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VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Comenzó el juicio por el caso Bulacio, 22 años después

Un comisario de la Policía Federal, principal acusado por la muerte del adolescente ocurrida hace 22 años tras un recital de Los Redondos, llega al juicio oral y público, acusado de privación ilegal de la libertad.

Caso Bulacio

Lomas de Zamora, septiembre 234 (AUNO) A Walter lo mató la Policía. Así gritaba el piberío que tomó las calles para pedir justicia para el ricotero de Aldo Bonzi. Así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinó que el joven Bulacio “fue detenido por la policía de manera ilegal y arbitraria dentro de un operativo de razzia”. Así lo reconoció el Estado argentino, que sólo se limitó a la reparación material de la familia. Así fue,
pero, en 22 años, el único que cayó preso fue Walter Bulacio.

“Circulen, circulen. No paren. Circulen que si paran los llevamos”, desafiaban los policías con su cachiporras en la puerta del estadio Obras Sanitarias. Cumplieron. El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio se subió a un micro escolar alquilado que lo llevó de Bonzi a Núñez. La liturgia ricotera se dirigía a Obras con un par de rocanroles atragantados y condiciones físicas ideales para el pogo. Antes, el pibe de 17 años se había despedido de su abuela María Ramona Armas. Con la sonrisa de la foto, le mangueó unos australes para la entrada. Tal vez ese día también escribió una poesía. Walter era un poeta que se bancaba ser tildado de “romántico” por la barriada de La Matanza.

En la puerta de Obras el ambiente estaba pesado. A los recitales de Los Redonditos de Ricota los envolvía una lógica de violencia poco fundada. A Walter lo levantó la razzia organizada por el titular de la comisaría 35ª, Miguel Ángel Espósito, antes de que empezara el show. Bulacio fue a parar a la Sala de Menores de esa dependencia, junto a otros diez pibes, tan pibes como él.

Para la madrugada del 20 de abril ya no eran once los chicos detenidos. Eran tres. El resto ya estaba en sus casas previo tirón de orejas de sus padres. En la mañana de ese sábado, Bulacio fue trasladado en una ambulancia del CIPEC al Pirovano, desde donde lo derivaron al Fernández porque no funcionaba el tomógrafo. Fue a parar al hospital porque esa madrugada lo molieron a palos. Antes de dejar la comisaría, uno de los pibes estampó un mensaje de birome gastada en la celda de la Sala de Menores, acompañado de los nombres de los detenidos: “Caímos por estar parados. 19/4/91”.

Cuando se enteraron de lo que pasó, los padres fueron a buscar a Walter a la comisaría, donde les informaron que su pibe estaba internado. La justificación: “Su hijo estaba borracho y drogado”. Cuando finalmente lo encontraron, Víctor Bulacio le preguntó a su hijo si le habían pegado. Como pudo, Walter dijo “sí”. El domingo 21, el adolescente fue trasladado de urgencia
al sanatorio Mitre, donde ingresó con golpes en la cabeza y en todo el cuerpo.
Aguantó una semana y el 26 de abril murió. Lo mató un policía.

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David Vivas, de 15 años, y Javier Alarcón, de 21, fueron asesinados el 3 de marzo de este año en Quilmes por un policía de la Bonaerense. El efectivo salía de trabajar en un destacamento cercano por una calle de tierra sin veredas. Por ahí también circulaba un grupo de pibes que volvía de bailar en un boliche de la zona. Los chicos caminaban despacio; el comisario estaba
apurado y les tiró el auto encima. Los pibes le pidieron que parara y uno tuvo la “osadía” de patearle el guardabarros. El oficial tomó su pistola calibre 45 y disparó directo a la cabeza a uno de los chicos, y a la espalda de otros dos. Mató a David y Javier e hirió a un tercero en el hombro. Está preso en la dependencia policial de Pilar, con prisión preventiva imputado por
doble homicidio: dos hechos consumados y uno en grado de tentativa. A Walter lo
mató un Policía, a David y Javier también.

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A la entrada del Plan de Convertibilidad, Menem comía pizza con champán y la militancia se había dispersado decepcionada. El Muro de Berlín se caía: era el fin de las ideologías. Todos oían el grito de dolor de María Soledad: a la catamarqueña la habían matado los hijos del poder. En el país agitado, a Walter lo mató un policía. Y la clase media urbana se sintió tocada: “Le podría haber pasado a mi hijo. O al mío…”. La foto, siempre la misma, el plano
medio inclinado de un Walter de sonrisa tímida, permaneció inamovible en las tapas de los diarios por varios meses.

Había más: las torturas en democracia dolían. Por eso no sorprendió que días después de su muerte, miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes de clase media porteña, salieran a la calle a pedir justicia por el asesinato de Walter.

