Lomas de Zamora, noviembre 14 (AUNO).- Son las 3 del 15 de noviembre de 2018. Es una noche fresca en el barrio de Transradio. En el Destacamento 9 de Abril un cuartelero se ocupa de la vigilia mientras el resto de los bomberos duerme en el primer piso. Alguien golpea la reja. Es un policía del edificio contiguo, la comisaría N°3: uno de los calabozos está ardiendo con 12 personas adentro.
En ese momento en la comisaría había 26 detenidos: 12 en el calabozo 1, donde estaba el fuego, 9 en el 2 y 5 en el “buzón”. Luego de un conflicto entre los presos y el personal policial, uno de los internos decide protestar de una forma ya conocida en el sistema penal argentino: incendiando colchones.
Para cuando los bomberos llegan desde el destacamento, las lenguas de fuego salen por las rejas del primer calabozo. Una vez que logran controlar las llamas y el humo negro de la gomaespuma comienza a disiparse, ven con claridad la escena: dos hombres se encuentran metidos en el diminuto baño, a sus pies yace uno de sus compañeros de celda, muerto; en el extremo derecho se encuentra el resto, que al no poder entrar al baño fue rodeado por las llamas. Casi todos se encuentran inconscientes por la inhalación prolongada del humo. Entre medio de ambos grupos se encuentra una última figura. Sentado en un banco, está en cuclillas y con la cabeza cubierta con las manos. Es el segundo muerto de la noche.
Solo cuando el fuego pudo controlarse los policías deciden abrir las rejas del recinto. Tres de los diez hombres que aún viven pueden salir de la comisaría por sus propios medios. Al resto lo sacan a rastras. A uno de los fallecidos lo alzan para sacarlo y lo encadenan en el patio: todavía no saben que ha muerto. Al resto lo trasladan hacia hospitales cercanos, primero en patrulleros, después en ambulancias. A los presos de los calabozos 2 y “buzón” no se los libera. Permanecen varias horas sin asistencia médica a pesar de que presentan dificultades para respirar como consecuencia de estar expuestos a los humos tóxicos del incendio.
A las muertes de Eduardo Rogelio Ocampo (60) y de Jorge Luis Ramírez (30), se suman en ese mismo día las de Jeremías Rodríguez (19) y Juan Bautista Lavarda (59). Un día después mueren Elías Soto (20) y Miguel Ángel Sánchez (31). El domingo 18, Juan Carlos Fernández (31). Al día siguiente Walter Barrios (21). Ocho días después le sigue Carlos Ariel Corvera (25). Por último, luego de casi un mes internado en estado crítico, el 11 de diciembre le toca a Martín Argüello. Tenía 33 años. De los doce hombres que vivían confinados en ese calabozo desde hacía meses, sólo sobrevivieron Blas Javier Vera Martínez y Rodrigo Leonel Ozuna. Esta es la mayor masacre en una comisaría de la historia argentina.
Diez muertos en un comisaría que tenía capacidad para diez personas. Diez muertos en una comisaría que tenía seis órdenes judiciales de clausura que datan desde 2011. Diez muertos en un comisaría que no cumplía con ninguna de las condiciones básicas de seguridad e higiene.
Casi un año después, un bombero rememora la tragedia: “Nos marcó mucho, hubo compañeros que se quebraron, un chico nuevo tuvo que salir a vomitar. ¿Sabés lo que es ver diez tipos quemados ahí?, no te dan las manos para ayudarlos a todos”.
Todo preso es político
La masacre de Pergamino en 2017, con siete muertos en condiciones similares a las de los fallecidos en Camino de Cintura, debió sonar las alarmas dentro de la provincia sobre las condiciones de hacinamiento. No fue así. A poco pasado el año de la que ostentaba ser la mayor masacre en un comisaría, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que prefería “a los delincuentes amontonados que liberados”. La masacre de Transradio ocurrió seis meses después.
En mayo de 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó un informe sobre el episodio. No es solo un relevamiento sino también una radiografía de la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema penal.
Desde 2013 hay un crecimiento sostenido de detenidos en comisarías: de 894 en 2012 a 4.052 en 2018. En medio de esta alza, el gobierno provincial dictó en 2014 el decreto 220, que rehabilitó los calabozos clausurados por el Poder Ejecutivo en 2011 e institucionalizó la tendencia a alojar personas en dependencias policiales más allá del límite legal de 48 horas.
