos. De lo que se trata es de conectar a la gente con su responsabilidad. La experiencia muestra que este país tuvo tantos problemas con la represión ilegal que ahora se dificulta establecer un discurso articulado para establecer una represión legal. Hoy el sector progresista tiene problemas de interpelar al adolescente como un sujeto responsable, pero no tiene inconvenientes de interpelarlo como loco, enfermo o enemigo y anularlo privándolo de la libertad.
-¿ Qué posibilidades hay de que en el corto plazo se debata en el Congreso alguno de los proyectos de régimen penal para menores de edad? – Voy a contestar con una frase dicha por el ex ministro de Economía de Brasil, Pedro Malan. Cuando los periodistas le preguntaban sobre las variaciones en la inflación, él decía: “mire señor, ni el pasado es previsible, imagínese el futuro”.

*Emilio García Méndez es diputado nacional por el Ari. Preside la Fundación Sur, una entidad dedicada a brindar asistencia jurídica a menores de edad, y es presidente de la comisión de Infancia del Colegio Públicos de Abogados de la Capital Federal. En el Congreso, participa de las comisiones legislativas de Derechos Humanos y Garantías, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación Penal.

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Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector

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