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Presupuesto de género: los números en la mira

Fecha de publicación: 2 junio, 2017

Carla Majdalani, directora de comunicación del Consejo Nacional de las Mujeres, explica cómo el organismo oficial administra el presupuesto dedicado a la lucha contra la violencia de género. El Plan Nacional de tres años, sus puntos fuertes y débiles, y la mirada crítica de Daiana Anadón como representante del Frente de Mujeres del Movimiento Evita la provincia de Buenos Aires.

Presupuesto de género

Lomas de Zamora, junio 02 (AUNO).- El machismo como un problema cultural, multiforme y estructural. Un problema que necesita ser atacado en todas sus aristas detectables para erradicarlo de manera integral. Y que implica un cambio colectivo pero, por sobre todo, una responsabilidad de quienes conducen a ese colectivo.

Quedarse en la demagogia punitiva, en el cartelito del “Ni una menos”, o en el posteo de un dibujo de Liniers, tiene sabor a oportunismo político de año electoral. Por eso el Estado tiene un rol protagónico para establecer qué tan prioritario es afrontar la problemática.

El presupuesto marca un poco este camino. El Congreso lo debate antes de comenzar un nuevo año. Se proponen cifras, disminuyen, aumentan, las discuten. Y en ese juego presupuestario del tire y afloje sobrevuela el enemigo de la violencia machista en todos sus disfraces.

Cuando el monto se define viaja cien metros por la avenida Entre Ríos hasta el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que es el encargado de administrarlo. “Este es el organismo rector de las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, lo presenta la directora nacional de Comunicación del Consejo, Carla Majdalani, en diálogo con AUNO.

Presupuesto

El total asignado por el Congreso contra la violencia de género este año es 163,5 millones de pesos. De esa cantidad se desglosa lo destinado a las políticas públicas del Consejo Nacional – que pasó de recibir 96,5 millones de pesos a 116,5 millones – y lo programado para el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres que es 47 millones de pesos.

“La reglamentación del Presupuesto no salió toda junta, sino en dos etapas”, detalla la directora. Y es que el pasado 11 de enero se publicó en el Boletín Oficial lo asignado al Consejo Nacional y el aumento de 67 millones de pesos que aprobó el Parlamento – los 20 millones de pesos para políticas públicas y los 47 millones de pesos para el Plan de Acción – había sido recortado.


Ante esta situación, “un grupo de organizaciones de la sociedad civil que está muy alerta hizo una presentación judicial. La respuesta fue casi inmediata porque esta partida estaba prevista”, cuenta Majdalani. Fue así que el 2 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la restitución de esos 67 millones de pesos.

De todas maneras, la representante del Frente de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires del Movimiento Evita, Daiana Anadón, puntualiza en diálogo con esta agencia que el dinero asignado “no es un presupuesto digno. Son menos de cinco pesos por mujer y es irreal que con eso puede llevarse a cabo las políticas públicas para erradicar la violencia de género”.

A esta área se destina 116,5 millones de pesos y financia el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, las capacitaciones y jornadas de información, la línea 144 —que es el punto de encuentro para toda persona que se quiera asesorar— y el fortalecimiento de la presencia regional del Consejo a través de las áreas que tratan la problemática.

Estas políticas que se desarrollan a nivel nacional son respaldadas económicamente por el Consejo, que lo distribuye entre las provincias y los municipios. “Hay algunos distritos que tienen sus propios ministerios, secretarías de Estado, o direcciones, que se destinan a políticas de género. En esos casos ellos también les asignan sus propios presupuestos”, detalla Majdalani.

El Plan Nacional de Acción

“El Plan fue validado por más de 50 organismos públicos de los tres poderes del Estado y luego se consultó a distintas fuentes de otros países e incluso se buscó recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la elaboración de planes de acción”, describe Majdalani la elaboración del proyecto.

La iniciativa abarca hasta el 2019 inclusive y los 47 millones de pesos son para lo planificado este año. “A la fecha tenemos realizadas acciones concretas en el 60 por ciento de las medidas”, certifica la funcionaria.