La situación se agravó aún más durante la gestión de María Eugenia Vidal. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018 hubo un crecimiento del 121 por ciento en la cantidad de detenidos en las comisarías. También, una sobrepoblación del 297 por ciento: había lugar para 1021 personas, pero los detenidos eran más de 4 mil.
“Ni respiración había”
“Había 12 detenidos cuando el lugar era como mucho para cuatro. Se turnaban para dormir y muchos lo hacían amontonados en el piso. Después está el tema de las bolsas con basura. Se las retiraban solo el día que tenían visita para que nosotros no veamos eso.” Matilde Rojas fue testigo de las condiciones deplorables en las que vivían su hijo, Elías Soto, y el resto de los presos.
“No tenían luz, se la pasaban ellos (los policías) con un alargue y cuando se les ocurría la cortaban. Lo mismo con el agua; por eso les llevábamos bidones. No tenían colchones ignífugos, usaban los que les llevábamos las familias”, detalla.
La señora Rojas es la primera en llegar a la comisaría tras lo ocurrido. Se entera de casualidad. Mientras tanto, el resto de los familiares de las víctimas se entera a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En un principio el personal policial se niega a brindarle información a Matilde sobre el paradero y el estado de su hijo. Intercede el abogado de Elías y consigue que le digan en qué hospital se encuentra y el estado salud: es grave. Fallece al día siguiente producto de las heridas.
Mariel es la única miembro de su familia que ve las condiciones en que vive su hermano, Carlos Corvera. Dentro de la comisaría el contacto con familiares y allegados es muy limitado. Solo pueden pasar mujeres, los miércoles, y todas en la misma franja horaria. Como consecuencia, los ya abarrotados presos tienen que hablar con sus familiares y parejas en espacios sin privacidad. Mariel y su hermano lo hacen en el pasillo que une los calabozos con la puerta de entrada. “Él me decía que se sentía un poco más libre estando en el pasillo. Ni respiración había ahí (en la celda)”, recuerda la mujer.
“Hablábamos de nuestra familia, de sus proyectos con su hija, mis padres y hermanos”, agrega. No deja en ningún momento de remarcar los malos tratos que su hermano recibía: “Había un oficial, no recuerdo bien su apellido, que les tiraba agua a los pibes y consumía drogas también. Ése era el más verdugo”.
Carlos se encontraba detenido luego de un episodio confuso. De acuerdo a la versión de la hermana, estaba caminando una noche en estado de ebriedad cuando tropezó y cayó sobre el alambrado de una casa a pocos metros de la suya. El vecino avisó a la Policía y lo acusó de intentar robar la cortadora de pasto que estaba en el patio. Como ya tenía antecedentes marchó preso. Su estadía en la comisaría —en prisión preventiva— iba a llegar a su fin pocos días después del incendio. El Tribunal de Lomas le otorgó la excarcelación mientras agonizaba en el hospital Gandulfo. Murió el 27 de noviembre como un hombre libre.
Culpar a los muertos
Una vez que se conoce la magnitud de la masacre, el Ministerio de Seguridad provincial insiste en que fue un intento de motín. En su defensa alude a un video grabado por uno de los policías en el que se ve a un detenido limando uno de los barrotes del calabozo. De acuerdo a esta versión, dos presos estaban intentando forzar una reja para escapar, lo que derivó en un enfrentamiento con los uniformados y el posterior incendio de los colchones.
La versión de los sobrevivientes, respaldada por la CPM, niega cualquier intento de fuga. El conflicto surge luego de que el personal policial corta el suministro de electricidad en el calabozo 1 ante la negativa de algunos de los detenidos de apagar la música. Es durante el incendio de los colchones que los internos se dan cuenta de algo que les costará la vida. Además de la luz les cortaron el suministro de agua. Uno de los sobrevivientes lo narra a la CPM:
“Les pedimos que abran la llave que prende la bomba porque no había agua, teníamos un bidón nomás que nos había traído la visita, y tiramos el bidón de agua pero no llegó a apagar, y cuando llegó a la mitad el colchón se cayó y ahí empezó a agarrar las sábanas, las cosas que teníamos colgadas, todos los bolsos colgados en la pared porque no había lugar.”
Una vez que el fuego se expande, la mayoría intenta meterse al baño, único lugar del recinto que no está ardiendo. Se pisan, se suben unos arriba de otros, pero no hay espacio. El humo empieza a enceguecer y quemar las gargantas, las paredes toman temperaturas de más de 100 grados. La mayoría no puede seguir en el baño y pide auxilio con las pocas fuerzas que le quedan. Veinte minutos sin respuestas. Muchos pierden el conocimiento. Comienzan a morir. Finalmente un encargado se acerca y se da cuenta de lo que sucede; sale corriendo hacia el destacamento de bomberos a pedir ayuda.