En una época de orfandad política, los pibes marchaban por las calles cantando temas de los Redondos o el ahora clásico: “Yo sabía, que a Walter lo mató la Policía”.
A la cabeza de las convocatorias estaba Víctor, el papá de Walter, que quebrado por el dolor sufrió fuertes depresiones hasta que en 2000 murió sin ver condenados a los responsables de la muerte de su hijo.

María Ramona se convirtió en una abuela luchadora. Acompañó a su hijo a cada una de las marchas y, a pesar de los achaques de la edad, luchó para que la causa nunca prescribiera. La edad ya no la deja hacer demasiado. La posta judicial la tomó una hermana del joven de Aldo Bonzi. Tamara tiene 20 años: nunca conoció a Walter.

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Diego Damián Salto, de 21 años, fue asesinado el 18 de noviembre de 2012 en Villa Tropezón, San Martín. Un policía bonaerense de una comisaría de Tres de Febrero había ido a la villa a comprar drogas, y lo habían engañado. Volvió al día siguiente, confundió a Diego con uno de los “soldados” que buscaba, y le disparó. Luego argumentó que le quisieron robar dinero y una computadora.

El 27 de julio de este año, después de protagonizar un “raid delictivo”, robó un auto, asaltó un quiosco, un puesto de diarios y se tiroteó con la policía, murió. A Walter lo mató un policía, a Diego también.

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Pasaron 22 años: Walter estuvo más tiempo preso que el principal imputado por su asesinato, que apenas pasó dos horas demorado en una comisaría. El 24 de septiembre empieza un juicio que “llega tarde, mal e incompleto”, según María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio e integrante de Correpi, la Coordinadora contra la represión policial e institucional, una organización que nació como respuesta al asesinato de Bulacio.

Desde que en 1996 terminó la etapa de instrucción, la defensa de Espósito usó todas sus herramientas para dilatar los plazos del juicio. A pesar de los intentos de lograr una instancia conciliatoria entre el Estado y la familia, tuvo que intervenir un tribunal superior: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta Corte condenó al Estado argentino en septiembre de 2003 y ordenó el juicio y castigo
a todos los responsables y la rectificación en relación al esquema de detenciones arbitrarias. El Estado cumplió con el pago de indemnizaciones asumiendo su responsabilidad ante el asesinato del adolescente, pero la Justicia jamás avanzó en las sanciones penales.

Recién en 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a los gobernadores
que derogaran los edictos policiales y normas locales que dan vía libre para privar
de la libertad a una persona sin orden judicial y exoneró de la Federal al principal imputado:
Espósito.

“El eje que pusimos en la discusión internacional de la causa fue la cuestión de las detenciones arbitrarias que es el meollo de la cuestión, porque sin detención arbitraria Walter no hubiese estado en esa comisaría”, sentenció Verdú.

El caso, que fue enmarcado como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible,
llevará al banquillo al ex oficial Espósito, que permaneció en la Federal hasta que se jubiló, en 1995. No es todo: el efectivo acusado de detención ilegal, torturas y muerte siguió trabajando como docente en la Escuela de Cadetes Ramón Falcón, según afirmó Verdú.

En este juicio “incompleto” se lo acusa por la privación ilegal de la libertad del joven. Un delito que tiene una pena de hasta seis años. Si se lo acusara por torturas seguidas de muerte la pena sería de cadena perpetua.

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Darío Gabriel Galarza, de 19 años, fue asesinado el 26 de mayo pasado, en Formosa. Un grupo de jóvenes estaba en la puerta de la comisaría reclamando la libertad de un amigo detenido por averiguación de antecedentes. La policía disparó contra ellos para dispersarlos, y
Darío recibió un balazo en el tórax. Hay cuatro efectivos investigados por homicidio agravado, todos en libertad. A Walter lo mató un policía, a Darío también.

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En los ruegos histéricos por mayor seguridad está ausente el reclamo para que se termine con el gatillo fácil. Los carteles variopintos de las grandes movilizaciones de hoy tienen todo tipo de consignas, pero no están las fotos de David, Darío, Diego o Javier. Tampoco la de Walter.

“El sector de clase media que se queja por la inseguridad, que es el burgués asustado, quiere orden y no quiere saber cómo se mantiene ese orden. Tampoco quiere que la sangre que hace falta derramar para que él mantenga su privilegio le manche los zapatitos”, enfatizó Verdú.

El 24 de septiembre comienza el juicio oral y público en el que se acusa a Espósito por la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio. Advertencia: pase lo que pase, no se hará Justicia.

AUNO 24-09-13 AFD EV

Nota publicada en la revista El Cruce de septiembre.

