Casi 6 mil familias de Zona Sur en emergencia habitacional

La mayoría vive en el 17 de Noviembre, un barrio ejemplo de cómo las tomas se volvieron frecuentes desde 2001, a la par del crecimiento de las villas. Según especialistas, hay dos soluciones que el Estado podría dar: erradicarlas y construir viviendas o urbanizarlas como están. La carencia de tierra y viviendas no es nueva. Tampoco la represión a quienes las ocupan.

Más de 3500 familias en el barrio 17 de Noviembre, unas 1500 en Santa Catalina, otras 600 en Los Pinos, 180 más en 14 de Febrero y 60 en Villa Diamante: botones de muestra de la crisis habitacional en Lomas de Zamora, Almirante Brown y Lanús. Aunque el fenómeno comenzó en el siglo pasado, la cantidad de tomas de tierra creció notablemente en los últimos años, así como también la población que las habita. Desde 2001 a 2006 la cantidad de villas y de asentamientos en el Conurbano bonaerense se duplicó: pasó de 376 a 796. Y desde 1981 a 2006, se triplicó la cantidad de población dentro de los asentamientos: pasó de 290 mil a casi 940 mil, según una investigación realizada por Info-Hábitat.

Las caras de la moneda no hacen otra cosa que multiplicarse. Según Omar Varela, investigador e integrante de Info-Hábitat, un equipo de profesionales la Universidad de General Sarmiento, las causas de ese crecimiento deben buscarse en la especulación inmobiliaria: “Si hay necesidad de tierra, el precio de la tierra aumenta”, graficó a AUNO. Como resultado de esto, miles de familias no pueden acceder a una vivienda a través del mercado formal y tienen que organizarse para buscar un lugar donde vivir.

Esto significa que, además del incremento de la cantidad de barrios en condiciones precarias y la ocupación de terrenos negados, se da un crecimiento al interior de los asentamientos que “resulta explosivo respecto del conjunto de la ciudad”, según el historiador y arquitecto Adrián Gorelik. En otras palabras: la informalidad es la principal forma de crecimiento poblacional. Según el estudio, de cada 100 habitantes, 60 se ubican en asentamientos informales y 40 en la ciudad “formal”.

Para Gorelik, hay en este caso una variable que tiene que ver con las expectativas y proyecciones de los habitantes de las villas y asentamientos. Porque, si antes eran “lugares de transición, una puerta de entrada a la ciudad”, hoy son “un espacios de consolidación y de llegada”. En este contexto, es de esperar que “los interesados tengan demandas insatisfechas y pidan cosas puntuales. No piensan en soluciones”.

A nivel internacional, otro de los motivos de la crisis habitacional es el crecimiento poblacional de las ciudades y su incapacidad para receptar a la cada vez más creciente cantidad de gente, que acaba sumida en el desempleo y en una “degradación de sus condiciones de vida”. Mientras tanto, en la Argentina, “hace 50 años que no hay una acción importante de gobierno para terminar con esta problemática y lo que predominan son soluciones falsas”, afirmó Varela. (Ver “Un problema del siglo pasado”)

ALGO MÁS QUE UN TECHO

Según el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la vivienda no es sinónimo de “tener un tejado por encima de la cabeza”. Más bien es “vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. El derecho a la vivienda digna está contemplado también en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entonces, y para ejemplificar, ¿cuál sería la solución para que las familias de Santa Catalina, 17 de Noviembre, Los Pinos, 14 de Febrero y Lanús puedan gozar de “una vida en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”? Gorelik opina con una pregunta y –lateralmente– arriesga una respuesta: “¿Qué políticas puede haber? La sociedad argentina, incluyendo los políticos, ha decidido no abordar este problema. Prefiere hablar de inseguridad cuando hay camadas de jóvenes que no tienen acceso a la educación y al trabajo”.

Haría falta entonces una “visión de conjunto” y un “mejoramiento de las condiciones sociales” para pensar en soluciones, según él. Y las hay de dos tipos en América Latina: “La erradicación y la alternativa culturalista”. La primera consiste en reemplazar con urbanizaciones adecuadas y viviendas los lugares de marginalidad, mientras que la segunda sería urbanizar la villa, explicó el arquitecto. No obstante, “no hay recetas, sino que se trata de articular un conjunto de políticas”.

Haciendo hincapié en el aspecto legislativo, para Varela el eje de la discusión es cuál es el derecho más importante, “a la propiedad o a la vivienda”. Según el investigador, es preciso “rescatar leyes para expropiar la propiedad privada y desactivar la especulación con impuestos a los baldíos”, esas tierras desocupadas de gente “que se sienta a esperar que el precio suba”. Finalmente, “habría que eliminar la usurpación como delito en nuestro país”, para que la praxis judicial vaya acorde a los estándares internacionales.

LOS DESALOJOS: PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD

Ocho heridos de bala en Lanús como consecuencia de la represión policial, en medio del reclamo por el desalojo de un terreno a orillas del Riachuelo. Dos bebés con principio de ahogo y un hombre herido de bala en un corte por el reclamo de otro predio en Lomas de Zamora.

Sobre la repetición de sucesos como estos, Varela denunció: “Tenemos una tradición muy represiva en las fuerzas del orden. Según la reglamentación vigente, los desalojos deben ser organizados, notificados a los habitantes con anterioridad, y proveer de los medios para el traslado a otro lugar donde vivir. Mucho de esto no sucede”.

Según Gorelik “no se puede reprimir una toma cuando el mercado de tierras está cerrado”. Sobre todo, cuando pareciera que la “vida en seguridad, paz y dignidad en alguna parte” más que un derecho es un privilegio que lejos está de abarcar a todos.

MDY-AFD
AUNO-29-05-09
locales@auno.org.ar

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