A inicios de diciembre desafectan al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco. Los cinco policías que estuvieron en la masacre. La razón: “No cumplir con las requisas en el ingreso de familiares de presos y en los calabozos de la comisaría, hecho que permitió que ingresaran limas, cuchillos, encendedores y sustancias psicoactivas”. No se mencionan los 20 minutos en que el calabozo ardió ni tampoco hay un cuestionamiento respecto de la bomba de agua, inhabilitada al momento del incendio. La causa está caratulada actualmente como “incendio, explosión o inundación seguida de muerte”.
El fiscal a cargo, Fernando Semisa, hace poco para continuar con la investigación. La CPM lo acusa de no interesarle el indagar en las causas estructurales. En lugar de eso, prefiere centrarse en las causas directas del incendio, avalando de forma tácita la versión estatal. El fiscal Semisa se negó a responder las preguntas hechas por el redactor referidas a la causa.
El organismo de Derechos Humanos intenta recusarlo. Sin embargo, el juez rechaza el pedido. A pesar de esto, Margarita Jarque, una de las abogadas de la CPM, explica que luego de este intento de recusación, Semisa ha cambiado “el temperamento” y que ahora tiene “una mayor acogida a los planteos” de cómo encarar la investigación.
Desde mitad de año, la CPM está citando a audiencias a comisarios de distintas áreas departamentales y distritales de Esteban Echeverría, así como también a funcionarios de Seguridad bonaerense, encargados de la administración de colchones ignífugos y de los cupos de alojamientos en comisarías, entre otros asuntos. El organismo está tratando de verificar el conocimiento de los funcionarios en relación al estado de clausura de la comisaría. Es un camino largo el que le depara a la investigación y se ha perdido mucho tiempo tratando de culpar a los fallecidos.
Banderas en tu corazón
“Eso no fue una masacre”, comenta con sorna una pareja al paso por la plaza de Monte Grande mientras se aleja de la jornada cultural en homenaje a los fallecidos. En otro sector del predio, una uniformada mira a las murgas que allí se presentan con cara de no comprender.
Luego de la música, llega el momento en que los familiares toman el micrófono para decir una palabras. La que más tiempo habla es Celina Odoñez, madre de Juan Carlos Fernández. Una mujer mayor y retacona. Su voz no tarda en quebrarse al poco de comenzar a hablar: “Nos quitaron un pedazo de nuestra vida”.
Las emociones la hacen titubear. Se siente avergonzada de trabarse tanto: “Quizás no debí haber hablado, soy algo bruta, pero es la impotencia de no ser escuchada por nadie. No somos escuchadas. A nosotros nos tapan. Mi hijo no era un santo, porque si te lo digo te miento. Pero él estaba pagando y no debieron dejarlo morir así”.
Otras de las presentes es Mariel, de mirada torva, a poco de comenzar a hablar su expresión cambia. Se la nota serena pero lo que dice lejos está de llevar tranquilidad: “El juez de la causa nos dijo en la cara que no fue culpa de los policías sino de los detenidos”.
En los rostros de las hermanas y madres de las víctimas están las marcas del dolor y la tragedia, que desde hace un año no las abandonan. La masacre de Transradio es carne en ellas. En cínica contraposición, es difícil ver algún rastro físico en el edificio que todavía indique lo que sucedido allí.
La comisaría actualmente cumple funciones estrictamente administrativas. Se supone que luego de la masacre se han quitado las puertas de reja de los calabozos para imposibilitar el alojamiento de personas. Sin embargo, resulta imposible comprobarlo de forma directa: todos los intentos por parte del cronista por ver personalmente el estado actual de los calabozos ha fracasado por la burocracia policial.
Hace meses que quitaron las empalizadas que protegían a la comisaría de las posibles agresiones de los familiares movidos por la impotencia y la rabia. Ya no se ven las fotos pegadas sobre el hierro opaco que además de protección edilicia servía como mural para recordar a las víctimas.
Si uno se acerca al edificio verá que a los pies de la entrada se encuentra el único recuerdo que aún se mantiene. Cubierta por polvo y basura, yace una placa olvidada que reza: “En memoria de las 10 víctimas de la mayor masacre en comisarías bonaerenses. Verdad y Justicia”.
AUNO-14-11-2019
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