Echeverría

Trabajadores del Hospital Santamarina lograron un acuerdo con el Municipio

Fue en una reunión con los secretarios municipales de Salud y Gobierno. La negociación, a la que se llegó luego de que el personal del hospital tomara la Secretaría de Salud, continuará el viernes.

Santamarina

Lomas de Zamora, 23 de septiembre (AUNO).- Luego de que semanas atrás el personal del hospital Santamarina nucleado en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echveverría (Stmee) tomara la Secretaría de Salud municipal, dirigentes de ese gremio se reunieron el viernes con funcionarios comunales y acordaron arreglos en baños y quirófanos, un 20% de aumento para el personal de enfermería y la revisión de sumarios.

Por parte de la comuna, de la negociación participaron la secretaria de Gobierno, Fabiana Bertino, y el secretario de Salud, Mariano Altabhe, quien según aseguraron desde el Stmee, “hace un año no tenía contacto con los trabajadores” del área que administra.

En diálogo con AUNO, desde el sindicato que agrupa a los trabajadores municipales se mostraron “conformes con los resultados de la reunión” y adelantaron que mantendrán otra mesa de negociación con los funcionarios “el viernes próximo”.

El titular del Stmee, Adrián Gouín, le señaló a esta agencia que en el encuentro se acordó “ejecutar obras en zonas críticas del hospital, como los baños, los quirófanos y las áreas de trabajo de los empleados” y además “se obtuvo un aumento de sueldo del 20% para los trabajadores del área de enfermería”.

Otro de los acuerdos subrayados por Gouín fue el compromiso de los funcionarios de “revisar la situación de los empleados sumariados”, que según el dirigente “en muchos casos fueron investigados por reclamar por sus derechos y los del hospital”.

Gouín celebró que haya “un canal abierto” con Altabhe después de “un año” de “no poder dialogar” con el responsable de la Salud en Echeverría, pero lamentó que los trabajadores hayan tenido que ocupar la Secretaría de Salud para alcanzar una reunión con los funcionarios.

“Hemos tenido que tomar la Secretaría de Salud porque no obteníamos ninguna respuesta”, aseguró el titular del gremio que el martes 10 ocupó durante varias horas estas oficinas del área, ubicadas en el Palacio Municipal.

Luego de esa medida de fuerza, los trabajadores nucleados en el Stmee lograron pautar la reunión que se concretó el último viernes y continuará el viernes próximo con el objetivo de poner en condiciones dignas al único hospital que tienen los más de 300 mil echeverrianos.

AUNO 23-09-13
JJR-AG

Riachuelo

Acumar entregó terrenos a curtiembres para armar un parque industrial

Será en el predio de la Asociación de Curtiembre de Buenos Aires, de donde fueron desalojadas en 2009 las familias que allí vivían. Dentro del sector planificado se construirá una planta de tratamiento de efluentes industriales.

Riachuelo

Lanús, 23 de septiembre (AUNO).- La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) entregó hoy los primeros terrenos a 22 curtiembres para que se instalen en un predio que será un Parque Industrial Curtidor en Lanús. En 2009, la Justicia había ordenado desalojar a las familias que vivían ahí y evitar que fueran arrojados allí residuos contaminantes.

El comodato firmado por las autoridades del ente interjurisdiccional a cargo del saneamiento de la cuenca es por 99 años, plazo en el cual las empresas deberán construir sus plantas en cinco naves del parque, que tendrá unos 75 mil metros cuadrados de superficie.

Además, está prevista la construcción de una planta de tratamiento para los efluentes de las curtiembres gracias al “financiamiento internacional que está pronto a ser conseguido”, anunció el titular de Acumar, Juan José Mussi.

Con esa obra, que ocupará unos 22 mil metros cuadrados y tendrá una capacidad operativa de 6 mil metros cúbicos por día, se proponen eliminar el cromo, los sulfuros y los residuos orgánicos que genera el tratamiento del cuero y son vertidos al Riachuelo.

Las familias desalojadas del predio de la Asociación de Curtiembres de Buenos Aires (Acuba) serán relocalizadas en barrios que están siendo construidos en antiguas instalaciones de Fabricaciones Militares y Vialidad Nacional, dentro del mismo distrito.

Al respecto de la futura construcción del parque industrial, el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, afirmó que “históricamente el distrito estuvo asociado al trabajo de las curtiembres, con lo bueno y lo malo que eso implica”.

Unas 1.400 personas trabajan en las empresas de ese rubro radicadas en el partido del sur que, con la construcción del parque industrial, dejarían de verter altas cantidades de residuos contaminantes y se adecuarán así a las normas ambientales vigentes.

AUNO 23-09-13
PT-AG

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