Denuncian que la ley antiterrorista “legitima la represión a la protesta social”

Así lo definieron organizaciones sociales de Lomas de Zamora, que debatieron sobre la legislación contra el “terrorismo” recientemente aprobada por el Congreso. Lo hicieron junto con familiares de la AMIA y de la Correpi.

Miembros de distintas organizaciones sociales y vecinos de Lomas de Zamora se reunieron para debatir los alcances de una legislación contra el “terrorismo” sancionada el mes pasado por el Congreso nacional y coincidieron en que esa legislación se trata de “una herramienta de represión de las movilizaciones populares”.

El encuentro tuvo lugar en el centro cultural La Toma, en la estación de trenes lomense, fue organizado por la Multisectorial Chau Pozo y reunió hasta vecinos con la intención de discutir la importancia de esa norma. “La ley concretaría una herramienta legal y represiva del Estado para criminalizar, perseguir y judicializar la protesta”, explicó Martín Alderete, miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) Sur, durante la charla.

“Si una señora que está en la cooperadora del colegio de su hijo, un colegio cualquiera de Buenos Aires, sale a protestar porque el establecimiento se quedó sin gas, puede ser considerada terrorista”, fue la sintética definición de Nora López Tomé, representante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

La ley devino de un proyecto presentado por el kirchnerismo a principio de año, tras una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que “aconsejó” a la Argentina votar “antes del 23 de junio” una legislación contra el terrorismo para que el país no fuera considerado “no confiable para inversiones”.

“Mientras por un lado se hace un encuentro ‘revolucionario’ con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por el otro se da un guiño claro de que Argentina no está sacando los pies del plato. Es el mismo doble discurso que utilizaron con respecto al pago de la deuda externa”, analizó López Tomé en clara alusión al Gobierno nacional.

El resultado de esa exigencia fue el proyecto de la ley 26268 que incorpora las figuras legales “asociaciones ilícitas terroristas” y “financiación del terrorismo”.

López Tomé señaló otro de los aspectos colaterales de la presentación del proyecto: “Es evidente que el Estado vislumbra que las protestas van a aumentar como consecuencia de las desigualdades que vive la sociedad argentina, y esta ley es una forma de ir preparando las herramientas para enfrentar las luchas populares cuando sea momento”.

“El eje de lo que se entendía por terrorismo estaba dado por actos que tuvieran como objetivo la muerte indiscriminada de civiles que no formaran parte de un conflicto armado o la destrucción de bienes públicos o privados. En cambio, esta ley ni siquiera respeta ese eje, sino que directamente da la libertad de interpretación a los jueces” respecto del uso de esa figura, comparó Alderete.

Es así que, en sintonía con la “lucha contra el terrorismo” llevada adelante por Estados Unidos, Argentina contará con una ley que, según interpretaron durante la charla, señala como “terroristas a personas que sólo están protestando por alguna injusticia”.

Retrospectivamente, “es difícil tratar explicar el sentido de esta ley porque todas las porquerías que han hecho en Argentina y en Latinoamérica se hicieron sin ley”, argumentó con cierta ironía Sergio “Cherco” Smietniansky, miembro de Chau Pozo.

El otro proyecto sobre el que se debatió durante el encuentro fue el de la legislación sobre genocidio: “Los diputados están por sancionar una ley a través de la que se puede culpar por matanzas masivas a cualquiera, menos al Estado. Esto sí que es una novedad argentina”, ironizó Pablo, miembro de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

“Las matanzas de este orden, como las que sucedieron en la Embajada de Israel, en la AMIA y en la fábrica de armamentos que volaron en (Río Cuarto) Córdoba, son posibles sólo de la mano de las fuerzas del aparato del Estado, con fuerza militar”, explicó.

Además, la charla contó con la presencia de un ex preso político peruano, que prefirió reservar su identidad y estuvo encarcelado en su país durante 12 años tras haber sido juzgado y condenado por “realizar actividades terroristas”, según la causa.

“Fui incriminado simplemente por ser estudiante universitario, lo que para ellos era sinónimo de terrorista”, comenzó el hombre para luego finalizar con un consejo: “Hay que reaccionar, no podemos esperar que la sangre llegue al río”.

FG-AFD
AUNO-15-08-07
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