Lomas de Zamora, septiembre 8 (AUNO).- Luego de la feroz represión del viernes durante el final de la multitudinaria marcha por la aparición de Santiago Maldonado, la causa empezó a orientarse hacia los indicios más fuertes que hay alrededor de la hipótesis de la “desaparición forzada” a manos de la Gendarmería con la participación de funcionarios del gobierno nacional.
El lunes, el cotejo de ADN de la sangre del puestero de la estancia de Luciano Benetton, en Chubut, con las muestras tomadas a la familia Maldonado arrojó un resultado negativo, lo cual hizo caer así la principal hipótesis en la que se apoyaba el Gobierno para desligarse de la desaparición. Ese mismo día, el presidente Mauricio Macri afirmó que su Gabinete trabaja “a destajo para intentar ver qué es lo que pasó”, y aseguró que están “colaborando con la Justicia todo lo posible”. Este fue el primer gesto público de preocupación de Macri después de 38 días sin saber qué pasó con el joven artesano.
Un día después, dos testigos clave revelaron ante Guido Otranto, titular del Juzgado Federal de Esquel, que Santiago Maldonado fue detenido, golpeado y trasladado por gendarmes hacia un destino que aún no se conoce. Las testimoniales pusieron en alerta al Gobierno y Macri envió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a la ciudad de Esquel para mostrar públicamente un apoyo a la investigación.
Por la tarde, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, le pidió al Presidente que “deje de bancar lo imbancable”. En el marco de una conferencia de prensa junto con representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y de organismos de derechos humanos, la abogada de la familia, Verónica Heredia, criticó el rumbo que tomó la investigación, en especial por los tardíos allanamientos en los sospechados escuadrones de Gendarmería, realizados 10 días después de la represión.
El miércoles puede ser señalado como el día del giro (al menos) discursivo del Gobierno. Luego de que a la Casa Rosada llegaran los resultados de una encuesta y de un estudio de focus group con la indicación de que el 60 por ciento de la sociedad tiene suficiente información sobre Maldonado, y que la mitad responsabiliza al Poder Ejecutivo por la desaparición, Avruj admitió públicamente que la hipótesis “más fuerte” apunta hacia la Gendarmería. No obstante, se encargó de aclarar que “no existe encubrimiento del Gobierno”.
Tras este giro, el fiscal federal Federico Delgado abrió una causa para determinar si hubo encubrimiento por parte del Gobierno e imputó al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Justicia, Germán Garavano; y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. También al director de Gendarmería, Gerardo Otero; y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, quien estuvo en Esquel el día de la represión.
De hecho, el cimbronazo más importante para Cambiemos fue cuando el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, al ser interpelado por la Legislatura provincial, confirmó que Nocetti, diseñó el operativo represivo de Gendarmería que derivó en la desaparición de Maldonado. Esto puso en tela de juicio a Bullrich, quien en varias oportunidades había desligado la participación de Nocetti en el caso.
En las horas posteriores se revelaron presuntas “irregularidades” en el procedimiento de Gendarmería, como la falta de la grabación completa del operativo y la posible eliminación de pruebas con el lavado de las camionetas utilizadas en el operativo. Este último dato fue aportado por el defensor público Jorge Machado, uno de los funcionarios a cargo de la búsqueda de Maldonado.
En medio del vendaval, Garavano puso en evidencia sus diferencias con Bullrich al asegurar este jueves que no ponía “las manos en el fuego por nadie”, dejando en claro que las hipótesis que responsabilizaban de la desaparición a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el escape a Chile, y otras teorías, parecieran estar descartadas. Gendarmería quedó en la mira.
En conferencia de prensa, la familia de Maldonado informó que la fiscal del caso, Silvina Ávila, sólo trabaja en una sola línea de investigación: la desaparición forzada a manos de la Gendarmería. La abogada Heredia reveló que los libros de Gendarmería estaban “adulterados” y detalló que había hojas pegadas con cinta scotch, y cambiados algunos nombres, fechas, armas y móviles.
Hoy un grupo de agentes de Prefectura comenzó a rastrillar la zona aledaña al río Chubut por órdenes del juez Otranto. El objetivo es encontrar rastros que demuestren si Maldonado fue herido o muerto a la vera del río, luego de un hipotético ataque de gendarmes que perseguían a los manifestantes que el 1 de agosto cortaron la ruta 40 para apoyar el reclamo mapuche del Lof en resistencia de Cushamen.
En medio de este contexto político, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue increpada por trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y recomendó “no meterse en el barro” de quienes quieren utilizar “políticamente el tema”.
La semana cerró con una protesta de diversas organizaciones sociales que reclamaron por la aparición con vida de Maldonado frente a la sede de Gendarmería. Este hecho visibiliza el desprestigio de la fuerza de seguridad en esta última semana, marcada por el direccionamiento de la causa hacia el lugar que más incomoda al Gobierno, la “desaparición forzada”.
RN-AFD
AUNO-08-09-17
