En Lanús comenzó a aplicarse la nueva ley de minoridad

La nueva ley sobre la materia se aprobó en 2006. Su aplicación requiere dotar de infraestructura al Poder Judicial y a los municipios y por eso tardó en aplicarse. La norma prevé audiencias orales y el derecho de los niños a ser oídos, entre otros cambios.

Lanús y Quilmes fueron los primeros municipios del conurbano bonaerense en aplicar la nueva ley bonaerense sobre el menor, que contempla cambios en el sistema de minoridad y familia.

Además de esos distritos, también comenzó a ponerse en práctica en Mar del Plata, Olavarría, Tres Arroyos y Pergamino.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial, se explicó que “la novedosa legislación” tendría que haber comenzado a aplicarse en diciembre pasado y que ello esa tardanza se habría debido a que la gestión de Daniel Scioli habría decidido realizar una puesta en marcha “gradual”.

De ese modo, el actual esquema que es objeto de numerosas críticas y cuestionamientos, además de caracterizarse por un colapso de la mayoría de los tribunales de familia de la Provincia comenzó a darle paso al nuevo sistema que comienza con un fuerte consenso.

La ley de Minoridad fue aprobada por la Legislatura a fines de diciembre del año 2006, pero recién ahora comenzará a aplicarse, en aquellos municipios que ya cuentan con infraestructura para ese cometido, informó a la agencia Auno un vocero de la Municipalidad de Lanús.

Entre los cambios que requiere su aplicación global se destacan, entre otros, que el Poder Judicial debe crear 35 juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil de primera instancia, 43 juzgados de Garantías del Joven y 88 cargos de agentes fiscales y defensores oficiales distribuidos en los departamentos judiciales.

El Poder Judicial además tiene que transformar los actuales tribunales de Familia en juzgados unipersonales de Familia, donde se desempeñará un consejero, un médico psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social.

Para los casos de los menores que ahora son tutelados por el Estado bonaerense por razones asistenciales (pobreza, problemas familiares y abandono, entre otros motivos), ya no intervendrá la Justicia, y de su asistencia deberán ocuparse los municipios, que tendrán que crear las dependencias correspondientes y disponer de edificios y personal especializado.

Los cambios en el fuero de Familia, además de la transformación de los tribunales en juzgados, prevén audiencias orales, el derecho de los niños a ser oídos y a que se tenga en cuenta su palabra, entre otros cambios.

jp-hrc

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