Involucran a los municipios en la atención de casos de violencia familiar

El subsecretario de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, Sebastián Gastelú, aseguró que el objetivo del área en la nueva etapa de gestión es “articular políticas públicas” entre la provincia y los municipios. El eje del trabajo del organismo apunta a atender los casos de violencia intrafamiliar, que constituyen el 50 por ciento de las denuncias. El funcionario reconoció la falta de contralor sobre el dinero para programas.

Carla Perelló

Lomas de Zamora, junio 9 (AUNO).- El 50 por ciento de los casos de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes están vinculados con la violencia, de acuerdo con el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (Reuna) de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese alarmante dato, el gobierno bonaerense “unificará organismos provinciales y municipales” que trabajan en minoridad “para la creación de protocolos únicos de articulación y de trabajo”, sostuvo en una entrevista con AUNO el subsecretario de la flamante Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense, Sebastián Gastelú.

La reflexión del funcionario se halla dentro de los objetivos de la Secretaría, que tiene rango ministerial, fue creada por la nueva gestión bonaerense hace seis meses y está a cargo de Pablo Navarro.

Según el registro, la mayoría de los casos de violencia corresponden a episodios de violencia intrafamiliar, que incluyen maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia en términos de descuido o falta de acompañamiento a los hijos (ver aparte).

Gastelú destacó que en este tiempo se obtuvieron algunas mejoras, como la baja en la cantidad de chicos institucionalizados. Aun así, concluyó en la necesidad de generar articulación entre provincia, municipios e instituciones. Y estimó plausible la modificación de leyes para ir hacia un sistema “más transparente”. (Ver Los números)

El organismo cuenta con un presupuesto de 6 millones de pesos anuales para ejecutar en los 135 municipios y es la autoridad de aplicación de las dos normas vigentes en la materia: las 13.298, de promoción y protección de los derechos del niño. y la13.634, de responsabilidad penal juvenil.

El funcionario además respondió al cuestionamiento de hogares y centros de día de la provincia que reclamaron por atrasos o falta de pagos de subsidios y becas

¿Hay nuevos objetivos de trabajo para con las instituciones? – No, no ha cambiado en forma radical nuestra visión. Trabajamos como lo hicimos históricamente. Reivindicamos el trabajo de los municipios porque hay algunos que tienen sus propios dispositivos convivenciales y programáticos que la provincia acompaña, al igual que a las asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro. Son organizaciones que nacieron para trabajar en esta temática, independientemente del financiamiento. Nosotros como Estado, por supuesto las reivindicamos, son parte de la política pública de niñez.

¿Cuál es la situación de los hogares y centros de día? – No están del todo regularizados, por eso queremos normatizar todo. Venimos de un Estado ausente. Ahora queremos darle transparencia a las organizaciones para poder tener un mayor registro de las intervenciones que hacen, porque a veces nos encontramos con instituciones que no actúan de acuerdo con la ley.

-* ¿Qué es y cómo funciona el Fondo de Fortalecimiento de Políticas Sociales?* – Es un monto de dinero que garantiza la ley 13.298 que se transfiere mensualmente a los 135 municipios y hay un sistema de presentación de proyectos. Un 50 por ciento se destina a la política social directa; el otro 50 es para políticas públicas, que son salarios, principalmente. Aparece en las cuentas municipales y, desde ahí, pueden atender situaciones de emergencia.

– *Sin embargo, hay casos en los que no se cumple. Según el Servicio Zonal de Lomas de Zamora, ese 50 por ciento no tiene destino en esas políticas. * – La verdad, el servicio Zonal depende de nosotros y a mí nunca me hicieron el planteo. No conozco en calidad de qué lo podrían haber dicho ni en qué contexto…Y, en el caso de Lomas, hay un equipo conformado, el tribunal de cuentas no ha hecho ninguna observación que, además, históricamente en la provincia, está conformado por la oposición. Nunca hizo una observación en referencia a la utilización de esos fondos para otros destinos…

¿Se puede rastrear el rumbo del dinero y evitar esta situación? – Siempre es posible hacer algo más efectivo. Como Secretaría, lo que pretendemos es individualizar el destino de los fondos. Hay que modificar la ley y eso va a llevar un tiempo, queremos estudiarla bien. Consideramos que, si la modificamos, podemos avanzar hacia un sistema más transparente en el que no haya dudas sobre cómo se ejecutan los fondos. Creo que se utilizan bien, pero es una ley generosa, los intendentes pueden utilizarlo libremente.

– *Entonces, hay que mejorar… ¿Cómo podría optimizarse el sistema? * – El secreto para que las cosas funcionen mejor es articular mejor las políticas públicas, no creo que haga falta una determinada cantidad de programas.

¿A qué se refiere con “articular políticas públicas”? Suena similar al planteo de los referentes de hogares y centros de día. – Lo que no se logra es la traducción territorial. Vamos a trabajar con Unicef para tratar el tema de la violencia entendida en todas sus formas. Nos parece que esa punta puede unificar a todos los organismos, provinciales y municipales, en un trabajo territorial concreto que permitirá la creación de protocolos únicos de articulación y de trabajo. Esos son los objetivos que vamos a trabajar a lo largo del año.

¿A través de medidas económicas? – La responsabilidad de Estado no se agota en transferir una partida económica, la idea es saber si la institución cumple con la ley. A veces el Estado es medio tonto, medio bobo en eso, por eso defendemos la posibilidad de que sean los municipios los que estén a cargo, porque son los que están cerca del barrio.

¿Por qué la provincia no lo puede hacer? – La provincia es una entelequia para un vecino de Villa Fiorito. Por eso, todas las lógicas de los programas van hacia la microgestión, no cabe la posibilidad de que la provincia sea responsable de todo.

¿Por qué hubo retrasos en el pago de las becas? – El retraso tuvo que ver con este cambio de estructura que, obviamente, nos impactó en la parte administrativa, porque se creó una Dirección General de Administración, que no teníamos. Eso implicó un retraso del primer y segundo bimestre, logramos ya pagar el primero y el segundo estará en los próximos días. El tercero ya está en liquidación.

¿Hay un aumento de los fondos? – A partir del segundo bimestre. Se trata de un aumento histórico del 40 por ciento en el monto de las becas. Afectó a todos los prestadores que tenemos. Porque además de los hogares y centros de día, trabajamos con proveedores tercerizados de salud: centros para discapacitados, clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas. Somos el único organismo en la provincia de Buenos Aires que interna a personas con patologías crónicas, no lo hacen el sector de salud ni de adicciones.

CP-EV

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