“Tenemos previsto para los próximos tres años la construcción de 36 hogares distribuidos uno por provincia y doce en la provincia de Buenos Aires que tiene 40 por ciento de la población”, detalla. Estos se sumarían a los 87 hogares que ya hay en funcionamiento en todo el país.

En la oposición, Anadón opina que la cantidad de hogares a construir “es escasa ya que no alcanza para abarcar el trabajo territorial que se necesita”, y ejemplifica que ese número de 36 hogares lo plantearía “solamente para una sección de la Provincia, pero nunca a nivel nacional”.

Otro de los puntos críticos hacia el Plan Nacional de Acción tiene que ver con la falta de propuestas de reinserción laboral o subsidio debido a que, como resalta la responsable del Frente de Mujeres Provincial, “sin independencia económica es muy difícil salir de la violencia”.

Majdalani reconoce que “muchas veces las mujeres quedan en relación con el agresor por no tener ingresos propios”. Sin embargo, no incluye en la partida presupuestaria el uso de subsidios, sino “una reinserción laboral a través del ingreso a planes que ya estaban en vigencia”.

“La idea no es solo apalear la situación de emergencia sino pensar para el mediano y largo plazo”, afirma la directora de un proyecto que, para la independencia económica de una mujer en ambiente de violencia, plantea la reinserción laboral a través de planes creados en la gestión anterior y sin la intervención de subsidios.

El marco teórico del Plan Nacional también incluye uno de los tópicos más conflictivos para el Gobierno nacional: el aborto y las 300 mujeres que mueren anualmente por realizarlo de manera ilegal, es decir, insegura.

“Los abortos clandestinos son la primera causa de muerte materna con el 28 por ciento de los casos”, concuerda Majdalani, pero reafirma que la postura del Consejo es “la que establece la Corte” Suprema: que puede realizarse un aborto legal, seguro y gratuito en caso de violación, de abuso de menores, o en el caso de que corra riesgo la vida de la madre.

El Plan contempla un programa de sexualidad integral y forma a profesionales de la salud en el protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo). También insta a las provincias a que adopten protocolos de atención. Sin embargo, la representante del organismo rector, reconoce que esto “no se cumple” debido a la autonomía de cada Gobierno.

Desde el Consejo no creen que “la acción punitiva sirva” para rever la postura de los gobernadores, por lo que eligen “trabajar más en la concientización, tanto de los agentes de salud, como de las autoridades políticas”. Algo que califican como “trabajo de hormiga”.

Más allá de la temática del protocolo para la interrupción del embarazo y su tensión con las provincias, la referente Anadón apunta a que el Plan “tampoco hace ninguna propuesta con respecto a la educación sexual integral” y que “la política del Gobierno fue hacer retroceder los programas de salud y sexualidad en las escuelas”.

Majdalani, por su parte, argumenta que hay una resistencia lógica a los cambios culturales y que la currícula educativa no escapa del contexto. “Muchas veces los docentes son muy duros para esto”, sentencia.

Presente y futuro

“Son frustrantes los tiempos de la sociedad porque los de las víctimas no son los mismos”, declara la representante del organismo estatal. Y es que las principales críticas hacia el presupuesto y su administración parten de la falta de políticas inmediatas por lo que en el Congreso llegó a debatirse la Ley de Emergencia en Violencia de Género.

Majdalani no objetó que se declare la ley, pero si cuestionó que “se pudiera aprobar cuando todavía no se conocía el Plan de Acción” ya que, en caso de aprobarse la emergencia, “se le deberían asignar recursos sin ningún proyecto diagramado y eso es un riesgo”.

“Yo hablo de largo plazo, cambio cultural y a una mujer que hoy sufre violencia le parece chamuyo total”, se sincera la directora. Es por eso que dice trabajar “con los dos niveles: una mirada a largo plazo – que es utópico, que se va corriendo – y con el hoy”.

AUNO 02-06-2017
MLG-AFG

Última modificación: 17 de junio de 2017 a las 11:03
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