(AUNO-TERCER SECTOR*) El proyecto de ley de Acceso a la Información Pública impulsado por varias organizaciones civiles sería tratado en el Senado de la Nación antes de terminar el período de sesiones ordinarias de este año, a fin de que no pierda estado parlamentario.
Ante esta situación, medios de comunicación, ONGs y especialistas incidieron en el dinamismo que cobró el tema en los últimos días. Varios senadores reconocieron la importancia de la cuestión pero aconsejan pulir algunos detalles.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta el área cabecera del tratamiento, Cristina de Kirchner, comprometió la emisión de un dictamen antes de fin de año y anticipó: “Vamos a hacer un proyecto mejor”. Estas posturas garantizan la vigencia de la propuesta pero vaticinan la extensión de su derrotero administrativo en despachos del Congreso.
Aunque el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo fue elaborado por un equipo de académicos, ONGs, jueces, legisladores, funcionarios y empresarios, quienes, convocados a tal efecto por la Oficina Anticorrupción (OA), redactaron el documento “Requisitos mínimos para una ley de Acceso a la Información”. El armado de la ley concluyó en 2001 y estuvo a cargo de una comisión de expertos y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.
En diálogo con AUNO-Tercer Sector, el titular se ese área, Nicolás Raigorodsky destacó que “lo fundamental” de la ley es que “se establece el principio de publicidad: toda información en poder del Estado es pública”. Y remarcó que “desde lo técnico es un texto que alcanza todos los estándares internacionales en la materia” sobre la base de legislación comparada con pactos y convenciones.
Puntualmente, la ley habilita a todos los ciudadanos a pedir información sobre cualquier tema que estuviese en manos del Estado, sin siquiera ser necesario explicar el por qué de su interés. La solicitud debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 30 días.
Aunque el proyecto no especifica la antigüedad de la información que se puede suministrar, marca un plazo de 10 años “#8220;con posibilidad de prorrogarse hasta 30- para la desclasificación de información secreta. La iniciativa prevé el sistema de tachas, es decir que a un documento podrá suprimírsele algún dato de carácter reservado. Y entre las excepciones hace referencia a razones de seguridad nacional, aquellas que pongan en peligro al sistema financiero o una vida.
En la Cámara baja le agregaron detalles sobre “#732;legitimación pasiva”#8482;, es decir que se precisaron cuáles serán los organismos que tienen la obligación de entregar datos. Eugenia Braguinsky, responsable del tema en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), opinó que pese a las modificaciones, “el espíritu del proyecto original es el mismo. Apoyamos lo que se votó en Diputados, aunque entendemos que es perfectible sólo en cuestiones mínimas”.
Uno de los referentes del tema, el presidente de Poder Ciudadano, Mario Rejtman Farah, evaluó que “el hecho de que la senadora Kirchner se haya comprometido a impulsar el proyecto es una buena señal. Pero hasta que no esté el dictamen, no se puede saber cuáles serán las modificaciones”.
Actualmente, el proyecto está en una etapa de reuniones informativas en las que especialistas del sector social, entidades periodísticas y funcionarios opinan sobre las virtudes y objeciones del texto. El último encuentro, previo al dictamen anunciado, será el 7 de septiembre.
“Muy pocas veces el Congreso contó con un proyecto que tiene tanto consenso anticipado. Entendemos que hay coyunturas políticas que a veces tienen más lugar, pero este tema es fundamental para la construcción de instituciones más fuertes”, enfatizó Braguinsky.
Rejtman se refirió a otro aspecto de la misma necesidad recordando que “en nuestro país, la íntima relación que ha existido entre “#732;corrupción y secreto”#8482; es un hecho incontrovertible e históricamente probado. Por lo tanto el secreto de Estado debiera ser algo excepcionalísimo”. Y en el mismo sentido, Raigorodsky concluyó: “Algunos funcionarios piensan que la información es del Estado y no tienen por qué dársela a los ciudadanos. Y los ciudadanos ven al Estado como una caja oscura en donde no se puede pedir información. Lo que esta legislación permite es empezar a cambiar esa cultura para que la gente ejerza con mucha más fuerza sus derechos”.
El proyecto de Acceso a la Información cuenta con media sanción de Diputados desde mayo de 2003 y en ese mismo mes había sido enviado al Senado, donde permanece desde entonces. La cuenta regresiva culminará el próximo 30 de noviembre.
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